Víctimas de DMG piden millonaria indemnización a Supersociedades

Para el próximo 31 de agosto la Procuraduría citó, de manera virtual, a la Superintendencia de Sociedades a una audiencia de conciliación sobre uno de los mayores descalabros financieros de la historia reciente del país: el de la captadora ilegal DMG. Sin embargo, esta vez no es el dueño de esa compañía, David Murcia Guzmán, el que tiene que rendir cuentas, sino que es el Estado mismo. Un grupo de cientos de víctimas de la extinta pirámide demandaron a la Superintendencia por supuestas irregularidades en la liquidadora de la compañía y piden que se le ordene a la entidad pagarles $115.000 millones.

Parte de este dinero, asegura la demanda, salió del patrimonio de DMG para un millonario negocio que finalmente no se finiquitó. Y otra parte, aseguran las víctimas, fue el dinero que dejó de percibir ese gran patrimonio por culpa de posibles malos manejos. El meollo del asunto es que DMG no les ha devuelto el dinero a los miles de personas que pusieron sus ahorros en la empresa, pero todos los activos y cuentas de la captadora ilegal están intervenidos desde hace años por la Superintendencia de Sociedades. Es decir, la plata que la entidad supuestamente perdió les pertenece a particulares que no encontraron otra vía, más que demandar, para protegerla.

Lea también: Falleció Daniel Ángel Rueda, el condenado exrelacionista público de DMG

Luego de la sonada liquidación de DMG en 2008 y de la posterior captura y extradición a Estados Unidos de David Murcia, la Supersociedades nombró como liquidadora a una abogada con una amplia experiencia en estos temas: María Mercedes Perry. En ese momento, la curtida abogada ya había participado de otras millonarias liquidaciones, también muy mediáticas, como la de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y la de la Caja Agraria. Sin embargo, las víctimas de la captadora ilegal reprochan que por su labor el patrimonio que les pertenece se ha visto gravemente disminuido, por cuenta de un negocio ilegal que ya tiene en juicio a dos antiguas fichas de Murcia Guzmán.

Se trata de Juan Carlos Valencia Yepes y Luis Eduardo Gutiérrez Robayo, quienes están en juicio por lavado de activos porque, al parecer, a través de su empresa Guval, compraban inmuebles que en realidad terminaban perteneciendo a Murcia y así, supuestamente, lograron blanquear millones de pesos de la operación ilegal de DMG. Fueron Valencia y Gutiérrez, precisamente, quienes, en nombre de Murcia intentaron comprar tres lotes ubicados al norte de Bogotá, en la carrera 45 con calle 191: Nuevo San Antonio, Las Mercedes y Bihar B. Entre los tres predios suman 60.000 metros cuadrados en una codiciada área de la capital del país, y por poco pasan a ser de Murcia.

Según la demanda, que conoció El Espectador, la captadora ilegal les giró a Valencia y Gutiérrez $28.000 millones para que adquirieran los tres inmuebles. Los predios les pertenecen a Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. y los emisarios de David Murcia negociaron con estas dos compañías para la compra. En junio de 2008 alcanzaron a firmar una promesa de compraventa y hasta a girarles a los vendedores el valor final pactado: $23.000 millones. Sin embargo, nunca se hizo la transferencia de los bienes, con lo cual, en las escrituras, los dueños continuaron siendo Colbank e Inverlópez. Y luego vino todo el escándalo de DMG.

Podría interesarle: Convocan “vaca” para David Murcia Guzmán

La captadora ilegal terminó en proceso de liquidación en cabeza de María Mercedes Perry. Según la demanda, tras todo el descalabro, la liquidadora incluyó estos tres inmuebles en el listado de activos del gran patrimonio de DMG. Por años, aseguran las víctimas, la liquidadora ha pagado de su dinero el impuesto predial, el servicio de vigilancia y hasta servicios de abogados por predios que no les pertenecen. En la demanda dice: “Esta promesa [de compraventa] no se elevó a escritura pública; por lo tanto, estos bienes nunca fueron de propiedad de DMG, como erróneamente lo manifestó la liquidadora de DMG, engañando a acreedores y víctimas”.

Según los demandantes, además, Inverlópez y Colbank le escribieron a la liquidadora desde 2011 manifestándole su deseo de regresar el dinero que había pagado DMG, a través de Valencia y Gutiérrez. No obstante, continúa la demanda, María Mercedes Perry se negó a recibir los $23.000 millones. En su respuesta, dijo que los tres predios ya eran parte del patrimonio que ella administraba, pero en la misma comunicación, aseguran los demandantes, citó a Inverlópez y Colbank para que firmaran las escrituras. Esa reunión nunca se hizo y las firmas no están, con lo cual los bienes continúan, legalmente, en poder de las dos sociedades.

En febrero de 2012, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los tres bienes, como parte de un proceso contra David Murcia. Es decir, Nuevo San Antonio, Las Mercedes y Bihar B no podían venderse, ni transferirse mientras la justicia determinaba que su origen fuera lícito. Pero cinco años más tarde, una oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá corrigió los registros, que calificó de ilegales, porque los bienes no eran de DMG. Con esta actuación, que está en firme, para los demandantes queda del todo claro que los tres predios no hacen parte del patrimonio de la extinta compañía.

Lea también: David Murcia: ¿Por qué deportaron al cerebro de DMG a Colombia?

La justicia ya tiene conocimiento de este caso desde hace años. En julio de 2019, el juzgado 11 civil de Bogotá condenó en primera instancia al holding de DMG, representado por su liquidadora, a pagarle $10.000 millones por perjuicios a los reales dueños del predio Las Mercedes: Colbank. En el fallo se reprochó que Perry no hubiera reconocido la promesa de compraventa, sino que pasó a incluir el inmueble como parte del patrimonio de la compañía, pero la decisión no está en firme todavía. Y, en mayo de 2020, la Superintendencia de Notariado compulsó copias a la Fiscalía pidiéndole que investigue a Perry por falsedad en documento público y fraude procesal.

Consultada por este diario, María Mercedes Perry indicó que se negó a recibir los $23.000 millones en 2011 porque, luego de cuatro años de recibir el pago, Colbank e Inverlópez propusieron devolver el dinero sin intereses. Dijo, además, que en esa decisión la acompañó la Fiscalía, como consta en una resolución de 2014 en la que el ente investigador rechazó esa oferta por considerar que “resulta lesiva para los intereses de las víctimas”. Y señaló que la oficina de registro de instrumentos públicos que levantó las medidas de extinción de dominio está en un incumplimiento flagrante de una orden de la Superintendencia de Sociedades, por lo cual está en trámite una acción legal.

Podría interesarle: La guaca de DMG

La liquidadora Perry dijo que hay un entramado buscando quedarse con estos predios que pertenecen a las víctimas de DMG, pues la compañía ya pagó por ellos. Ahora bien, además de los $28.000 millones que giró DMG, las víctimas reclaman que la Supersociedades reintegre $3.200 millones pagados en vigilancia, impuestos prediales y abogados, y los $10.000 millones de la multa que ordenó la justicia. Y $73 millones más que, supuestamente, habrían percibido si todo el dinero estuviera ganando intereses. Con estas pretensiones llegarán las más de 400 víctimas a la Procuraduría a finales de agosto, buscando primero un acuerdo o, en su defecto, que el lío lo solucione un juez.

Para el próximo 31 de agosto la Procuraduría citó, de manera virtual, a la Superintendencia de Sociedades a una audiencia de conciliación sobre uno de los mayores descalabros financieros de la historia reciente del país: el de la captadora ilegal DMG. Sin embargo, esta vez no es el dueño de esa compañía, David Murcia Guzmán, el que tiene que rendir cuentas, sino que es el Estado mismo. Un grupo de cientos de víctimas de la extinta pirámide demandaron a la Superintendencia por supuestas irregularidades en la liquidadora de la compañía y piden que se le ordene a la entidad pagarles $115.000 millones.

Parte de este dinero, asegura la demanda, salió del patrimonio de DMG para un millonario negocio que finalmente no se finiquitó. Y otra parte, aseguran las víctimas, fue el dinero que dejó de percibir ese gran patrimonio por culpa de posibles malos manejos. El meollo del asunto es que DMG no les ha devuelto el dinero a los miles de personas que pusieron sus ahorros en la empresa, pero todos los activos y cuentas de la captadora ilegal están intervenidos desde hace años por la Superintendencia de Sociedades. Es decir, la plata que la entidad supuestamente perdió les pertenece a particulares que no encontraron otra vía, más que demandar, para protegerla.

Lea también: Falleció Daniel Ángel Rueda, el condenado exrelacionista público de DMG

Luego de la sonada liquidación de DMG en 2008 y de la posterior captura y extradición a Estados Unidos de David Murcia, la Supersociedades nombró como liquidadora a una abogada con una amplia experiencia en estos temas: María Mercedes Perry. En ese momento, la curtida abogada ya había participado de otras millonarias liquidaciones, también muy mediáticas, como la de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y la de la Caja Agraria. Sin embargo, las víctimas de la captadora ilegal reprochan que por su labor el patrimonio que les pertenece se ha visto gravemente disminuido, por cuenta de un negocio ilegal que ya tiene en juicio a dos antiguas fichas de Murcia Guzmán.

Se trata de Juan Carlos Valencia Yepes y Luis Eduardo Gutiérrez Robayo, quienes están en juicio por lavado de activos porque, al parecer, a través de su empresa Guval, compraban inmuebles que en realidad terminaban perteneciendo a Murcia y así, supuestamente, lograron blanquear millones de pesos de la operación ilegal de DMG. Fueron Valencia y Gutiérrez, precisamente, quienes, en nombre de Murcia intentaron comprar tres lotes ubicados al norte de Bogotá, en la carrera 45 con calle 191: Nuevo San Antonio, Las Mercedes y Bihar B. Entre los tres predios suman 60.000 metros cuadrados en una codiciada área de la capital del país, y por poco pasan a ser de Murcia.

Según la demanda, que conoció El Espectador, la captadora ilegal les giró a Valencia y Gutiérrez $28.000 millones para que adquirieran los tres inmuebles. Los predios les pertenecen a Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. y los emisarios de David Murcia negociaron con estas dos compañías para la compra. En junio de 2008 alcanzaron a firmar una promesa de compraventa y hasta a girarles a los vendedores el valor final pactado: $23.000 millones. Sin embargo, nunca se hizo la transferencia de los bienes, con lo cual, en las escrituras, los dueños continuaron siendo Colbank e Inverlópez. Y luego vino todo el escándalo de DMG.

Podría interesarle: Convocan “vaca” para David Murcia Guzmán

La captadora ilegal terminó en proceso de liquidación en cabeza de María Mercedes Perry. Según la demanda, tras todo el descalabro, la liquidadora incluyó estos tres inmuebles en el listado de activos del gran patrimonio de DMG. Por años, aseguran las víctimas, la liquidadora ha pagado de su dinero el impuesto predial, el servicio de vigilancia y hasta servicios de abogados por predios que no les pertenecen. En la demanda dice: “Esta promesa [de compraventa] no se elevó a escritura pública; por lo tanto, estos bienes nunca fueron de propiedad de DMG, como erróneamente lo manifestó la liquidadora de DMG, engañando a acreedores y víctimas”.

Según los demandantes, además, Inverlópez y Colbank le escribieron a la liquidadora desde 2011 manifestándole su deseo de regresar el dinero que había pagado DMG, a través de Valencia y Gutiérrez. No obstante, continúa la demanda, María Mercedes Perry se negó a recibir los $23.000 millones. En su respuesta, dijo que los tres predios ya eran parte del patrimonio que ella administraba, pero en la misma comunicación, aseguran los demandantes, citó a Inverlópez y Colbank para que firmaran las escrituras. Esa reunión nunca se hizo y las firmas no están, con lo cual los bienes continúan, legalmente, en poder de las dos sociedades.

En febrero de 2012, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los tres bienes, como parte de un proceso contra David Murcia. Es decir, Nuevo San Antonio, Las Mercedes y Bihar B no podían venderse, ni transferirse mientras la justicia determinaba que su origen fuera lícito. Pero cinco años más tarde, una oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá corrigió los registros, que calificó de ilegales, porque los bienes no eran de DMG. Con esta actuación, que está en firme, para los demandantes queda del todo claro que los tres predios no hacen parte del patrimonio de la extinta compañía.

Lea también: David Murcia: ¿Por qué deportaron al cerebro de DMG a Colombia?

La justicia ya tiene conocimiento de este caso desde hace años. En julio de 2019, el juzgado 11 civil de Bogotá condenó en primera instancia al holding de DMG, representado por su liquidadora, a pagarle $10.000 millones por perjuicios a los reales dueños del predio Las Mercedes: Colbank. En el fallo se reprochó que Perry no hubiera reconocido la promesa de compraventa, sino que pasó a incluir el inmueble como parte del patrimonio de la compañía, pero la decisión no está en firme todavía. Y, en mayo de 2020, la Superintendencia de Notariado compulsó copias a la Fiscalía pidiéndole que investigue a Perry por falsedad en documento público y fraude procesal.

Consultada por este diario, María Mercedes Perry indicó que se negó a recibir los $23.000 millones en 2011 porque, luego de cuatro años de recibir el pago, Colbank e Inverlópez propusieron devolver el dinero sin intereses. Dijo, además, que en esa decisión la acompañó la Fiscalía, como consta en una resolución de 2014 en la que el ente investigador rechazó esa oferta por considerar que “resulta lesiva para los intereses de las víctimas”. Y señaló que la oficina de registro de instrumentos públicos que levantó las medidas de extinción de dominio está en un incumplimiento flagrante de una orden de la Superintendencia de Sociedades, por lo cual está en trámite una acción legal.

Podría interesarle: La guaca de DMG

La liquidadora Perry dijo que hay un entramado buscando quedarse con estos predios que pertenecen a las víctimas de DMG, pues la compañía ya pagó por ellos. Ahora bien, además de los $28.000 millones que giró DMG, las víctimas reclaman que la Supersociedades reintegre $3.200 millones pagados en vigilancia, impuestos prediales y abogados, y los $10.000 millones de la multa que ordenó la justicia. Y $73 millones más que, supuestamente, habrían percibido si todo el dinero estuviera ganando intereses. Con estas pretensiones llegarán las más de 400 víctimas a la Procuraduría a finales de agosto, buscando primero un acuerdo o, en su defecto, que el lío lo solucione un juez.