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Este viernes se cumplen 30 años de la masacre de La Rochela, una de las tragedias más escabrosas que han marcado a la Rama Judicial. 12 integrantes de una comisión que iba a investigar la desaparición forzada de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, fueron acribillados por un grupo paramilitar y otros tres lograron sobrevivir. Hoy, ante la falta de justicia, los familiares de las víctimas piden a la Jurisdicción Especial para la Paz que asuma el caso.
Así lo explicó Luz Nelly Carvajal, viuda de Yul Germán Monroy Ramírez, quien tenía 28 años cuando fue asesinado. Y la razón es que las investigaciones de la Fiscalía no han permitido encontrar a los determinadores de la matanza. En este caso fue condenado el paramilitar Henry de Jesús Baquero, alias Vladimir; y en septiembre pasado se les archivó la investigación a los generales retirados Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla por su presunta participación en los hechos.
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El caso de La Rochela hace parte de los informes que entregó a la justicia especial el Centro de Memoria Histórica. “El interés es que la JEP estudie la posibilidad de llamar a los militares. Que nos digan la verdad. Tenemos claro que puede darse una condena de cinco años, pero queremos la verdad. Ya, a 30 años, las familias tenemos derecho. Los hijos están reclamando justicia y verdad porque no les hemos podido explicar nunca por qué asesinaron de esa forma tan vil a sus padres”, dijo Carvajal.
Por lo que saben las víctimas, el caso no hace parte de los primeros cinco informes entregados por el Centro de Memoria Histórica que la JEP ya está estudiando. “Hacemos un llamado a la JEP para que lo revise, es un caso especial, en donde el mismo Estado asesina a sus agentes”, señaló. En el 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre y ordenó una serie de medidas que hasta el momento se han cumplido parcialmente.
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Por esa razón y tras el archivo de la investigación a los oficiales, en diciembre pasado, las víctimas entregaron un informe ante la Corte Interamericana. Allí se alega que el estado omitió sus deberes de proteger a la comisión y que no se tuvieron en cuenta testimonios que indicaban que presuntamente los paramilitares trabajan con apoyo de estructuras oficiales. Además, el informe señala que no se han cumplido medidas en materia de salud para las víctimas.
“Las personas que hemos sido amenazadas por querer abanderar esta lucha hemos tenido la desgracia de que el Estado colombiano desconozca la sentencia de la Corte, que haga todo a medias. Hay muchas personas enfermas. Lo más crítico es la salud”, señaló Carvajal. La mujer además indicó que dentro de las investigaciones por las amenazas recibidas no avanzan. Entre tanto, las víctimas están buscando que el caso se reabra. "El día que se sepa la verdad y la pueda contar, ese día me retiro de la lucha", finalizó Carvajal con contundencia.
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