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Esteban* salió a entregar un pedido de domicilio durante la cuarentena estricta de 2020. Tras esquivar un retén de la Policía, una patrulla lo persiguió y lo atropelló para poder bajarlo de la bicicleta. Si bien la víctima eludió a los uniformados, la respuesta de estos fue golpearlo, agarrarlo del cuello, patearlo y amenazarlo dentro de la patrulla con palabras como “lo voy a matar”. Luego Esteban fue conducido a un cuarto de aseo dentro de una estación de Policía, donde le pegaron en la cara y lo electrocutaron con un taser. Su caso, hasta ahora, y según lo documentó Temblores ONG, permanece en la impunidad.
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El expediente de Esteban representa tan solo una de las 7.193 denuncias por violencia física que entre 2015 y 2020 registró la Fiscalía contra uniformados de la Fuerza Pública. Según el informe “El Estado de la impunidad”, de la organización Temblores, a pesar de la magnitud de los crímenes denunciados, la respuesta de la justicia nacional ha sido escasa y está en deuda con los denunciantes de violencia homicida y sexual, atribuida a miembros del Ejército, la Policía y militares no identificados. La hipótesis de Temblores es que las fuerzas de seguridad del Estado tienen impunidad garantizada, y para ello mapearon datos oficiales de la Fiscalía y de Medicina Legal.
La violencia física: sin respuesta
Según la información que le entregó la Fiscalía a la ONG, en el período investigado, los colombianos denunciaron a la Fuerza Pública 7.193 veces por violencia física. A la Policía se le atribuyeron 3.820 casos. Sin embargo, Medicina Legal registró un total de 79.796 valoraciones médico-legales por hechos de violencia física atribuida a miembros de la Policía. De acuerdo con los denunciantes, alertar a la Fiscalía para que abra una investigación sobre violencia física es un proceso difícil, dado que entienden que serán revictimizados, que no habrá celeridad por parte de las entidades públicas y que, en algunas ocasiones, han sido amenazados para no hablar.
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Y en cuanto a la impunidad, la Fiscalía misma le otorgó a Temblores el soporte para decir que denunciar, hasta el momento, no es un mecanismo seguro para conseguir justicia. “El estado de los procesos es uno de los indicadores con el cual se puede medir la efectividad del sistema de justicia. De acuerdo con el análisis de los datos proporcionados por la Fiscalía, de los 7.193 procesos iniciados desde 2015 hasta el año 2020, el 1,29 % tienen sentencia condenatoria, el 1,22 % sentencia absolutoria, el 34,7 % se encuentran archivados y el 62,7 % están activos”, se lee en el informe conocido por El Espectador.
Los números preocupantes de la violencia homicida
Angie Paola Baquero era guardia de seguridad de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. La mujer de 29 años murió en inmediaciones del CAI Aures, noroccidente de Bogotá, cuando fue impactada por una bala que le atravesó el abdomen, en medio de las manifestaciones que se presentaron contra los uniformados y la estructura policial del sector, el 9 de septiembre de 2020. Ella no era parte de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez y solo salió a comprar algo de comer para su pareja.
Dado que la bala hallada en el cuerpo de Baquero coincidió con el arma de dotación del patrullero Jorge Andrés Lasso, este último policía se encuentra en juicio por el delito de homicidio. Su entonces pareja sentimental, Cindy, explicó a Temblores cuál es su petición a la justicia: “Demostrar que realmente la Policía fue la institución la que salió a violar los derechos humanos de esas personas, a lastimar a las familias de esas personas. Psicológicamente, uno también queda mal, entonces la expectativa es que el proceso se culmine y haya unas víctimas y haya unos culpables”.
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La ONG encontró que, entre 2015 y 2020, miembros de seguridad del Estado han sido denunciados 849 veces por violencia homicida. La Policía en 371 oportunidades, el Ejército en 258 y militares sin identificar en 220 casos. No obstante, según la información de Medicina Legal, aunque en ese período hay 849 denuncias, existen 1.215 valoraciones médico-legales de personas asesinadas y en cuyos expedientes se tiene la hipótesis que fue un miembro de la Fuerza Pública. Temblores denuncia que ese desfase no es admisible y que la mayoría de los casos se presentaron en escenarios públicos como CAI, UPJ y estaciones de Policía.
De las 849 denuncias, siete han terminado en sentencias absolutorias, 90 en sentencias condenatorias, se han archivado 46 casos y permanecen activos otros 706. Temblores registró presuntas “tácticas dilatorias” por parte de la Fiscalía, que incluyen respuestas por fuera del término legal a las víctimas, solicitudes de aplazamiento de audiencias sin justificación, no adelantar entrevistas y remisión de investigaciones a la justicia penal militar. Y en la defensa de los uniformados, como aplazar audiencias sin justificación, presentar recursos para alargar el tiempo de decisión de los jueces y plantear acuerdos con la Fiscalía que, luego, no prosperan.
Violencia sexual: el control del cuerpo
Según el análisis de Temblores, históricamente en Colombia los actores del conflicto armado han utilizado el cuerpo de la mujer con el propósito de infundir miedo en la sociedad y reforzar la idea machista del control sobre un ser que, según se ha construido, debería estar en casa. De acuerdo con la hipótesis de la ONG, esta concepción también la tienen miembros de la Fuerza Pública, quienes buscarían, mediante la violencia sexual, enviar un mensaje a las mujeres que habitan el espacio público: “Regresen a su lugar, entiendan su lugar, su lugar no es en la calle ni de día y especialmente no de noche, no es en la lucha, no es en el movimiento social”, dicen.
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De las entrevistas realizadas, Temblores constató que con frecuencia las mujeres son separadas del grupo con el que se encuentran y llevadas a espacios donde se ejerce la violencia sobre ellas. Además, el trato criminal sucede en conjunto con violencia física, retenciones, violencia verbal, amenazas y hostigamientos. Entre 2015 y 2020, con información de la Fiscalía, documentaron 946 denuncias. No obstante, solo hay registro por 47 sentencias condenatorias y, además, el ente investigador decidió archivar 261 testimonios de mujeres presuntamente violentadas.
Así concluye una de las investigaciones con las que Temblores busca la reforma a la Policía y pedir a la Fiscalía que aumente su porcentaje de condenas. Otras organizaciones de derechos humanos, como DH Colombia, solicitan que se investigue a los altos mandos de la Policía capitalina por presunta omisión en su posición de garante en el marco de protestas. Hay antecedentes en el Valle, como lo confirma el caso del excomandante operativo de la Policía en Cali, el coronel Édgar Vega, y el comandante de operaciones especiales, el teniente Néstor Mancilla. Ambos están en juicio penal por el homicidio de jóvenes marchantes y la conducta de uniformados que permitieron que civiles se alzaran en armas.