Víctimas de moto bomba en Tumaco, olvidadas

A siete meses de que se iniciara la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, Tumaco (Nariño) seguía siendo uno de los escenarios más comunes del conflicto en Colombia. El 1 de febrero de 2012, una moto bomba del frente 29 de las Farc explotó al frente de la estación de Policía, en pleno centro comercial del municipio nariñense. El atentado, ocurrido al mediodía, dejó, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, 11 muertos y al menos 65 heridos.

A siete meses de iniciarse la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, Tumaco (Nariño) seguía siendo uno de los escenarios más comunes del conflicto en Colombia. El 1° de febrero de 2012, una moto bomba de esa guerrilla explotó al frente de la estación de Policía, en pleno centro comercial del municipio. El atentado, ocurrido al mediodía dejó, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, 11 muertos y al menos 65 heridos.

Otto Hernando Lucas García fue una de las víctimas del atentado y, pese a todo, aún vive a dos cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. El día que estalló la bomba, a este tumaqueño le amputaron la pierna izquierda y perdió la movilidad en ese mismo costado. También perdió parte de su lengua -se le dificulta hablar-, la mitad de su estómago y fue sometido a 15 operaciones. “Todos saben que fui el sobreviviente más afectado del atentado. Tengo una incapacidad del 55 % en mi cuerpo y el Gobierno sólo me dio algo más de $1’000.000 como ayuda”, le aseguró a El Espectador Lucas García.

Segundos antes del ataque a la estación de Policía, Lucas se acercó a un paradero de mototaxis que estaba a pocos metros. Narró que en Tumaco nunca había pasado algo de tal magnitud y agradece porque su caso fue un “milagro”. Él era profesor de educación física antes de la acción guerrillera, era reconocido dentro de la comunidad por ser promotor de torneos de fútbol. Pero ahora se gana la vida en una discreta tienda de barrio. “Fue muy difícil para mí asumir que no volvería a caminar. Peor fue cuando uno de mis hijos no me reconoció al ver cómo quedé después de la explosión de la moto bomba. Nunca tuvimos un acompañamiento psicológico”, manifestó Lucas.

El Gobierno, al parecer, trató de igual forma a Jimy Delgado, otra de las víctimas del atentado de las Farc en Tumaco. Le dio como compensación $1’100.000. A Delgado le cayeron esquirlas de vidrio en la cabeza y un brazo, pero su mayor mal, y que lo dejó sin oportunidades laborales, fue que su taxi quedó destruido por la moto bomba. “Tengo miedo de salir a la calle. Cada vez que escucho una explosión, entro en pánico y revivo lo que sucedió ese febrero de 2012. Es muy difícil (su voz se entrecorta). Era mi obligación responder por la familia y ahora vivimos muy alcanzados”, aseguró.

Jimy Delgado Botina, nariñense de 33 años, llegó a Tumaco en 2006 buscando opciones de trabajo para subsistir con su esposa. “En 2010 nació nuestra hija y en 2011 decidimos adquirir una deuda de $20 millones para comprar un taxi. Necesitábamos aumentar nuestros ingresos. Los niños crecen y las cuentas también”, sostuvo Delgado. La mañana en que ocurrió el ataque guerrillero, el entonces taxista salió temprano de su casa para completar un dinero para pagar la cuota del préstamo del carro y el mercado.

“Hice varias carreras y en una de esas terminé recogiendo a tres policías en el aeropuerto La Florida de Tumaco. Según les escuché, habían sido reubicados y se dirigían a la estación de Policía para recibir instrucciones de sus superiores. Cuando llegamos, uno de ellos me dijo que no podía parquear al frente. Menos mal me advirtió, o si no, no estaría contando la historia”, dijo. Cuando la bomba estalló, Delgado sintió que el vehículo se levantó. Luego, al ver a su alrededor, fue testigo de una historia de terror.

“En medio del fuego y los escombros vi gente desmembrada, llorando y gritando. Muertos, partes de personas regadas. Quedé totalmente en shock y no supe qué hacer. Afortunadamente algunas esquirlas sólo me afectaron un brazo y la cabeza. El taxi quedó destrozado y no pude pagar las cuotas ni cómo mantener a mi familia. Sólo recibí del Gobierno dos salarios mínimos, que para la época era un poco más de un millón de pesos”, recordó el taxista. Tanto Lucas como Delgado aseguran que la Unidad de Víctimas no los ha atendido. Manifiestan que la atención ha sido nula. Este diario se contactó con la Unidad para que respondiera sobre los señalamientos, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Los abogados de las dos víctimas, G y G abogados, aseguran que el Gobierno los está revictimizando: “Están perdidos en un laberinto de oficinas llenas de empleados que les dan malos tratos, los hacen esperar por largas horas y los ponen a realizar trámites burocráticos innecesarios. Ellos pierden la esperanza y prefieren no seguir reclamando lo que les pertenece”. Los representantes de las víctimas demandaron en 2012 al Estado por daños morales y materiales. “La existencia del edificio policial en ese lugar, sumada al conflicto interno en que se debate nuestro país, generaron un riesgo muy grande para los habitantes de ese sector de Tumaco”, señala demanda. Ahora el proceso está en fase probatoria, el cual tarda aproximadamente unos ocho años, según los abogados de las víctimas.

Por estos hechos del 1° de febrero de 2012 fueron capturados dos guerrilleros y varios miembros de la banda criminal los Rastrojos. Las autoridades aseguraron que los subversivos señalaron como autor intelectual del atentado a Gustavo González, alias Rambo, jefe guerrillero de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc. Según los informes de inteligencia, “Rambo” es el narcotraficante de esta guerrilla en Nariño y lo señala de mover 90 toneladas de coca al año y controlar más de 14.000 hectáreas de coca en Tumaco, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, El Charco y Olaya Herrera (Nariño). En 2015 otro líder de esa columna móvil fue capturado por participar en la acción guerrillera. José Castro, alias el “Doctor”, quien era conocido por extorsionar a los comerciantes tumaqueños.

Aunque Delgado ya perdonó a quienes realizaron el atentado y espera que la implementación del Acuerdo de Paz selle definitivamente el conflicto colombiano, Otto Lucas es más escéptico al respecto. Afirma que mientras su familia y miles de colombianos se estén muriendo de hambre, no cree que se pueda consolidar una verdadera paz. “Si viera que mis hijos tienen las herramientas para formarse un buen futuro, créame que estaría tranquilo y los quebrantos físicos y psicológicos que tuve a raíz del atentado pasarían a un segundo plano. Pero la realidad es distinta. Somos víctimas del conflicto y somos los que peor la pasamos en el país”, señaló Otto Lucas.

A siete meses de que se iniciara la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, Tumaco (Nariño) seguía siendo uno de los escenarios más comunes del conflicto en Colombia. El 1 de febrero de 2012, una moto bomba del frente 29 de las Farc explotó al frente de la estación de Policía, en pleno centro comercial del municipio nariñense. El atentado, ocurrido al mediodía, dejó, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, 11 muertos y al menos 65 heridos.

A siete meses de iniciarse la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, Tumaco (Nariño) seguía siendo uno de los escenarios más comunes del conflicto en Colombia. El 1° de febrero de 2012, una moto bomba de esa guerrilla explotó al frente de la estación de Policía, en pleno centro comercial del municipio. El atentado, ocurrido al mediodía dejó, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, 11 muertos y al menos 65 heridos.

Otto Hernando Lucas García fue una de las víctimas del atentado y, pese a todo, aún vive a dos cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. El día que estalló la bomba, a este tumaqueño le amputaron la pierna izquierda y perdió la movilidad en ese mismo costado. También perdió parte de su lengua -se le dificulta hablar-, la mitad de su estómago y fue sometido a 15 operaciones. “Todos saben que fui el sobreviviente más afectado del atentado. Tengo una incapacidad del 55 % en mi cuerpo y el Gobierno sólo me dio algo más de $1’000.000 como ayuda”, le aseguró a El Espectador Lucas García.

Segundos antes del ataque a la estación de Policía, Lucas se acercó a un paradero de mototaxis que estaba a pocos metros. Narró que en Tumaco nunca había pasado algo de tal magnitud y agradece porque su caso fue un “milagro”. Él era profesor de educación física antes de la acción guerrillera, era reconocido dentro de la comunidad por ser promotor de torneos de fútbol. Pero ahora se gana la vida en una discreta tienda de barrio. “Fue muy difícil para mí asumir que no volvería a caminar. Peor fue cuando uno de mis hijos no me reconoció al ver cómo quedé después de la explosión de la moto bomba. Nunca tuvimos un acompañamiento psicológico”, manifestó Lucas.

El Gobierno, al parecer, trató de igual forma a Jimy Delgado, otra de las víctimas del atentado de las Farc en Tumaco. Le dio como compensación $1’100.000. A Delgado le cayeron esquirlas de vidrio en la cabeza y un brazo, pero su mayor mal, y que lo dejó sin oportunidades laborales, fue que su taxi quedó destruido por la moto bomba. “Tengo miedo de salir a la calle. Cada vez que escucho una explosión, entro en pánico y revivo lo que sucedió ese febrero de 2012. Es muy difícil (su voz se entrecorta). Era mi obligación responder por la familia y ahora vivimos muy alcanzados”, aseguró.

Jimy Delgado Botina, nariñense de 33 años, llegó a Tumaco en 2006 buscando opciones de trabajo para subsistir con su esposa. “En 2010 nació nuestra hija y en 2011 decidimos adquirir una deuda de $20 millones para comprar un taxi. Necesitábamos aumentar nuestros ingresos. Los niños crecen y las cuentas también”, sostuvo Delgado. La mañana en que ocurrió el ataque guerrillero, el entonces taxista salió temprano de su casa para completar un dinero para pagar la cuota del préstamo del carro y el mercado.

“Hice varias carreras y en una de esas terminé recogiendo a tres policías en el aeropuerto La Florida de Tumaco. Según les escuché, habían sido reubicados y se dirigían a la estación de Policía para recibir instrucciones de sus superiores. Cuando llegamos, uno de ellos me dijo que no podía parquear al frente. Menos mal me advirtió, o si no, no estaría contando la historia”, dijo. Cuando la bomba estalló, Delgado sintió que el vehículo se levantó. Luego, al ver a su alrededor, fue testigo de una historia de terror.

“En medio del fuego y los escombros vi gente desmembrada, llorando y gritando. Muertos, partes de personas regadas. Quedé totalmente en shock y no supe qué hacer. Afortunadamente algunas esquirlas sólo me afectaron un brazo y la cabeza. El taxi quedó destrozado y no pude pagar las cuotas ni cómo mantener a mi familia. Sólo recibí del Gobierno dos salarios mínimos, que para la época era un poco más de un millón de pesos”, recordó el taxista. Tanto Lucas como Delgado aseguran que la Unidad de Víctimas no los ha atendido. Manifiestan que la atención ha sido nula. Este diario se contactó con la Unidad para que respondiera sobre los señalamientos, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Los abogados de las dos víctimas, G y G abogados, aseguran que el Gobierno los está revictimizando: “Están perdidos en un laberinto de oficinas llenas de empleados que les dan malos tratos, los hacen esperar por largas horas y los ponen a realizar trámites burocráticos innecesarios. Ellos pierden la esperanza y prefieren no seguir reclamando lo que les pertenece”. Los representantes de las víctimas demandaron en 2012 al Estado por daños morales y materiales. “La existencia del edificio policial en ese lugar, sumada al conflicto interno en que se debate nuestro país, generaron un riesgo muy grande para los habitantes de ese sector de Tumaco”, señala demanda. Ahora el proceso está en fase probatoria, el cual tarda aproximadamente unos ocho años, según los abogados de las víctimas.

Por estos hechos del 1° de febrero de 2012 fueron capturados dos guerrilleros y varios miembros de la banda criminal los Rastrojos. Las autoridades aseguraron que los subversivos señalaron como autor intelectual del atentado a Gustavo González, alias Rambo, jefe guerrillero de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc. Según los informes de inteligencia, “Rambo” es el narcotraficante de esta guerrilla en Nariño y lo señala de mover 90 toneladas de coca al año y controlar más de 14.000 hectáreas de coca en Tumaco, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, El Charco y Olaya Herrera (Nariño). En 2015 otro líder de esa columna móvil fue capturado por participar en la acción guerrillera. José Castro, alias el “Doctor”, quien era conocido por extorsionar a los comerciantes tumaqueños.

Aunque Delgado ya perdonó a quienes realizaron el atentado y espera que la implementación del Acuerdo de Paz selle definitivamente el conflicto colombiano, Otto Lucas es más escéptico al respecto. Afirma que mientras su familia y miles de colombianos se estén muriendo de hambre, no cree que se pueda consolidar una verdadera paz. “Si viera que mis hijos tienen las herramientas para formarse un buen futuro, créame que estaría tranquilo y los quebrantos físicos y psicológicos que tuve a raíz del atentado pasarían a un segundo plano. Pero la realidad es distinta. Somos víctimas del conflicto y somos los que peor la pasamos en el país”, señaló Otto Lucas.