Víctimas del Palacio de Justicia no quieren que la JEP lleve este caso

Al viacrucis de las familias que durante 35 años han estado detrás de la justicia colombiana exigiendo conocer la verdad sobre las circunstancias en las que desaparecieron a sus allegados durante el holocausto ocurrido en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, se suma otro “dolor de cabeza”: el de ver cómo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ha abierto las puertas a dos de los militares procesados por la desaparición forzada de sus familiares, otorgándoles beneficios a cambio de una verdad que las víctimas todavía no han escuchado. (La familia de Marina Ferrer, víctima del Palacio de Justicia, fue vetada de pedir reparación)

Si bien para los familiares de las víctimas, el rol que ha cumplido la Fiscalía en la investigación ha sido desalentador, consideran que en la JEP están lejos de encontrar verdad, justicia y reparación. Más porque fue esa jurisdicción especial la que, en mayo de este año, le concedió libertad condicionada al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el único militar con una condena en firme de 35 años de prisión, como coautor del delito de desaparición forzada. El otro general (r) vinculado a estos hechos y que se sometió a la JEP desde 2019 es Iván Ramírez Quintero, aunque él fue absuelto en primera instancia.

Ambos —que no admitieron responsabilidad alguna en sus procesos ante la justicia ordinaria— solicitaron acogerse a esa justicia transicional, escenario en el que las familias de las víctimas se muestran incrédulas. Aseguran que se trata de una maniobra de los generales para recibir beneficios y eludir su responsabilidad. “Hubo unos pocos avances en materia de justicia ordinaria que en la JEP se tiran al traste y hay una idea de que se mantiene un pacto de silencio entre los responsables”, indicó el abogado Germán Romero, representante de la familia de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, por cuya desaparición forzada el Estado admitió responsabilidad ante la Corte Interamericana. (Palacio de Justicia: ¿abandonó la Fiscalía la hipótesis de la desaparición forzada?)

Y es que en marzo de 2017 Arias Cabrales ya había solicitado acogerse a la JEP. En ese momento, las víctimas le pidieron a la jurisdicción especial que no le otorgara el beneficio de libertad anticipada porque el militar no había hecho aporte alguno al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, nueve días después, el mismo Arias se retractó. Pidió que no se tuviera en cuenta su voluntad de sometimiento a la JEP hasta que se expidiera la Ley Estatutaria de esa justicia especial o hasta que la Corte Suprema resolviera un recurso que casación que él había interpuesto en contra de su condena.

En noviembre de 2019 el alto tribunal decidió dejar en firme la condena contra el general (r) Cabrales, pues, para la Corte, quedó probado que él “fue el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”. En cuanto Arias fue notificado, cambió de posición nuevamente y ratificó su voluntad de sometimiento a la JEP solicitando beneficios provisionales que, en mayo de 2020, le fueron concedidos por esa jurisdicción. (Desaparecidos del Palacio de Justicia: el caos sigue presente)

“La JEP no puede ser un tribunal a la carta, no es cuando él quiera. Además, se esperaría que entre diciendo la verdad, pero lo que ha dicho es que se presenta para probar su inocencia y ese tribunal no está para probar la inocencia de nadie. Si ninguno de los comparecientes no está dispuesto a decir la verdad, la JEP no debería acoger a los responsables del caso del Palacio de Justicia, porque hay beneficios para los perpetradores y no para las víctimas; entonces, nadie va a reconocer que la JEP puede garantizar justicia si, de entrada, niega los derechos de las víctimas”, explicó Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el cual representa a varias familias de los desaparecidos.

Juan Francisco Lanao, hijo de la abogada Gloria Anzola, recuperó los restos de su madre el 19 de septiembre de 2019. Él también cree que el sometimiento de los militares a la JEP puede perpetuar la impunidad en la que se ha mantenido el caso. “Hemos visto que no hay voluntad de aportar a la verdad de los dos uniformados que se acogieron. Pienso que esto es una puerta más a que no haya responsables, pero siguen pasando los años y ya militares fallecieron con la verdad oculta. Tenemos una entidad especializada en la búsqueda de desaparecidos y no avanzan. La historia parece cíclica y los pocos progresos en la investigación han sido gracias a la persistencia de los familiares”. (La primera magistrada de la Corte Suprema, que murió en el Palacio de Justicia)

Y hay otro problema. Explican los abogados que si no existe en la JEP ningún macrocaso sobre desaparición forzada, esa jurisdicción no estaría investigando los hechos y si ellos no investigan y la Fiscalía tampoco, el caso está en un limbo jurídico. “La Fiscalía, desde hace por lo menos cinco años, abandonó la investigación para determinar la responsabilidad de otros agentes del Estado. En materia de jurisdicción especial es un absurdo porque, si no tiene un macrocaso de desaparición forzada, no hay dónde procesar a Arias. Lo que hay entonces es un procedimiento expedito, con mínima participación de víctimas y una autoamnistía”, señaló Germán Romero.

René Guarín, hermano de Cristina Guarín, también desaparecida durante la retoma, ha manifestado su completa oposición al papel que juega la justicia transicional en el caso. “Valoro el intento de la JEP frente a impartir justicia en el caso de desaparecidos del Palacio de Justicia y, en ese orden de ideas, espero que les exija a los dos postulados un plan real de reparación sincera contando la verdad de los hechos al país; pero no confío en la JEP. No confío porque surgió de un Acuerdo de Paz que no incluyó a todos los actores armados y porque casos como el del general Mario Montoya muestran que ir allá y no aportar verdad no genera consecuencias para el postulado”.

Pero hay más. Aseguran los abogados de las víctimas que el Estado están desconociendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el holocausto, la cual, en 2014, resolvió que “las investigaciones por los hechos constitutivos de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente caso se mantengan, en todo momento, bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria”. Entonces, al ser la JEP un tribunal especial, dice el abogado Romero, la justicia colombiana está ignorando lo dispuesto por la Corte IDH. (La nefasta verdad detrás de la retoma del Palacio de Justicia, según la Corte Suprema)

“No es posible que un órgano, mecanismo o procedimiento de justicia distinto a la justicia ordinaria pueda tener competencia sobre el esclarecimiento y rendición de cuentas de responsables por desapariciones, torturas y/o ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia”, explicó el jurista, quien recientemente, junto con otros representantes de víctimas, le pidió a la Corte IDH que analice las actuaciones del Estado frente a la sentencia emitida desde hace seis años. Los familiares, por su parte, completaron 35 años de una lucha incansable que seguirán librando hasta conseguir verdad y justicia.

Al viacrucis de las familias que durante 35 años han estado detrás de la justicia colombiana exigiendo conocer la verdad sobre las circunstancias en las que desaparecieron a sus allegados durante el holocausto ocurrido en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, se suma otro “dolor de cabeza”: el de ver cómo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ha abierto las puertas a dos de los militares procesados por la desaparición forzada de sus familiares, otorgándoles beneficios a cambio de una verdad que las víctimas todavía no han escuchado. (La familia de Marina Ferrer, víctima del Palacio de Justicia, fue vetada de pedir reparación)

Si bien para los familiares de las víctimas, el rol que ha cumplido la Fiscalía en la investigación ha sido desalentador, consideran que en la JEP están lejos de encontrar verdad, justicia y reparación. Más porque fue esa jurisdicción especial la que, en mayo de este año, le concedió libertad condicionada al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el único militar con una condena en firme de 35 años de prisión, como coautor del delito de desaparición forzada. El otro general (r) vinculado a estos hechos y que se sometió a la JEP desde 2019 es Iván Ramírez Quintero, aunque él fue absuelto en primera instancia.

Ambos —que no admitieron responsabilidad alguna en sus procesos ante la justicia ordinaria— solicitaron acogerse a esa justicia transicional, escenario en el que las familias de las víctimas se muestran incrédulas. Aseguran que se trata de una maniobra de los generales para recibir beneficios y eludir su responsabilidad. “Hubo unos pocos avances en materia de justicia ordinaria que en la JEP se tiran al traste y hay una idea de que se mantiene un pacto de silencio entre los responsables”, indicó el abogado Germán Romero, representante de la familia de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, por cuya desaparición forzada el Estado admitió responsabilidad ante la Corte Interamericana. (Palacio de Justicia: ¿abandonó la Fiscalía la hipótesis de la desaparición forzada?)

Y es que en marzo de 2017 Arias Cabrales ya había solicitado acogerse a la JEP. En ese momento, las víctimas le pidieron a la jurisdicción especial que no le otorgara el beneficio de libertad anticipada porque el militar no había hecho aporte alguno al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, nueve días después, el mismo Arias se retractó. Pidió que no se tuviera en cuenta su voluntad de sometimiento a la JEP hasta que se expidiera la Ley Estatutaria de esa justicia especial o hasta que la Corte Suprema resolviera un recurso que casación que él había interpuesto en contra de su condena.

En noviembre de 2019 el alto tribunal decidió dejar en firme la condena contra el general (r) Cabrales, pues, para la Corte, quedó probado que él “fue el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”. En cuanto Arias fue notificado, cambió de posición nuevamente y ratificó su voluntad de sometimiento a la JEP solicitando beneficios provisionales que, en mayo de 2020, le fueron concedidos por esa jurisdicción. (Desaparecidos del Palacio de Justicia: el caos sigue presente)

“La JEP no puede ser un tribunal a la carta, no es cuando él quiera. Además, se esperaría que entre diciendo la verdad, pero lo que ha dicho es que se presenta para probar su inocencia y ese tribunal no está para probar la inocencia de nadie. Si ninguno de los comparecientes no está dispuesto a decir la verdad, la JEP no debería acoger a los responsables del caso del Palacio de Justicia, porque hay beneficios para los perpetradores y no para las víctimas; entonces, nadie va a reconocer que la JEP puede garantizar justicia si, de entrada, niega los derechos de las víctimas”, explicó Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el cual representa a varias familias de los desaparecidos.

Juan Francisco Lanao, hijo de la abogada Gloria Anzola, recuperó los restos de su madre el 19 de septiembre de 2019. Él también cree que el sometimiento de los militares a la JEP puede perpetuar la impunidad en la que se ha mantenido el caso. “Hemos visto que no hay voluntad de aportar a la verdad de los dos uniformados que se acogieron. Pienso que esto es una puerta más a que no haya responsables, pero siguen pasando los años y ya militares fallecieron con la verdad oculta. Tenemos una entidad especializada en la búsqueda de desaparecidos y no avanzan. La historia parece cíclica y los pocos progresos en la investigación han sido gracias a la persistencia de los familiares”. (La primera magistrada de la Corte Suprema, que murió en el Palacio de Justicia)

Y hay otro problema. Explican los abogados que si no existe en la JEP ningún macrocaso sobre desaparición forzada, esa jurisdicción no estaría investigando los hechos y si ellos no investigan y la Fiscalía tampoco, el caso está en un limbo jurídico. “La Fiscalía, desde hace por lo menos cinco años, abandonó la investigación para determinar la responsabilidad de otros agentes del Estado. En materia de jurisdicción especial es un absurdo porque, si no tiene un macrocaso de desaparición forzada, no hay dónde procesar a Arias. Lo que hay entonces es un procedimiento expedito, con mínima participación de víctimas y una autoamnistía”, señaló Germán Romero.

René Guarín, hermano de Cristina Guarín, también desaparecida durante la retoma, ha manifestado su completa oposición al papel que juega la justicia transicional en el caso. “Valoro el intento de la JEP frente a impartir justicia en el caso de desaparecidos del Palacio de Justicia y, en ese orden de ideas, espero que les exija a los dos postulados un plan real de reparación sincera contando la verdad de los hechos al país; pero no confío en la JEP. No confío porque surgió de un Acuerdo de Paz que no incluyó a todos los actores armados y porque casos como el del general Mario Montoya muestran que ir allá y no aportar verdad no genera consecuencias para el postulado”.

Pero hay más. Aseguran los abogados de las víctimas que el Estado están desconociendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el holocausto, la cual, en 2014, resolvió que “las investigaciones por los hechos constitutivos de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente caso se mantengan, en todo momento, bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria”. Entonces, al ser la JEP un tribunal especial, dice el abogado Romero, la justicia colombiana está ignorando lo dispuesto por la Corte IDH. (La nefasta verdad detrás de la retoma del Palacio de Justicia, según la Corte Suprema)

“No es posible que un órgano, mecanismo o procedimiento de justicia distinto a la justicia ordinaria pueda tener competencia sobre el esclarecimiento y rendición de cuentas de responsables por desapariciones, torturas y/o ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia”, explicó el jurista, quien recientemente, junto con otros representantes de víctimas, le pidió a la Corte IDH que analice las actuaciones del Estado frente a la sentencia emitida desde hace seis años. Los familiares, por su parte, completaron 35 años de una lucha incansable que seguirán librando hasta conseguir verdad y justicia.