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El general retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, no ha tenido “seriedad, claridad y precisión” en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según víctimas. En un escueto documento que todos los comparecientes deben enviarle a la justicia especial, el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe anunció que defenderá su inocencia, a pesar de que él mismo reconoció en el pasado sus relaciones con paramilitares, y, si bien ofreció hablar sobre algunos capítulos del conflicto, no fue muy concreto sobre qué hechos está dispuesto a ventilar.
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En el plan de verdad que el exalto oficial le entregó a la JEP, su abogado escribió: “se ejercerá la defensa de sus intereses y se demostrará la ausencia de responsabilidad respecto de los hechos que se le sindican, porque el sistema ha previsto esta posibilidad, se ofrece como fórmula de reparación, el atender y estar presto a colaborar con sus versiones y su conocimiento de los hechos y mecánicas de la época, con el fin de que puedan hallar la tan anhelada verdad que permite curar heridas del pasado y hacer tránsito hacia la reconciliación”.
A Santoyo se le ha vinculado con el asesinato del periodista Jaime Garzón, con el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y con la desaparición forzada de Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes). Además, fue extraditado a Estados Unidos, aceptó cargos y terminó condenado allí por apoyar grupos paramilitares en Colombia. Así que, para sus víctimas, no es muy claro a qué se refiere cuando habla de los “hechos que se le sindican”.
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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los familiares de Quintero y Monsalve le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le pida al alto oficial más precisión y, si no la da, que evalúe seriamente la permanencia de Santoyo en la JEP. “Aunque desde ya el compareciente menciona su ausencia de responsabilidad y que ejercerá su defensa no es lo suficientemente consistente para mencionar sobre qué hechos en particular ejercerá su defensa en el amplio periodo de tiempo por él referido”, escribió la organización en un documento en el que critica el plan de verdad.
A juicio de la CCJ, “existe falta de seriedad, claridad y precisión sobre distintos elementos”. Por ejemplo, en la propuesta que la JEP les pide a todos los comparecientes deben explicar qué hechos del conflicto pretenden esclarecer, cómo piensa reparar a las víctimas y, para garantizar la no repetición, cuál es su proyecto de vida en el futuro. Pero Mauricio Santoyo se limitó a listar los cargos que tuvo en la Policía, dijo que su mera comparecencia era una forma de reparación y aseguró que tras estar preso nueve años buscaría pasar tiempo con su familia.
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En ese sentido, la CCJ fue tajante: “no se refiere a las partes del conflicto armado que esclarecerá con su relato pues menciona que ejercerá su derecho a la defensa y unos cargos y fechas en que los ocupo sin mencionar en cada uno de los cargos, sobre qué señalamientos o hechos ejercerá su derecho a la defensa, o cómo de acuerdo a estos cargos contribuirá a la verdad de las víctimas y el país”. Además, explicaron que hay sendas evidencias de las andanzas de general en retiro de la Policía.
Hablaron, en concreto, de su caso. “Hasta el momento y en la investigación penal que obra en la justicia ordinaria, existen señalamiento en distintas declaraciones de miembros del grupo paramilitar que participó en la desaparición forzada de Ángel Quintero y Claudia Monsalve que señalan y entregan elementos serios de la responsabilidad de Mauricio Alfonso Santoyo Velasco”, se lee en el documento de la CCJ. Esta solicitud de las víctimas deberá ser valorada por la Sala, que puede terminar expulsando al exalto oficial.
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