Caso Uribe: jueza pide continuar el proceso contra el expresidente por soborno
La jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, determinó que el proceso en contra del expresidente, por supuesta manipulación de testigos, debe continuar. Es decir, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, tendrá que llamar a juicio al líder del Centro Democrático, a pesar de que, en los últimos meses expuso por qué, en su concepto, el expediente no debía continuar por falta de pruebas.
Diez meses pasaron, desde julio de 2021, que la Fiscalía empezó a exponer sus argumentos sobre por qué no se debía continuar con el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Desde entonces todas las partes expusieron sus puntos de vista y hoy, por fin, se conoce cuál es la determinación de la jueza de uno de los expedientes más importantes de los últimos años en Colombia.
La jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, determinó que el caso debe continuar. Es decir, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, tendrá que llamar a juicio al líder del Centro Democrático, a pesar de que, en los últimos meses expuso por qué, en su concepto, el expediente no debía continuar por falta de pruebas.
La investigación contra el expresidente señala que este, a través de terceros, habría intentado manipular a dos testigos en su contra, quienes lo señalaban de haber conformado en los años noventa grupos paramilitares en Antioquia, un acusación que ha sido negada tajantemente por el expresidente. Según el expediente, para intentar torcer esos testimonios, intervinieron el abogado Diego Cadena y el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, ambos procesados por este caso.
Este expediente llegó a la Fiscalía en septiembre de 2019, a los pocos días de que Uribe renunciara a su curul en el Senado. Su paso al costado del Congreso generó que la Corte Suprema de Jusiticia perdiera su fuero como congresista y, por ende, el alto tribunal perdía su competencia para seguir procesando al expresidente. En ese momento, la Corte ya le había ordenado una detención preventiva en su finca del Ubérrimo y estaba formalmente siendo investigado.
El ente investigador, más precisamente el fiscal Gabriel Jaimes Durán, recibió 40 cuadernos de la investigación de la Corte Suprema y que incluye más de 20 testimonios y otras evidencias. Sin embargo, la Fiscalía, durante seis meses, volvió a entrevistar a varios de los implicados en el caso y recolectó y recopiló otra información para el expediente. En marzo de 2021, Jaimes anunció que iba a solicitar la preclusión del caso porque no había evidencias que incriminaran a Uribe.
Sin embargo, solo fue hasta julio de 2021 que la Fiscalía empezó a sustentar la preclusión ante la jueza, y se extendió durante un mes. Posteriormente, la Procuraduría, las cuatro víctimas y la defensa del expresidente, hicieron lo propio ante el juzgado del caso, incluso, el propio expresidente intervino en marzo pasado, luego de las elecciones al Congreso. Fue luego de esa intervención que la jueza citó para este 27 de abril a las partes para dar a conocer su determinación.
Así las cosas, la Fiscalía apelará la decisión y será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá quien deje en firme o no la decisión que acaba de tomar la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa.
Diez meses pasaron, desde julio de 2021, que la Fiscalía empezó a exponer sus argumentos sobre por qué no se debía continuar con el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Desde entonces todas las partes expusieron sus puntos de vista y hoy, por fin, se conoce cuál es la determinación de la jueza de uno de los expedientes más importantes de los últimos años en Colombia.
La jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, determinó que el caso debe continuar. Es decir, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, tendrá que llamar a juicio al líder del Centro Democrático, a pesar de que, en los últimos meses expuso por qué, en su concepto, el expediente no debía continuar por falta de pruebas.
La investigación contra el expresidente señala que este, a través de terceros, habría intentado manipular a dos testigos en su contra, quienes lo señalaban de haber conformado en los años noventa grupos paramilitares en Antioquia, un acusación que ha sido negada tajantemente por el expresidente. Según el expediente, para intentar torcer esos testimonios, intervinieron el abogado Diego Cadena y el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, ambos procesados por este caso.
Este expediente llegó a la Fiscalía en septiembre de 2019, a los pocos días de que Uribe renunciara a su curul en el Senado. Su paso al costado del Congreso generó que la Corte Suprema de Jusiticia perdiera su fuero como congresista y, por ende, el alto tribunal perdía su competencia para seguir procesando al expresidente. En ese momento, la Corte ya le había ordenado una detención preventiva en su finca del Ubérrimo y estaba formalmente siendo investigado.
El ente investigador, más precisamente el fiscal Gabriel Jaimes Durán, recibió 40 cuadernos de la investigación de la Corte Suprema y que incluye más de 20 testimonios y otras evidencias. Sin embargo, la Fiscalía, durante seis meses, volvió a entrevistar a varios de los implicados en el caso y recolectó y recopiló otra información para el expediente. En marzo de 2021, Jaimes anunció que iba a solicitar la preclusión del caso porque no había evidencias que incriminaran a Uribe.
Sin embargo, solo fue hasta julio de 2021 que la Fiscalía empezó a sustentar la preclusión ante la jueza, y se extendió durante un mes. Posteriormente, la Procuraduría, las cuatro víctimas y la defensa del expresidente, hicieron lo propio ante el juzgado del caso, incluso, el propio expresidente intervino en marzo pasado, luego de las elecciones al Congreso. Fue luego de esa intervención que la jueza citó para este 27 de abril a las partes para dar a conocer su determinación.
Así las cosas, la Fiscalía apelará la decisión y será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá quien deje en firme o no la decisión que acaba de tomar la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa.