Violencia intrafamiliar, un debate difícil de conciliar

Si bien las entrevistas públicas de los tres opcionados para ocupar el cargo de fiscal general se extendieron poco más de cuatro horas el pasado jueves 9 de junio en la Corte Suprema, fueron unas cuantas palabras del candidato Néstor Humberto Martínez las que pusieron a hablar a la opinión pública. Ante la pregunta de la presidenta de la Corte, Margarita Cabello, sobre las políticas que pensaba implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia, Martínez respondió: “La criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión”, y que como estudioso de la materia ha percibido que “al criminalizarse la violencia intrafamiliar se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano”.

El Espectador consultó con él sobre lo dicho. Si bien se negó a dar declaraciones, el candidato a fiscal le referenció a este medio varios estudios que respaldan su propia posición. Uno de ellos, escrito por la profesora del London School of Economics, Radha Iyengar, y publicado en 2009 en esa universidad, plantea que la implementación de leyes que llevan a la cárcel a los agresores cuando se conoce un hecho de violencia intrafamiliar había generado en varios estados de Estados Unidos un incremento en el número de homicidios entre parejas (60 %, se lee en el texto).

Según Iyengar, este fenómeno se debería a que el tamaño del castigo sobre el victimario llevaba a que las víctimas denunciaran menos. Esta caída en la denuncia impediría que el Estado identifique o actúe de manera pertinente antes de que se presenten los feminicidios.

Ante esta circunstancia, la descriminalización de la violencia intrafamiliar sería una alternativa viable, aseguran algunos. Gloria María Borrero, presidenta de la Corporación Excelencia en la Justicia, cree que la criminalización de la violencia que ocurre en el seno de la familia debe penalizarse según su nivel de gravedad. “La violencia intrafamiliar es un tipo penal que tiene grados. No hay duda de que los delitos más graves, como las lesiones personales o el feminicidio, se deben penalizar, pero gritos y empujones se deben prevenir. Los gritos y empujones se pueden tratar a través de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. No se trata de impedir el acceso a la justicia, sino que se trata de la aplicación de otros tipos de justicia”, explica Borrero.

Esta postura, que va en sintonía con lo dicho por Néstor Humberto Martínez, es duramente criticada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y de las víctimas de este delito. Isabel Agatón, del colectivo Cijusticia, aseguró que este tipo de posiciones desconocen que las expresiones más graves de violencia contra las mujeres se gestan en el hogar.

“La violencia intrafamiliar es la antesala al feminicidio, que cada día cobra la vida de 60 víctimas, cuando el conflicto armado deja 23”, dijo Agatón. Para Diana Quigua, abogada de la organización Casa de Mujeres, la postura es un retroceso “legislativo y sociocultural”. Quigua añadió que la propuesta no es novedosa, sino que en realidad regresaría este tipo de violencias a su estado anterior, “cuando este delito era querellable y simplemente se acudía a la conciliación. Por este motivo no había un tratamiento oportuno ni integral, y esto generaba en últimas los feminicidios”.

María Victoria Zambrano, abogada representante de víctimas ante el Concejo de Bogotá, vivió en carne propia este tipo de violencia durante su infancia y como adolescente. Para ella, además de un retroceso, la posición de Martínez “culpa a las víctimas de una situación y no al victimario, pues dice que la ruptura familiar recae en la denuncia, no en el hecho. Además –señaló Zambrano– él (Néstor Humberto Martínez) utiliza la palabra ocasional, y bien sabemos que muchas veces los hechos de violencia son constantes y cíclicos”. También, al igual que las demás mujeres entrevistadas para esta nota (con excepción de Gloria María Borrero), señaló que la solución al problema de congestión en despachos no puede resolverse a costa de la seguridad de las mujeres y los niños.

Zambrano señaló además que “hay una brecha entre la realidad y lo que dicen las normas, que indican que la atención debe ser integral”. Es en este punto donde las dos perspectivas, la de Néstor Humberto Martínez y de las estudiosas aquí entrevistadas, se encuentran. La diferencia radica en que para una de las posturas esta atención integral necesariamente va de la mano con la justicia penal, pues las condenas son en sí mismas formas de prevención. De todas formas, para ambas orillas del debate, es evidente que la violencia intrafamiliar no se resolverá sin que el Estado convierta su eliminación en una prioridad.

Si bien las entrevistas públicas de los tres opcionados para ocupar el cargo de fiscal general se extendieron poco más de cuatro horas el pasado jueves 9 de junio en la Corte Suprema, fueron unas cuantas palabras del candidato Néstor Humberto Martínez las que pusieron a hablar a la opinión pública. Ante la pregunta de la presidenta de la Corte, Margarita Cabello, sobre las políticas que pensaba implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia, Martínez respondió: “La criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión”, y que como estudioso de la materia ha percibido que “al criminalizarse la violencia intrafamiliar se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano”.

El Espectador consultó con él sobre lo dicho. Si bien se negó a dar declaraciones, el candidato a fiscal le referenció a este medio varios estudios que respaldan su propia posición. Uno de ellos, escrito por la profesora del London School of Economics, Radha Iyengar, y publicado en 2009 en esa universidad, plantea que la implementación de leyes que llevan a la cárcel a los agresores cuando se conoce un hecho de violencia intrafamiliar había generado en varios estados de Estados Unidos un incremento en el número de homicidios entre parejas (60 %, se lee en el texto).

Según Iyengar, este fenómeno se debería a que el tamaño del castigo sobre el victimario llevaba a que las víctimas denunciaran menos. Esta caída en la denuncia impediría que el Estado identifique o actúe de manera pertinente antes de que se presenten los feminicidios.

Ante esta circunstancia, la descriminalización de la violencia intrafamiliar sería una alternativa viable, aseguran algunos. Gloria María Borrero, presidenta de la Corporación Excelencia en la Justicia, cree que la criminalización de la violencia que ocurre en el seno de la familia debe penalizarse según su nivel de gravedad. “La violencia intrafamiliar es un tipo penal que tiene grados. No hay duda de que los delitos más graves, como las lesiones personales o el feminicidio, se deben penalizar, pero gritos y empujones se deben prevenir. Los gritos y empujones se pueden tratar a través de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. No se trata de impedir el acceso a la justicia, sino que se trata de la aplicación de otros tipos de justicia”, explica Borrero.

Esta postura, que va en sintonía con lo dicho por Néstor Humberto Martínez, es duramente criticada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y de las víctimas de este delito. Isabel Agatón, del colectivo Cijusticia, aseguró que este tipo de posiciones desconocen que las expresiones más graves de violencia contra las mujeres se gestan en el hogar.

“La violencia intrafamiliar es la antesala al feminicidio, que cada día cobra la vida de 60 víctimas, cuando el conflicto armado deja 23”, dijo Agatón. Para Diana Quigua, abogada de la organización Casa de Mujeres, la postura es un retroceso “legislativo y sociocultural”. Quigua añadió que la propuesta no es novedosa, sino que en realidad regresaría este tipo de violencias a su estado anterior, “cuando este delito era querellable y simplemente se acudía a la conciliación. Por este motivo no había un tratamiento oportuno ni integral, y esto generaba en últimas los feminicidios”.

María Victoria Zambrano, abogada representante de víctimas ante el Concejo de Bogotá, vivió en carne propia este tipo de violencia durante su infancia y como adolescente. Para ella, además de un retroceso, la posición de Martínez “culpa a las víctimas de una situación y no al victimario, pues dice que la ruptura familiar recae en la denuncia, no en el hecho. Además –señaló Zambrano– él (Néstor Humberto Martínez) utiliza la palabra ocasional, y bien sabemos que muchas veces los hechos de violencia son constantes y cíclicos”. También, al igual que las demás mujeres entrevistadas para esta nota (con excepción de Gloria María Borrero), señaló que la solución al problema de congestión en despachos no puede resolverse a costa de la seguridad de las mujeres y los niños.

Zambrano señaló además que “hay una brecha entre la realidad y lo que dicen las normas, que indican que la atención debe ser integral”. Es en este punto donde las dos perspectivas, la de Néstor Humberto Martínez y de las estudiosas aquí entrevistadas, se encuentran. La diferencia radica en que para una de las posturas esta atención integral necesariamente va de la mano con la justicia penal, pues las condenas son en sí mismas formas de prevención. De todas formas, para ambas orillas del debate, es evidente que la violencia intrafamiliar no se resolverá sin que el Estado convierta su eliminación en una prioridad.