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Para la indígena kankuama Érika Patricia Arias Arias, 2020 ha sido un año particularmente difícil. Además de la pandemia del COVID-19 o el delicado estado de salud en el que se encuentra su madre, se enteró hace poco de que su hija venía atravesado un largo calvario que, al parecer, está lejos de acabar. Según le contó a El Espectador, transcurría el mes de marzo cuando se percató de que algo no estaba bien: su hija llevaba dos meses sin pedirle toallas higiénicas. Decidió hablar con ella y, en un primer momento, lo único que la joven contó fue que estaba embarazada.
Afirmó que el papá de su bebé era un hombre que trabajó durante varios años en el quiosco digital de la escuela, pero que ya no trabajaba ahí pues desde el año pasado había sido nombrado cabildo menor (autoridad) del resguardo Rancho de la Goya, en Valledupar (Cesar), lugar donde ocurrieron los hechos. Tras conocer la situación, Erika Arias indicó que, inmediatamente, el padre de su hija se comunicó con este hombre para pedirle explicaciones. Posteriormente, pusieron el caso en conocimiento del Consejo de Mayores, que es la instancia encargada de tratar los problemas, delitos o pleitos en el territorio.
Fue así como el 2 de abril pasado, en cabeza del coordinador general de delegados miembros del Consejo General de Mayores, se realizó un acta de acuerdo en la que el hombre señalado de ser el padre del bebé se comprometió a pagar $130.000 los primeros cinco días de cada mes “con el ánimo de garantizar el bienestar del niño (a) y de la madre para los gastos que genere el proceso de embarazo”. El trato consistió en que cuando naciera el bebé se haría una prueba de paternidad para constatar que, en efecto, él fuera el padre, de lo contrario, la joven debía devolverle el dinero. En esos términos, las partes firmaron el acuerdo. Sin embargo, para Erika Arias, hacer este arreglo fue el peor error.
“Ellos pensaban que era un embarazo acordado, pero luego de firmar ese acuerdo yo le seguí insistiendo a mi hija para que me contara las cosas y fue cuando ella empezó a hablar. Me dijo que él venía abusando de ella desde 2016, es decir, desde que ella tenía 14 años, y que la tenía amenazada para que no nos contara. Que ella le decía que no quería tener relaciones pero él la obligó y la intimidaba afirmando que si decía algo la mataba a ella o se mataba él”, manifestó Erika Arias. Ella, luego de conocer esta versión, salió corriendo a instaurar una denuncia por abuso sexual en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de Valledupar, el 19 de agosto de 2020.
“El señor pagó tres cuotas, dejó de pagar y no hubo ninguna acción por parte de las autoridades del resguardo indígena kankuamo. Yo hablé con el coordinador del Consejo de Mayores y él está de acuerdo con que ese señor sea sancionado, pero me dijeron que le iban a poner un psicólogo a la niña y no hicieron nada. Acudí a las autoridades indígenas porque me dijeron que primero tenía que denunciar ante ellos y luego sí podía pasar a la Fiscalía. Lo que pido es que se haga justicia porque esto inició en el colegio y si lo hizo con mi hija, con cuántas más lo habrá hecho. La hostigó durante años y hasta que no la dejó embarazada, no estuvo tranquilo”, agregó la madre.
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El caso es complejo porque, aunque la joven cumplió la mayoría de edad el 28 de enero, ella afirma que el abuso sexual ocurrió el 14 de ese mismo mes, es decir, cuando todavía tenía 17 años y era menor de edad. Esta versión coincide con la del médico que evaluó el proceso de gestación de la joven, pues para el 12 de junio el galeno determinó que la paciente tenía 22 semanas de embarazo. Además, la joven fue diagnosticada con trastorno de la conducta, una condición que se caracteriza por comportamientos antisociales como irresponsabilidad, agresión física, violar derechos de los otros. En efecto, entre los antecedentes psicológicos de la joven figura una disminución en su desempeño académico, así como varias molestias de salud como desvanecimiento y dolor en las piernas y el tórax.
El caso llegó a oídos de la Asociación Indígena Kankuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta que, rápidamente, asumió el acompañamiento jurídico del caso y ha asesorado a la familia de la joven en todo el proceso. Para Estefanía Carrillo, vocera de la Asociación, es evidente la falta de confianza por parte de los miembros de la comunidad del resguardo indígena en sus autoridades territoriales, pues son sus propios líderes quienes los están violentando. Esto refiriéndose a que, en este caso, el presunto agresor fue un cabildo menor, es decir, una persona revestida de autoridad. En ese sentido, hizo un llamado especial a la Fiscalía para que tome atenta nota del caso y no permita que quede en la impudad.
“Ellos realizaron un acta de acuerdo con ocasión al estado de gestación de la menor, pero dónde queda la gravedad del delito, el acceso carnal violento, ¿va a quedar impune? Es importante la alimentación y manutención de la madre y del bebé, pero estamos dentro de una comunidad que está violentando a sus propios niños. Dónde están las políticas públicas serias a favor de la infancia y adolescencia, si las hubiera esto no estaría ocurriendo porque tuviésemos una cultura de cuidado de nuestros niños”, manifestó Carrillo.
Un problema mayor
Para el abogado Sabas Enrique Álvarez, quien lleva el caso de esta joven, estos hechos de violencia sexual se vienen dando de manera consecutiva en todas las etnias, pero, especialmente, en aquellas en las que los cuadros de mando se permanecen durante mucho tiempo. “He venido diciendo que el pueblo kankuamo está literalmente secuestrado dentro de su territorio, por sus autoridades las cuales vienen haciendo todo lo posible para seguir callando, humillándolos, violándolos. En este caso se trató de un concurso de delitos pues el victimario es una persona que representa una autoridad, primero como profesor dentro de la escuela y luego como cabildo menor”, explicó.
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En defensa de las autoridades kankuamas, Iván Luquez, secretario general del Resguardo Indígena Kankuamo, refirió que dicho acuerdo entre el presunto agresor y la joven se celebró de esa forma porque, hasta ese momento, no se había informado al Consejo de Mayores que se trataba de un delito sexual. “Las autoridades del pueblo tuvieron conocimiento de hechos relacionados con la paternidad y la cuota alimentaria de la joven embarazada, pero no de hechos relacionados con violencia sexual o violación. Si hubiera sido así, las autoridades indígenas no son competentes, toda vez que, desde 2012, todos los delitos sexuales se tratan en la jurisdicción ordinaria, o sea en la Fiscalía”, indicó.
Agregó que cuando conocen este tipo de situaciones en el territorio, se activa una ruta para llevar el caso a la justicia ordinaria y le presentan el caso a la Fiscalía, el ICBF y todas las entidades que sean competentes, para que actúen de forma inmediata. “Reconocemos que hay un incremento en los casos denunciados de violencia sexual al interior del territorio, que es una problemática compleja y que requiere varias actuaciones partiendo de las denuncias y la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Estamos trabajando en la articulación entre autoridades kankuamas y las de la jurisdicción ordinaria para que las investigaciones den resultados, se castiguen a los victimarios”.
¿Qué dice el presunto agresor?
El Espectador habló con la abogada del presunto victimario, cuya versión difiere de la joven kankuama que sería su víctima. Por un lado, negó rotundamente que su defendido hubiera abusado sexualmente de la joven desde que ella tenía 14 años y, por otro, aceptó que probablemente él sea el padre del bebé que ella espera, pero que dicho embarazo habría sido producto de una relación amorosa consentida y conocida por los padres de ella.
“La versión de mi cliente es que iniciando el año tuvo una relación amorosa con ella y ella dice estar embarazada de él. Pero no entiendo por qué hoy la familia está hablando de una relación de más de tres años, cuando esa relación inició este año. Pero es un proceso que está apenas en indagación preliminar, no ha habido imputación de cargos y no hemos conocido los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía para soportar una acusación. Hay que esperar para, por lo menos, hablar de una investigación formal”, manifestó la jurista.
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Añadió que el consentimiento de la relación era tal que su cliente firmó un acuerdo con el padre de la joven, en presencia de las autoridades indígenas, para suministrar una cuota por los gastos del embarazo y - contrario a lo que afirma la mamá de la joven - que su defendido ha cumplido juiciosamente con el pago esas mensualidades. De hecho, que la familia decidió denunciarlo porque, en una ocasión, su defendido se demoró cinco días en cancelar la cuota.
“Lo que me dice es que ha cumplido con los pagos voluntariamente para evitar lo que está pasando en este momento y es que ellos están tratando desmeritarlo y de mostrarlo como un abusador, cosa que no es, porque la adolescente ya estaba en condiciones de decidir si tenía o no una relación con un hombre. Para él, no estaba cometiendo ningún delito porque ella le había dicho que ya era mayor de edad”, insistió la defensora. El caso está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar qué fue lo que pasó y bajo qué circunstancias se produjo el embarazo de esta joven.