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En diciembre pasado, el presidente Gustavo Petro llamó la atención del país al anunciar que, antes de Nochebuena, centenares de jóvenes detenidos en las protestas serían liberados. Aunque las cuentas le fallaron, pues en Navidad solo quedaron libres dos sindicados, desde el Ejecutivo se gestionó un mecanismo claro, hasta ahora legítimo y que cuenta con el aval de la Fiscalía, para darle rodaje al proyecto conocido como los “voceros de paz”. A la fecha, son cuatro los liberados y 17 los postulados para futuras tareas comunitarias. Aunque todavía no son claras las funciones y existen algunas piedras en el camino, la iniciativa promete entregar noticias a cuentagotas durante todo el 2023.
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El pasado 23 de diciembre, la Presidencia reveló la primera foto de Santiago Márquez, tras regresar a la libertad y ser nombrado uno de los primeros voceros de paz del Gobierno. Márquez, de 19 años, es estudiante de Pedagogía y, según explicó el Ejecutivo, ha colaborado en la recolección y entrega de ropa y juguetes para niños de Ciudad Bolívar, una de las localidades marginadas de Bogotá. No obstante, sus antecedentes judiciales, con pruebas de la Fiscalía y Policía, lo tienen bajo investigación por supuestamente haber elaborado “bombas incendiarias y otros artefactos utilizados para confrontar a las autoridades y generar daños”, durante el paro nacional de 2021.
Márquez es uno de los primeros 17 postulados como voceros de paz a quienes el presidente prometió libertad el mes pasado. La designación de todos ellos estuvo a cargo del trabajo articulado entre los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, los cuales conforman la Comisión Intersectorial que allega los perfiles a Petro, para que emita resoluciones individuales a través del Alto Comisionado para la Paz. Esta entidad entrega un documento a la rama Judicial para que los jueces competentes tomen la última decisión. Como explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se contemplará a jóvenes que “tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y cumplir con tareas humanitarias”.
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Ese sería el caso de Adriana Esperanza Bermeo, quien estaba presa en la cárcel El Pedregal, de Medellín, y fue liberada el mismo día que Márquez. La Presidencia la definió como defensora de causas animalistas y líder comunitaria, pero la Fiscalía la tiene bajo imputación y relacionada con el alias de Chapi. Al parecer, habría ayudado a bloquear la avenida Ciudad de Cali, en Bogotá, y retenido un bus del SITP. Aunque Márquez y Bermeo ya están con sus familias, el Ministerio de Justicia anunció que sus procesos penales seguirán en curso, mientras se definen y ejecutan sus funciones como voceros de paz. Es decir, podrán ser llamados a juicio, e incluso condenados, aportando al proyecto gubernamental.
La primera tanda de nombramientos cobijó a siete personas, quienes serían líderes comunitarios y cuyos procesos tiene su origen en desmanes en Bogotá, Neiva y Bucaramanga. El pasado 30 de diciembre, además, el presidente Petro designó a otros 10 voceros de paz. Todos son artistas, gastrónomos o líderes estudiantiles, políticos o sociales; ninguno ha sido condenado. Entre los beneficiados está el artista Andrés Felipe Yara, conocido como Retazos Clown, quien denuncia estar preso como respuesta a su activismo en redes sociales durante el paro nacional. Este 5 de enero, además, un juez de garantías de Bucaramanga dejó en libertad a Briam Cabrales y a David Esteban López, quienes estaban en prisión domiciliaria.
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“Las personas que ingresan al programa de voceros de paz harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria), Unidad para las Víctimas, el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Es importante aclarar que el Estado no asignará salarios a los voceros de paz, ni generará contratos laborales”, agregó la Presidencia.
Por ahora, la Procuraduría puso la primera piedra en el camino al proyecto. Antes de que acabara el 2022, el órgano de control presentó una denuncia contra la jueza Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, quien firmó la boleta que significó el pase real de Márquez y Bermeo a la libertad. Como mencionaron los ministros, la última palabra, siempre, la tendrán los jueces. Según la Procuraduría, Bastidas no tenía competencia para ordenar ambas libertades, dado que, en su concepto, tenía que ser uno de los jueces de garantías que estaba de turno.
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Para la Procuraduría, la jueza Bastidas debía, al menos, haber realizado un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba y no actuar como una “simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”. Y le recriminó a la rama Judicial porque, al parecer, durante el proceso no le habrían permitido participar al procurador judicial designado para ambos casos. La Procuraduría radicó una queja disciplinaria contra la misma funcionaria, la semana pasada, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, esperando que la sancionen como funcionara pública.
Por otro lado, ante la Corte Constitucional, congresistas del Centro Democrático demandaron los artículos de la ley de paz total que dieron vida a la figura de voceros de paz. El representante José Jaime Uscátegui, en principio, señaló que durante el debate de la ley hizo falta el concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Y que se estaría vulnerando el principio de separación de poderes. Para el congresista, la liberación de cualquier persona para ser vocero de paz dependerá de lo que considere el presidente Petro. Uscátegui cree, así como las congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, que eventualmente el presidente podrá liberar a dedo a cualquier recluso.
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Aunque el Inpec ya confirmó la liberación de cuatro jóvenes y la Presidencia ha identificado a 17 postulados, aún no hay un documento claro que defina las funciones de esos voceros de paz y los siguientes que serán nombrados. Petro ya habló de centenares y, cabe precisar, no tendrán ningún tipo de sueldo. Todavía resta saber, además, hasta dónde piensa llegar la Procuraduría con su serie de acciones judiciales. De hecho, constituyó una agencia especial únicamente para verificar el proceso contra la jueza Bastidas. Y, sobre todo, en 2023 se conocerá si los gestores de paz podrán desarrollar sus funciones, mientras la Fiscalía avanza con su trabajo: lograr la condena de sus imputados y acusados.