Vuelven a negar preacuerdo de ficha del desfalco a los Juegos Nacionales de 2015

A más de cuatro años de que destapara el desfalco a los XX Juegos Nacionales, celebrados en Ibagué, Chocó y otras zonas del país, las personas que hicieron parte de este lamentable episodio del deporte colombiano aún sigue respondiendo por los millonarios contratos que no se ejecutaron. Ese es el caso del excontratista de la capital del Tolima Jorge Alexander Pérez, conocido como el “Chatarrero”. En primera instancia, un juez de esa ciudad negó el preacuerdo al que este llegó con la Fiscalía para redimir su pena tras las rejas y devolver parte del dinero del erario del que se apropió ilegalmente.

A más de cuatro años de que destapara el desfalco a los XX Juegos Nacionales, celebrados en Ibagué, Chocó y otras zonas del país, las personas que hicieron parte de este lamentable episodio del deporte colombiano aún sigue respondiendo por los millonarios contratos que no se ejecutaron. Ese es el caso del excontratista de la capital del Tolima Jorge Alexander Pérez, conocido como el “Chatarrero”. En primera instancia, un juez de esa ciudad negó el preacuerdo al que este llegó con la Fiscalía para redimir su pena tras las rejas y devolver parte del dinero del erario del que se apropió ilegalmente.

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Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué volvió a negar esta negociación judicial entre Pérez y el ente investigador del pasado 26 de octubre y conocida en su integridad por este diario. Los tres magistrados de esa corporación señalaron que el trato al que llegó el excontratista, de pagar siete años de cárcel y devolver cerca de 1.500 millones que se habría apropiado que iban a ser destinados para la construcción de la Unidad Deportiva de la calle 42 en Ibagué. Para reunir ese dinero, Chaterrero ofreció entregar nueve predios de su propiedad pero que están embargados.

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“Dos locales comerciales, estimados por el ente acusador en $363 millones; apartamento cuyo valor en escrituras corresponde a $340 millones; dos depósitos por $ 5.5 millones y $9.8 millones; tres parqueaderos cuyos valores en escrituras son $ 20, 14 y 16 millones, y una bodega con avalúo comercial por $980 millones. Existe medida cautelar sobre los bienes (...) solo existe una expectativa de reintegro, en razón a que la situación jurídica de los inmuebles no ha sido resuelta y recaen varios embargos y otras medidas”, dice el Tribunal Superior de Ibagué.

Los abogados de Pérez argumentaron que lo que se espera es que un inmueble incremente su valor con el paso del tiempo, sin embargo, dicho aumento depende de varias circunstancias. “incluso, existen eventos en los que, debido a situaciones como alteración del orden público o social, medidas ambientales o el deterioro natural, el precio de una propiedad en vez de aumentar se disminuye” dicen los penalistas. Sin embargo, los magistrados dicen que no admiten que la Fiscalía y la defensa pretendan demostrar el valor comercial de los bienes sin un avalúo actualizado.

Añadió que “no existe claridad sobre el avalúo real o actual de los bienes, ya que varios de ellos no cuentan con el mismo, por lo que no se podía tener el valor de estos como suficiente para asegurar ni siquiera el 50% del monto apropiado, y que al no poder verificar el cabal cumplimiento” de los requisitos por la ley penal para aprobar el preacuerdo. Pérez fue capturado en septiembre de 2017 junto a otras seis personas: John James Perdomo, Leonardo Bastidas, Raúl Navarro, Leonardo Valero González, Jorge Alexander Pérez y Carlos Alberto Ramírez Quintero. Pérez lleva tres años preso.

Por último, señaló que “le asiste razón al juez de primer grado, en el sentido que no fue posible corroborar el avalúo comercial de los bienes antes relacionados, pues, respecto de varios de ellos, no se efectúo dicho trámite y en cuanto a los otros a pesar de que se practicaron no fueron aportados, motivo suficiente para improbar el preacuerdo (...) ya que al desconocer el valor real de los inmuebles no es posible confirmar el reintegro de la totalidad del incremento obtenido por las conductas punibles objeto de acusación”.

Por estos hechos, La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez (2012 – 2015), por las irregularidades presentadas en la construcción de los escenarios destinados para los juegos de 2015. El Ministerio Público determinó que el entonces funcionario no realizó control ni vigilancia de las obras en construcción, remodelación y adecuación de los distintos coliseos donde se generarían las justas deportivas. A su vez, se encuentra preso preventivamente en la cárcel de El Espinal mientras avanzan dos procesos penales en su contra.

Solo fue cuatro años después del trascendental evento deportivo que los ciudadanos de Ibagué empezaron a ver concluidos los escenarios deportivos que estaban previstos para los juegos de 2015. En octubre de 2019 la Alcaldía Municipal de Ibagué entregó un patinódromo, el estadio alterno de fútbol y la pista de atletismo del Parque Deportivo. Sin embargo, aún no se concreta la construcción de un polideportivo, un tejódromo, una pista de BMX y dos complejos de tenis y acuático.