“Zar de la vigilancia”, Jorge Moreno, condenado a siete años de prisión

Un juez penal de Bogotá acaba de condenar a siete años de prisión a Jorge Moreno, el poderoso excontratista del Estado vinculado a servicios de seguridad y vigilancia. El denominado “Zar de la Seguridad” fue condenado por el delito de fraude procesal ya que, según la Fiscalía, este abogado realizó maniobras irregulares para beneficiar con contratos públicos a empresas que eran socias en sus negocios.

El empresario, según las denuncias públicas del entonces exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que “lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías, al parecer, controladas por el señor Jorge Moreno, conocido como el zar de la seguridad privada”.

El juez del caso, además de ponerle una multa de más de 200 salarios mínimos vigentes, ordenó su captura. Por ende la Fiscalía tendrá que coordinar labores con Interpol, pues se presume que Moreno se encuentra en Estados Unidos. En 2017, las autoridades reportaron su detención en Miami, Florida, en una operación coordinada de la Policía colombiana y la Agencia de Estados Unidos (ICE), pero no fue conducido a Colombia.

Sobre el proceso el juez señaló que “es claro que el procesado ejerció un control de hecho, oculto, sobre varias empresas que participaron en el proceso contractual abierto por EMCALI y cuatro (4) entidades públicas más, comportamiento por el cual puso en riesgo el bien jurídico de la Administración Pública, ya que imponiendo su voluntad, acordó y coordinó alterar ilícitamente cinco (5) procesos licitatorios, desplegando acciones idóneas para obtener un propósito, así el resultado final no fuese el esperado”.

Y añadió que “el acusado es responsable y no hay prueba de que haya actuado amparado por alguna circunstancia excluyente de responsabilidad; tampoco emerge del plenario circunstancia alguna que permita entender que actuó conforme a la ley, de lo cual se desprende que su actuar es antijurídico. Igualmente, no surge evidencia de ninguna naturaleza que sugiera su falta de conocimiento de su actuar delictivo y de su capacidad de auto determinarse para actuar conforme a dicha comprensión, esto es, imputable y sujeto a pena privativa de la libertad”.

Moreno Ojeda ha dicho que “desde enero de 2015 he soportado señalamientos de toda índole con el propósito de que los cuestionamientos que existan se debatan ante un juez, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Y no, como ha sucedido hasta la fecha que utilizan los medios de comunicación como estrados judiciales”.

Esto lo señala porque, según afirmó “me enteré por los medios de comunicación, que registraron una rueda de prensa, que estaba siendo juzgado, ni siquiera acusado, de haber constituido un mal denominado “cartel” de la vigilancia. Sin embargo, a pesar de las innumerables irregularidades procesales, he atendido y lo seguiré haciendo todos los requerimientos tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio, como de la Fiscalía General de la Nación”.

Otros aspectos que resaltó la decisión judicial es que Moreno fue autor en los delitos de acuerdo restrictivo de la competencia y determinador de la conducta de fraude procesal, “al ser el líder de un conglomerado de empresas sobre las cuales ejercía control desde el punto de vista competitivo, es decir, que no son agentes independientes del mercado, sino que obedecen a una misma situación de control que en el fondo quiere decir que es el mismo, pero con distinto nombre o razón social”.

El juez del caso fue más allá y señaló que Moreno “indujo a los representantes legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada para que en su momento presentaran propuestas en los diferentes procesos contractuales, teniendo en cuenta la actividad de control y coordinación ilustrada, impartiendo instrucciones a través del mandato y la asociación, bajo un control financiero, organizacional y criminal, a través de la utilización de actos fraudulentos como propuestas y cartas en las cuales manifestaban que actuaban de manera independiente, induciendo en error a los evaluadores de las entidades públicas”.

Un juez penal de Bogotá acaba de condenar a siete años de prisión a Jorge Moreno, el poderoso excontratista del Estado vinculado a servicios de seguridad y vigilancia. El denominado “Zar de la Seguridad” fue condenado por el delito de fraude procesal ya que, según la Fiscalía, este abogado realizó maniobras irregulares para beneficiar con contratos públicos a empresas que eran socias en sus negocios.

El empresario, según las denuncias públicas del entonces exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que “lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías, al parecer, controladas por el señor Jorge Moreno, conocido como el zar de la seguridad privada”.

El juez del caso, además de ponerle una multa de más de 200 salarios mínimos vigentes, ordenó su captura. Por ende la Fiscalía tendrá que coordinar labores con Interpol, pues se presume que Moreno se encuentra en Estados Unidos. En 2017, las autoridades reportaron su detención en Miami, Florida, en una operación coordinada de la Policía colombiana y la Agencia de Estados Unidos (ICE), pero no fue conducido a Colombia.

Sobre el proceso el juez señaló que “es claro que el procesado ejerció un control de hecho, oculto, sobre varias empresas que participaron en el proceso contractual abierto por EMCALI y cuatro (4) entidades públicas más, comportamiento por el cual puso en riesgo el bien jurídico de la Administración Pública, ya que imponiendo su voluntad, acordó y coordinó alterar ilícitamente cinco (5) procesos licitatorios, desplegando acciones idóneas para obtener un propósito, así el resultado final no fuese el esperado”.

Y añadió que “el acusado es responsable y no hay prueba de que haya actuado amparado por alguna circunstancia excluyente de responsabilidad; tampoco emerge del plenario circunstancia alguna que permita entender que actuó conforme a la ley, de lo cual se desprende que su actuar es antijurídico. Igualmente, no surge evidencia de ninguna naturaleza que sugiera su falta de conocimiento de su actuar delictivo y de su capacidad de auto determinarse para actuar conforme a dicha comprensión, esto es, imputable y sujeto a pena privativa de la libertad”.

Moreno Ojeda ha dicho que “desde enero de 2015 he soportado señalamientos de toda índole con el propósito de que los cuestionamientos que existan se debatan ante un juez, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Y no, como ha sucedido hasta la fecha que utilizan los medios de comunicación como estrados judiciales”.

Esto lo señala porque, según afirmó “me enteré por los medios de comunicación, que registraron una rueda de prensa, que estaba siendo juzgado, ni siquiera acusado, de haber constituido un mal denominado “cartel” de la vigilancia. Sin embargo, a pesar de las innumerables irregularidades procesales, he atendido y lo seguiré haciendo todos los requerimientos tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio, como de la Fiscalía General de la Nación”.

Otros aspectos que resaltó la decisión judicial es que Moreno fue autor en los delitos de acuerdo restrictivo de la competencia y determinador de la conducta de fraude procesal, “al ser el líder de un conglomerado de empresas sobre las cuales ejercía control desde el punto de vista competitivo, es decir, que no son agentes independientes del mercado, sino que obedecen a una misma situación de control que en el fondo quiere decir que es el mismo, pero con distinto nombre o razón social”.

El juez del caso fue más allá y señaló que Moreno “indujo a los representantes legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada para que en su momento presentaran propuestas en los diferentes procesos contractuales, teniendo en cuenta la actividad de control y coordinación ilustrada, impartiendo instrucciones a través del mandato y la asociación, bajo un control financiero, organizacional y criminal, a través de la utilización de actos fraudulentos como propuestas y cartas en las cuales manifestaban que actuaban de manera independiente, induciendo en error a los evaluadores de las entidades públicas”.