La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de tomar una decisión clave en el camino para esclarecer cuáles fueron los lazos que mantuvieron los paramilitares en Córdoba con la clase política del departamento. Esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc y el Estado colombiano avaló el sometimiento de la excongresista Zulema Jattin Corrales, procesada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado y acusada de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) del clan Castaño y Salvatore Mancuso.
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“Al analizar su plan de aporte a la verdad, los magistrados concluyeron que la compareciente, que fue aceptada como agente de Estado no integrante de la fuerza pública, está en condición de aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el Departamento de Córdoba, entre los años 2000 y 2007, “a partir del conocimiento de algunos de los pactos y acuerdos establecidos entre los comandantes de los bloques que operaron en la región y la clase política vigente para ese momento”, según se advierte en la decisión judicial”, señaló la JEP a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la información entregada por Jattin en las audiencias ante esa instancia de la JEP “permitió identificar elementos de seriedad y concreción que contribuyen con los fines del Sistema Integral para la Paz. La compareciente le aportó a la JEP información determinante para construir un contexto global del conflicto armado en el Departamento de Córdoba y las dinámicas que se generaron desde el plano político con la concertación entre los funcionarios la época y los grupos paramilitares de las Auc”.
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Aceptar su sometimiento ante la JEP es el primer beneficio que se le otorga a la compareciente, quien se postuló voluntariamente. Sin embargo, la Sala no le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada que solicitó Jattin. La concesión de este beneficio queda supeditada a los aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición, que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos. Es decir, se mantiene la medida de detención domiciliaria con la que se encuentra cobijada en la actualidad la excongresista, quien fue Senadora y Representante a la Cámara.
La Sala aclaró que la excongresista del Partido de la U seguirá detenida mientras se concretan los aportes de verdad. La JEP los señaló que el beneficio de libertad anticipada, condicional y transitoria también tiene que estar acompañado de “aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición, que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos. Es decir, se mantiene la medida de detención domiciliaria con la que se encuentra cobijada en la actualidad la excongresista, quien fue Senadora y Representante a la Cámara”.
Los hechos por los que estaba siendo investigada Jattin se remontan a 2001 y se habrían extendido hasta 2007 y tienen relación con presuntos apoyos que habría recibido por grupos de autodefensa que operaban en el departamento de Córdoba. En octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia ya había enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso de la excongresista Zulema Jattin, investigada por presuntos vínculos con paramilitares por la voluntad de Jattin de someterse a esa justicia especial. La política, quien hace parte de una de las poderosas familias políticas del departamento está con detención domiciliaria desde 2009.
Zulema Jattin es hija del ex congresista liberal Francisco José Jattin. Ella ocupó diversos cargos, como consultora del PNUD y secretaria privada del Ministerio de Hacienda. Fue concejala de Lorica entre 1995-1997, en donde está parte de su fortín político. Tras las elecciones de 1998, sucedió a su padre en la Cámara de Representantes como congresista del Partido Liberal de donde se retiró para afrontar las elecciones de 2002 junto a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. En 2006 , se unió al Partido de la U y fue elegida senadora con un total de 49.000 votos, aproximadamente.
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