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La balanza del acoso sexual, ya de por sí desigual para quien lo sufre, se inclina aún más cuando se presenta en un escenario de poder. El Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, reconoció lo que la justicia y docenas de organizaciones ya habían vislumbrado antes: que un trabajo, espacios políticos o escenarios gubernamentales o empresariales, puede ser mayor y más dañino el acoso sexual.
A través de un comunicado, la Defensoría aseguró que a partir de este martes, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se lanzará un nuevo canal para que quienes son víctimas de acoso sexual en relaciones de poder tengan caminos más seguros y cortos para encontrar justicia.
El aviso se da tan solo unas pocas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera un expediente judicial que llegó a su despacho y en el que comprobó que incluso en espacios considerados como “seguros” como el trabajo, la universidad o colectivos sociales, se presentan episodios de acoso sexual y, según explicó en la sentencia que resolvió el caso, “no es justificable en ningún escenario”.
“En respuesta a las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para denunciar casos de acoso sexual, especialmente en contextos donde los agresores ejercen una influencia política, social, económica o mediática, la Defensoría del Pueblo ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de denuncia. Este canal busca garantizar un acceso seguro y confidencial a la justicia, así como apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas”, explica el comunicado.
Con el anuncio, la Defensoría, además de poner su grano de arena en la lucha contra la violencia de género, introduce al debate una agresión que, aunque existente, no ha sido muy visibilizada: el acoso sexual laboral. Y es que, aunque las sentencias de este último año de la justicia han logrado demostrar que las insinuaciones, solicitar favores sexuales o incluso enviar contenido pornográfico por los canales laborales, este es un problema de vieja data, dice Mariana Ardila, experta en género y delegada para Justicia Transicional y del Derecho a la Paz de la entidad.
En 2022, por ejemplo, un caso de acoso sexual se presentó en una empresa de Medellín en la fiesta de despedida de año. Los empleadores, al constatar que efectivamente el hombre, quien fungía como gerente, sí había intentado agredir sexualmente a la mujer, quien tenía un rango menor en el organigrama, lo despidieron. Sin embargo, el hombre emprendió un pulso judicial alegando que su despido fue sin “justa causa”. El exgerente aseguraba que su despido fue irregular, porque nunca lo escucharon en descargos, no le iniciaron un proceso disciplinario y cuestionaba porqué no la habían despedido a ella también.
A esos escenarios, dice Ardila, son los que frecuentemente se tienen que enfrentar las mujeres en el contexto de su trabajo o de otras instituciones, como también los colegios, las universidades o la familia. La Defensoría asegura que con el reconocimiento de que existe el acoso sexual laboral y la creación de la directriz, se puede motivar a las mujeres a no quedarse calladas tras ser violentadas en estos ecosistemas.
Iris Marín, defensora del Pueblo, respalda la idea: “Con este mecanismo, se reafirma el compromiso de la Defensoría de proteger los derechos de las mujeres y garantizar que ninguna víctima de acoso sexual en contextos de poder se enfrente a esta lucha sin apoyo”, señaló.
Nuevas formas para prevenir el acoso sexual laboral
La Defensoría reconoce lo que colectivos de mujeres llevan pidiendo durante al menos una década: así como las tecnologías y redes sociales han facilitado mayores y más frecuentes formas de acoso sexual, también deberían servir como herramienta como una forma de hacer justicia frente a esas violencias que, en el Código Penal, son sancionables y en las empresas y organizaciones constituyen, en su mayoría, como “faltas graves” o “causales de despido”.
Así las cosas, la Defensoría hace un recoderis sobre una forma de denuncia ante estos tipos de violencia: el escrache. La nueva directriz de la entidad deja claro que esta acusación (en la que se utilizan las redes sociales para exponer públicamente a un presunto agresor), ya ha sido avalada por la Corte Constitucional como una forma válida de acceder a la justicia y, dado el caso, la Defensoría hará acompañamiento a través de sus funcionarios para asesorar a las víctimas y defenderla en su búsqueda de justicia.
“Consiste en hacer visible, a través de medios públicos como redes sociales, la situación de violencia vivida, señalando al presunto agresor. Este mecanismo no sustituye las denuncias legales, pero es una alternativa para quienes enfrentan barreras en el sistema judicial”, explica la Defensoría.
En el papel, a partir de esta semana las mujeres que han sido hostigadas y acosadas sexualmente en ecosistemas de poder tendrán una nueva herramienta para denunciarlo. Pero en la realidad, explica Ardila, no hay que desconocer que son miles de casos los que quedan en silencio porque, paralelo al intento de abuso sexual, se encuentran usualmente otro tipo de ataques, como disminuir psicológicamente a las víctimas, violencias económicas o también el desconocimiento o desconfianza total hacia la justicia.
Queda esperar si, una herramienta que pretende destapar una violencia invisible, servirá para cumplir realmente su propósito: acercar la justicia a las mujeres que en el pasado encontraron obstáculos, revictimizaciones y procesos judiciales de años luego de haber sido violentadas sexualmente.
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