“A los campesinos, el país no nos ve si no es cuando nos movilizamos”: lideresa

María Esneda Ciro Zuleta, lideresa campesina de la Organización Social Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) es originaria de Ituango (Antioquia), pero desde finales de los 90 llegó hasta la región del Catatumbo (Norte de Santander). Como profesional agrónoma, ha trabajado en la región como lideresa en proyectos de desarrollo para los campesinos. Desde el CISCA, una organización que nació hace 20 años en un contexto de ocupación paramilitar en 2004, ha luchado por los derechos colectivos y territoriales de la población rural.

Durante el conversatorio titulado “Aprendizajes y avances significativos en la restitución de tierras, derechos territoriales y género”, evento desarrollado el 23 y 24 de mayo de 2024 en el Hotel Movich en Rionegro (Antioquia), El Espectador habló con la lideresa sobre las necesidades de los procesos sociales campesinos y, en particular, el campesinado alrededor de la restitución de tierras.

¿Cuáles son las principales necesidades y desafíos relacionados con la tierra en el Catatumbo?

Hay un debate actual sobre la restitución individual y colectiva de tierras campesinas. Nosotros planteamos que la economía campesina es un concepto colectivo, no puede entenderse desde una perspectiva individual. La economía campesina existe y persiste gracias al esfuerzo colectivo, a pesar de que se desarrolla en contextos demasiado desfavorables, sin ayuda de la política pública y en medio de una pobreza extrema que afecta, especialmente, a las mujeres campesinas.

¿Cómo afecta la concentración de la tierra y el conflicto armado al campesinado?

En Colombia, la tenencia de la tierra ha sido un eje central del conflicto armado, lo que ha resultado en una mayor concentración de tierras. Mientras el campesinado produce el 70% de los alimentos, poseemos una pequeña fracción de la tierra. Esta desigualdad se evidencia en índices como el índice de Gini, que muestra que Colombia tiene una de las mayores concentraciones de tierra en una minoría de personas, en comparación con toda América Latina.

Además de la tenencia de la tierra, ¿qué otras necesidades tienen los campesinos?

La pobreza multidimensional refleja la falta de reconocimiento y apoyo del gobierno. La política de seguridad alimentaria ha priorizado la disponibilidad de alimentos sin considerar su origen ni las condiciones en que se producen. Sin embargo, el cambio hacia la política de soberanía alimentaria en el actual Plan Nacional de Desarrollo ofrece una nueva perspectiva, la cual propone que las comunidades produzcan sus propios alimentos de manera cultural, ambiental y socialmente adecuada.

¿Qué implica este cambio hacia la soberanía alimentaria para el campesinado?

Que se abre camino para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, lo cual significaría que el gobierno debe desarrollar políticas específicas para superar la pobreza y mejorar el acceso a la educación, salud, tierra y vivienda. Este cambio también implica un reconocimiento del papel fundamental del campesinado en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria del país.

¿Cómo percibe el conflicto armado actual en el Catatumbo?

Estamos en un momento de recrudecimiento de la guerra, pero no todos los territorios afectados reciben la misma atención. La violencia está centrada en la tierra y los intereses sobre ella, lo que nos pone nuevamente en riesgo de desplazamiento forzado y pérdida de lo que hemos logrado construir como las cooperativas, nuestro tejido comunitario.

¿Qué otras situaciones ejercen poder sobre la tierra y le preocupan actualmente?

La minería, tanto lícita como ilícita, también ejerce presión sobre las tierras. Un ejemplo es el despojo silencioso que enfrentan los campesinos en el páramo de Santurbán, debido a la compra masiva de tierras. Este tipo de presión agrava la situación de despojo y desplazamiento.

¿Qué desafío han enfrentado recientemente en el Catatumbo?

Hemos logrado establecer un diálogo con el gobierno a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a través del pacto por el Catatumbo, que busca una transformación profunda en la región en áreas como salud, educación, infraestructura y conectividad. Sin embargo, el desafío sigue siendo acabar con la marginalización y exclusión de nuestras comunidades por parte de las políticas públicas.

En nuestra región, las instituciones no llegan, hay corrupción y no hay voluntad de eliminarla. La realidad es que el Catatumbo es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados y somos un poco más de 250.000 habitantes. Entonces, el Estado dice que no es posible llegar a todas partes, pero hay cosas que no corresponden ni al conflicto ni a la presencia de actores ilegales, sino que no hemos tenido atención institucional históricamente.

¿Qué importancia tiene el reconocimiento del campesinado en las políticas públicas?

Reconocer y proteger al campesinado es crucial para la seguridad alimentaria y la soberanía del país. La alimentación no es solo una necesidad básica, sino que es un acto político y cultural que define quiénes somos. Producir alimentos de manera local y sostenible es vital para nuestra seguridad y autonomía.

¿Qué mensaje final quiere transmitir sobre la lucha campesina?

Hay un ejercicio de violencia muy tenaz sobre el ser campesino y sobre esa identidad campesina, porque eso está muy asociada a la disputa por la tierra. Nos ven como terroristas y narcotraficantes, marginalizan nuestro trabajo. Nunca nos había visto, entonces es cuando salimos a movilización, cuando cerramos una vía, y decimos que los territorios están bañados en sangre, la única manera en que nos ven en la política pública. Por ello, necesitamos políticas que aborden nuestras necesidades históricas y nos permitan vivir con dignidad y seguridad en nuestros territorios.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

María Esneda Ciro Zuleta, lideresa campesina de la Organización Social Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) es originaria de Ituango (Antioquia), pero desde finales de los 90 llegó hasta la región del Catatumbo (Norte de Santander). Como profesional agrónoma, ha trabajado en la región como lideresa en proyectos de desarrollo para los campesinos. Desde el CISCA, una organización que nació hace 20 años en un contexto de ocupación paramilitar en 2004, ha luchado por los derechos colectivos y territoriales de la población rural.

Durante el conversatorio titulado “Aprendizajes y avances significativos en la restitución de tierras, derechos territoriales y género”, evento desarrollado el 23 y 24 de mayo de 2024 en el Hotel Movich en Rionegro (Antioquia), El Espectador habló con la lideresa sobre las necesidades de los procesos sociales campesinos y, en particular, el campesinado alrededor de la restitución de tierras.

¿Cuáles son las principales necesidades y desafíos relacionados con la tierra en el Catatumbo?

Hay un debate actual sobre la restitución individual y colectiva de tierras campesinas. Nosotros planteamos que la economía campesina es un concepto colectivo, no puede entenderse desde una perspectiva individual. La economía campesina existe y persiste gracias al esfuerzo colectivo, a pesar de que se desarrolla en contextos demasiado desfavorables, sin ayuda de la política pública y en medio de una pobreza extrema que afecta, especialmente, a las mujeres campesinas.

¿Cómo afecta la concentración de la tierra y el conflicto armado al campesinado?

En Colombia, la tenencia de la tierra ha sido un eje central del conflicto armado, lo que ha resultado en una mayor concentración de tierras. Mientras el campesinado produce el 70% de los alimentos, poseemos una pequeña fracción de la tierra. Esta desigualdad se evidencia en índices como el índice de Gini, que muestra que Colombia tiene una de las mayores concentraciones de tierra en una minoría de personas, en comparación con toda América Latina.

Además de la tenencia de la tierra, ¿qué otras necesidades tienen los campesinos?

La pobreza multidimensional refleja la falta de reconocimiento y apoyo del gobierno. La política de seguridad alimentaria ha priorizado la disponibilidad de alimentos sin considerar su origen ni las condiciones en que se producen. Sin embargo, el cambio hacia la política de soberanía alimentaria en el actual Plan Nacional de Desarrollo ofrece una nueva perspectiva, la cual propone que las comunidades produzcan sus propios alimentos de manera cultural, ambiental y socialmente adecuada.

¿Qué implica este cambio hacia la soberanía alimentaria para el campesinado?

Que se abre camino para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, lo cual significaría que el gobierno debe desarrollar políticas específicas para superar la pobreza y mejorar el acceso a la educación, salud, tierra y vivienda. Este cambio también implica un reconocimiento del papel fundamental del campesinado en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria del país.

¿Cómo percibe el conflicto armado actual en el Catatumbo?

Estamos en un momento de recrudecimiento de la guerra, pero no todos los territorios afectados reciben la misma atención. La violencia está centrada en la tierra y los intereses sobre ella, lo que nos pone nuevamente en riesgo de desplazamiento forzado y pérdida de lo que hemos logrado construir como las cooperativas, nuestro tejido comunitario.

¿Qué otras situaciones ejercen poder sobre la tierra y le preocupan actualmente?

La minería, tanto lícita como ilícita, también ejerce presión sobre las tierras. Un ejemplo es el despojo silencioso que enfrentan los campesinos en el páramo de Santurbán, debido a la compra masiva de tierras. Este tipo de presión agrava la situación de despojo y desplazamiento.

¿Qué desafío han enfrentado recientemente en el Catatumbo?

Hemos logrado establecer un diálogo con el gobierno a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a través del pacto por el Catatumbo, que busca una transformación profunda en la región en áreas como salud, educación, infraestructura y conectividad. Sin embargo, el desafío sigue siendo acabar con la marginalización y exclusión de nuestras comunidades por parte de las políticas públicas.

En nuestra región, las instituciones no llegan, hay corrupción y no hay voluntad de eliminarla. La realidad es que el Catatumbo es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados y somos un poco más de 250.000 habitantes. Entonces, el Estado dice que no es posible llegar a todas partes, pero hay cosas que no corresponden ni al conflicto ni a la presencia de actores ilegales, sino que no hemos tenido atención institucional históricamente.

¿Qué importancia tiene el reconocimiento del campesinado en las políticas públicas?

Reconocer y proteger al campesinado es crucial para la seguridad alimentaria y la soberanía del país. La alimentación no es solo una necesidad básica, sino que es un acto político y cultural que define quiénes somos. Producir alimentos de manera local y sostenible es vital para nuestra seguridad y autonomía.

¿Qué mensaje final quiere transmitir sobre la lucha campesina?

Hay un ejercicio de violencia muy tenaz sobre el ser campesino y sobre esa identidad campesina, porque eso está muy asociada a la disputa por la tierra. Nos ven como terroristas y narcotraficantes, marginalizan nuestro trabajo. Nunca nos había visto, entonces es cuando salimos a movilización, cuando cerramos una vía, y decimos que los territorios están bañados en sangre, la única manera en que nos ven en la política pública. Por ello, necesitamos políticas que aborden nuestras necesidades históricas y nos permitan vivir con dignidad y seguridad en nuestros territorios.

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