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Dos años después de que la sentencia histórica despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, persisten barreras para acceder a este derecho. A pesar de enfrentar ataques políticos y judiciales, tales como iniciativas antiaborto y solicitudes de nulidad en contra de la sentencia, el movimiento Causa Justa, el cual defiende los derechos reproductivos, ha logrado importantes avances en su implementación.
Dentro de las amenazas, Causa Justa resalta dos iniciativas de referendo antiaborto, las cuales fracasaron por falta de apoyo ciudadano, y sobre las que el movimiento social denunció irregularidades. Además, fueron presentadas un total de 17 solicitudes de nulidad contra la sentencia histórica, las cuales fueron desestimadas por la Corte Constitucional en su totalidad, demostrando la contundencia del movimiento en la defensa de los derechos reproductivos.
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Para el movimiento, todo esto ha sido producto de su lucha y las ha llevado a conseguir resultados contundentes. “Es increíble ver cómo este movimiento sigue actuando de manera articulada para proteger nada menos que la libertad reproductiva. Y lo hace a través de argumentos; con acciones, con fuerza, con trabajo y convicción”, afirma Ana Cristina González Vélez, integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera de Causa Justa.
Además de haber reaccionado en el plano legal, la organización ha impulsado el alcance de medidas importantes como la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección y la Directiva 009 de 2023 de la Fiscalía. Los dos documentos respaldan la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el sistema de salud y la reducción de la acción penal en casos de aborto.
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Las barreras que se mantienen para acceder al aborto
Según datos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la organización pionera del movimiento Causa Justa, al comparar el primer año y siete meses de implementación de la sentencia con el periodo anterior, se evidencia un aumento del 30% en las asesorías y acompañamientos legales que llevan a cabo.
También indican que se observó un incremento en el número de mujeres que consultaron antes de la semana 14 de gestación (pasando del 33% al 53%). Al mismo tiempo, se registró una disminución en el porcentaje de mujeres que consultan después de la semana 15, pasando de un 54% a un 34%.
Por su parte, la Fundación Oriéntame, una de las principales prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva en el país, y también miembro de Causa Justa, destaca que entre febrero de 2022 y septiembre de 2023, más del 90% de los abortos realizados en sus clínicas se dieron en las primeras 12 semanas de gestación. “Estos datos confirman que las mujeres están solicitando información oportuna y accediendo al servicio de aborto tan pronto como les es posible, lo que constituye un gran avance”, detalla Causa Justa.
Sin embargo, persisten las desigualdades en el acceso aun cuando se han dado todos estos avances. Son las regiones vulnerables, donde la discriminación, la falta de información y la carencia de infraestructura se configuran como barreras significativas para el acceso al aborto seguro.
La Fundación Oriéntame calcula que, entre febrero de 2022 y septiembre de 2023 (un año y siete meses después de la sentencia), el 6% de las mujeres colombianas que accedieron a una IVE en la entidad lo hicieron después de la semana 12, en comparación con el 14% de mujeres extranjeras, que en su mayoría son de origen venezolano. Para la organización, esto pone en evidencia las barreras que enfrentan estas mujeres, incluida la solicitud de requisitos adicionales relacionados con la acreditación de su estatus migratorio.
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Al respecto, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi afirma que el estado de la implementación de la sentencia reproduce la exclusión que sufren las mujeres que habitan zonas periféricas, así como la violencia estructural que recae sobre las personas de bajos recursos o que por su condición étnica enfrentan barreras y negaciones de los servicios.
Por ejemplo, en zonas del Pacífico como Buenaventura (Valle del Cauca) y Guapi (Cauca), donde la mayoría de la población es afro, la estigmatización en torno al aborto hace que las mujeres no puedan obtener información oportuna al respecto, que reciban retaliaciones por la búsqueda y acceso a servicios, y que deban desplazarse largos trayectos en medios de transporte no seguros para acceder a la atención. Lo anterior, teniendo en cuenta que a partir de la semana 12, las mujeres deben ser remitidas de Buenaventura a Cali.
Por ello, dice el Observatorio Universitario que, en muchas regiones, no se cuenta con la suficiente infraestructura hospitalaria para practicar abortos en todas las edades gestacionales. Esto se suma a la falta formación técnica, jurídica y en derechos humanos con enfoque de género al personal de salud. Lo que condiciona a que las mujeres deban desplazarse a otros municipios para lograr ser atendidas, incluso costeando los procedimientos, o que no puedan acceder a ellos.
Por esta razón, el estudio de Icesi recomienda realizar la adopción de enfoques interculturales para la aplicación de la sentencia, una que comprenda las diversas condiciones de las mujeres para acceder a su derecho al aborto.
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Aunque persisten amenazas y barreras, la Corte Constitucional se mantiene a favor del reconocimiento de la libertad reproductiva, y reconoce enfáticamente que el derecho al aborto es intransferible y debe garantizarse de manera equitativa para todas las mujeres, independientemente de su origen étnico o creencia religiosa.
Sobre esto, por ejemplo, el alto tribunal anuló dos sentencias de su propia autoría en las que interpretó mal la sentencia histórica que en febrero de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24. Dos mujeres indígenas, una de ellas de 12 de años, fueron las afectadas por el error de la Corte.
Entre tanto, Causa Justa continúa consolidando su presencia como un movimiento nacional; trabajando por la implementación efectiva de la sentencia y la eliminación de las barreras que aún enfrentan las mujeres. Es por ello que el movimiento hace un llamado a los prestadores de servicios de salud y a las autoridades públicas para que garanticen una atención integral, digna, sin discriminación y barreras en la IVE.
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