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Entre estos esfuerzos se destaca la alianza entre la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Programa Justicia Inclusiva de USAID que se dio en el 2023, a través de un memorando de entendimiento para promover la resolución pacífica de conflictos en poblaciones vulnerables. Desde entonces, a través de los servicios del consultorio jurídico de la universidad, se ha brindado asesoría y representación legal gratuita en el municipio de Guapi, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad que tenían consultas en áreas como derecho de familia, civil, comercial, laboral y administrativo.
Esta alianza también ha permitido la capacitación de Jueces de Paz y Mediadores Comunitarios en Cali y sus alrededores que recibieron formación en redacción de actas y manejo de conflictos, para fortalecer sus capacidades para promover la paz y la justicia en sus comunidades. Así mismo, durante el 2023 más de 57 jueces recibieron formación presencial en colaboración con el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con miras a expandir estas acciones a 2025.
La intervención en Guapi también ha sido clave; allí se ha priorizado la asesoría jurídica gratuita a través de la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia. Este compromiso ha permitido brindar soluciones en beneficio de la paz, la justicia y la reconciliación, eliminando barreras económicas y de ubicación que impiden a muchos ciudadanos acceder a la justicia tradicional. Los mecanismos de seguimiento de las asesorías legales y los protocolos para tratar casos sensibles, como la violencia de género, han asegurado una atención rigurosa y ajustada a las normativas vigentes.
La formación de Mediadores Comunitarios en Cali ha sido otro avance significativo, pues hemos podido preparar a líderes comunitarios para actuar como facilitadores en la resolución de conflictos locales. Esta iniciativa reconoce la labor esencial que estos mediadores desempeñan en la promoción de la convivencia pacífica y la cohesión social, otorgando herramientas para fortalecer el tejido social y prevenir conflictos en su origen.
Todo este proceso la articulación del Programa Justicia Inclusiva de USAID y el Consultorio Jurídico ha sido un modelo efectivo para sumar aprendizajes y mejorar las estrategias de intervención. Esta colaboración ha enriquecido los enfoques para atender las necesidades específicas de las comunidades, ampliando las redes de apoyo y fortaleciendo el acceso a recursos y conocimientos esenciales para los líderes locales. En conjunto, estos esfuerzos han aportado a la consolidación de una sociedad más inclusiva y pacífica, en la que el acceso a la justicia se percibe no solo como un derecho, sino como un compromiso de todos los actores involucrados.
En un contexto en el que el acceso a la justicia suele ser un privilegio distante, estas iniciativas ofrecen un ejemplo de cómo la coordinación institucional y comunitaria puede transformar vidas. Es por eso que, en un país tan diverso como el nuestro, la justicia necesita ser accesible y adaptada a las realidades locales. Es aquí donde la continuidad de estas alianzas y el fortalecimiento de estos esfuerzos se perfilan como una inversión en paz y desarrollo que trasciende las fronteras y las generaciones.
*David Felipe Polo- Máster en derecho y experto en métodos alternativos de solución de conflictos
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