A menos de un kilómetro de la Casa de Nariño empezó a funcionar desde esta semana la nueva sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El edificio será el segundo centro de operaciones que la ANT tendrá en la capital.
La sede tendrá la tarea de acelerar la formalización de predios en Colombia. Es decir, otorgar una seguridad jurídica a quienes poseen una finca o parcela de que ese lugar donde viven es legalmente suyo. Según sus objetivos, la nueva oficina deberá cumplir en cuestión de meses la formalización de más de 170.000 predios.
“La informalidad de la tierra lo único que ha servido es para condenar al campesino a la pobreza. Es por esto que el objetivo es formalizar, lo que implica acceder al crédito, al proyecto productivo y garantizar seguridad jurídica. Es importante reconocer que esta estrategia es parte integral de la implementación del Acuerdo de Paz”, explicó Felipe Harman, director de la ANT.
Una alianza estratégica
Al evento asistió Jeremiah Carew, subdirector de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que, a partir de este mes, trabajará de la mano con la ANT para saldar los reclamos en torno a la desigualdad y poco acceso a la tierra en Colombia.
Este trabajo conjunto hace parte de un acuerdo de entendimiento entre las dos partes que tiene varios objetivos. El primero de ellos es cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz que versa sobre la reforma rural integral y garantizar que la tierra sea un lugar de producción y construcción de paz en vez de un campo donde se originan disputas y se acentúa el conflicto armado.
La segunda meta de la alianza le apunta a mejorar el panorama de tierras que hay en Colombia a través de la actualización del catastro, la inversión en tierras campesinas y la titulación masiva a los campesinos y comunidades étnicas.
El proyecto entre las dos agencias está principalmente enfocado a 11 municipios que, según explicó Usaid a este diario, datan de problemas territoriales de casi medio siglo. Uno de ellos, por ejemplo, es Tumaco (Nariño), que de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no tiene información, ni sabe quién es el dueño de qué parcela, en el 70 % del municipio. Además, en Tumaco hubo presencia y dominio total de las Farc por 16 años, lo que impidió que las disputas territoriales, como los linderos, las servidumbres o las titulaciones de tierras, se hicieran de forma legal.
“Esperamos tener para 2025 un catastro actualizado en Tumaco y demostrar que, si los líos territoriales en ese municipio pueden ser solucionados, en cualquier otra parte se puede replicar el experimento, pues Tumaco tiene asuntos de cultivos ilícitos, comunidades étnicas, minas antipersonal e incluso un catastro desactualizado desde 2014″, contó Javier Flores, subdirector del programa Nuestra Tierra Próspera de Usaid.
Los municipios que se verán beneficiados de esta nueva sede en Bogotá, que además de más personal y tecnología tendrán apoyo de Usaid, son algunos de los que cuentan con los problemas más álgidos en términos de tierras. Aparte de Tumaco está Cáceres (Antioquia), Sardinata (Norte de Santander) o Ataco, un lugar de Tolima donde habitan 600 familias indígenas Pijao que llevan desde el Siglo XX reclamando la constitución de sus resguardos y la defensa de sus territorios.
“Gracias al trabajo articulado con la ANT se está dando un paso hacia un mejor futuro, especialmente para las comunidades rurales, en la implementación de las políticas de tierras, para que la Reforma Agraria sea eficiente y así llegar a más campesinos que llevan años esperando por su título de propiedad. Estamos comprometidos con el cambio, el proceso y el bienestar de las familias”, aseguró Jeremiah Carew, que supervisa la alianza entre las dos agencias y está proyectada hasta 2026.
El acuerdo entre la ANT y Usaid podría cambiar el tablero de las tierras en Colombia, con una actualización de los registros catastrales vigentes y faltantes, para así, avanzar en entregas, formalización y titulación de tierras.
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