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Andrea lleva dos años en la Comisaría de Familia del Tambo (Cauca), entró gracias a un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y desde entonces se ha encargado de fomentar el acceso a la justicia en el territorio.
“Yo tenía acercamiento a este municipio porque mi madre ha sido docente durante 10 años, aproximadamente, entonces es un territorio cercano y yo tengo la oportunidad de entrar a la Comisaría ya con un enfoque profesional”, añade.
La misión de Andrea, incluso desde antes de entrar a la comisaría, cuando hacía investigación enfocada en los derechos humanos, es que se cambie ese “sentido tan cerrado que se le ha dado a estos lugares”, en los que se ven como simples oficinas en las que se atiende el derecho de la familia, sin aplicar ningún tipo de enfoque.
“Es poder ver el enfoque de género, principalmente por el tema de violencia intrafamiliar, que es tan fuerte, pero también todo lo que tiene que ver con el enfoque interseccional, porque el territorio tiene población indígena, afro, y pues el tema del conflicto”, dice Andrea.
El reto con el que lucha esta joven y sus otros colegas es ese imaginario que se ha creado respecto a lo que son las Comisarías de Familia y para qué sirven, pues la comunidad, cuenta, suelen verlas como lugares permeados, con atención, en ocasiones, precaria y que no siempre resuelve las peticiones o problemáticas. Y a esto se suma la financiación, pues al ser financiados directamente por la Administración Municipal del municipio, dependen del recaudo que se haga.
“A veces siento que es la Comisaría contra el mundo, porque atendemos a víctimas, principalmente en los casos de violencia intrafamiliar, pero ponle que de todas las entidades que hacen parte de nuestra ruta solo la Comisaría de Familia por mandato legal es quien toma la medida de protección, estas medidas muchas veces son acompañadas por la Policía Nacional, pero por orden público no se pueden escalar más allá de la cabecera, entonces los casos que tenemos en las veredas que hacen parte de la periferia, esa protección a las víctimas recae principalmente en la Comisaría”, añade.
Solo en lo corrido del año, por ejemplo, la Comisaría de Familia de El Tambo registra más de 39 casos de violencia, de los que, mayoritariamente, las víctimas son mujeres y sin contar los casos de violencia sexual. Y además de su labor y seguimiento de las medidas de protección, deben encargarse de los procedimientos de restablecimientos de derechos.
“Ya con mi trabajo aquí, obviamente, me doy cuenta de que es muy necesario tener esta comisaría, yo la veo como un espacio en el que la justicia puede ser general, para la familia, para todos los hechos de violencia que se presentan en el contexto familiar, pero también para otros tipos de violencia que se salen del contexto como el riesgo de reclutamiento y la desvinculación de los niños, es impactante”, cuenta.
En su labor diaria, Andrea también se encarga de otros dos panoramas: casos que se pueden conciliar, por ejemplo, el tema de alimentos, el reconocimiento de paternidad o la fijación de custodias, para garantizar los derechos, principalmente, de los niños y adolescentes, divorcios, separaciones de compañeros permanentes; y también los pleitos que no son conciliables en los que hay vulneraciones.
“Todo eso se lleva dentro de la Comisaría, al día de hoy tenemos más de 300 casos desde el primero de enero. De casos conciliatorios son más de 117. De mi parte, siempre he tratado de mejorar ese acercamiento a la comunidad, más allá de la atención que prestamos. Si no que somos un equipo muy pequeño para la atención de todos estos casos, entonces el trabajo preventivo muchas veces se queda de lado, y eso sería ideal”, añade.
Andrea dice que esa es la pelea más grande que han luchado, que se fortalezcan las comisarías para que haya un mayor trabajo preventivo, para que haya una mayor garantía en sus labores, pues a veces, deben actuar “como si fuera un semáforo” atender lo más urgente y lo demás queda rezagado.
Las iniciativas y los anhelos
En esa montaña rusa de esfuerzos y logros, Andrea y sus compañeros de la Casa de Justicia, también han hecho espacio para el desarrollo de iniciativas que permitan ayudar a que la ciudadanía mejore su acceso a la justicia. Una de ellas enfocada en tratar de erradicar la violencia basada en género, por medio de un mecanismo articulador que funciona como una instancia nacional, departamental y municipal.
“Vamos a tener representantes de la sociedad civil, de la comunidad LGBTIQ+, de jóvenes de los resguardos, de los consejos comunitarios, presidentes de juntas, y vamos a socializar los datos para que la comunidad vea cuál es la realidad y poder poner en marcha una ruta.
“Vamos a estar en esa jornada ahorita en noviembre y es un insumo muy importante porque, a partir de ahí, vamos a poder hacer un trabajo preventivo bien contextualizado, pues hasta el momento no hay como algo concreto. Esto va a ser un insumo muy importante que nos da el contexto del territorio y a partir de ahí vamos a poder hacer un trabajo preventivo”, precisa.
Estos pasos, que da su territorio en materia de prevención y acceso a la justicia, emocionan a Andrea y a las comunidades, quienes ven una puerta abierta para mejorar la convivencia y, aún más importante, reducir la violación de derechos y las víctimas, en ocasiones mortales.
“Estar en una comisaría es un buen lugar si uno tiene como ese sentimiento de querer hacer algo por la comunidad, de querer hacerlo bien, es un buen lugar porque uno tiene el contacto directo. Uno no va a cambiar todo lo que funciona mal del sistema judicial, pero el poder atender bien a una víctima, escucharla, acompañarla, protegerla, ya eso vale la pena, esa es la motivación”, cuenta Andrea.
A futuro, esta abogada, enfocada al trabajo social y los derechos humanos, espera que haya un mayor espacio para la protección y tratamiento de la salud mental, no solo para las víctimas, sino también para los agresores, para poder hablar de un impacto mucho más completo.
La unión hace la fuerza
Con el objetivo de que las Comisarías de Familia cuenten con más recursos para su labor, el Programa de Justicia Inclusiva de USAID ha enfocado su apoyo en impulsar la creación de la estampilla para la justicia familiar, con la que se pretende hacer más viable y fácil su financiamiento, pero ¿Cómo funciona esta estampilla?
Para entenderlo hay que remitirnos a la Ley 2126, “por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia” y en cuyo artículo 22 se hace referencia a la estampilla familiar, la cual, en otras palabras, se trata de un impuesto del 2% a los contratos públicos para poder destinar estos recursos a las Comisarías y que estas puedan ofrecer un servicio digno e integral.
La contribución a la financiación de las comisarías, dice la Ley, “se destinará a financiar los gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación a las Comisarías de Familia, conforme el estándar de costos que, para tal efecto, establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho como ente rector”.
Justicia Inclusiva, entonces, ha apoyado el proceso de emisión de estampillas, así como el proceso de elaboración y expedición de los acuerdos para crear esta estampilla que, al final, beneficia a toda la comunidad. En total se han apoyado 42 municipios y aún queda camino por recorrer, pues se estima, con cifras de la Procuraduría y el MinJusticia, que 1.122 zonas de todo el país deberían aprobarlas.
A la par, el trabajo del Programa ha estado en el fortalecimiento de las competencias de los comisarios mediante encuentros, talleres y otras actividades pedagógicas para que comisarias como Andrea puedan ejercer su labor con más garantías.
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