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Hace dos meses que en zona rural de Turbo (Antioquia) mataron a la adolescente Burapuna Domicó Domicó luego de que, al parecer, fuera abusada sexualmente. Su caso enlutó a los pueblos indígenas del departamento, pues la joven pertenecía a la comunidad Embera Eyabida y desde 2019 no se registraba entre ellos un feminicidio. Desde entonces, las mujeres de la Organización Indígena de Antioquia buscan que el caso no quede en la impunidad, a la par que mueven voluntades en distintas entidades del estado, y de sus propios cabildos, para erradicar las violencias basadas en género.
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“Sabemos que si esto no se hace debidamente y no se tiene justicia con la celeridad que necesitamos, puede desencadenar en una situación mucho más lamentable”, le dijo a El Espectador Nury Yagari, asesora jurídica de la consejería de mujer indígena de la OIA, y la abogada que ha estado impulsando el caso en todas las instancias posibles. Por la labor que vienen haciendo desde hace años hacen parte, por ejemplo, del comité de prevención del feminicidio y de la mesa departamental de erradicación de la violencia de género, a donde llevaron el caso. Pero sus acciones van más allá.
“Hemos iniciado diálogos con las mujeres de manera directa para enfatizar que hay unas violencias que para las mujeres indígenas de los territorios son invisibles y hay que empezar a sacar todo eso que hay ahí”, explicó Yagari. La abogada, que lleva años asesorando a la OIA, explicó, por ejemplo, que sus acciones incluyen diálogos con las autoridades judiciales, así como con las autoridades tradicionales de los resguardos y procesos de formación para que las mujeres indígenas lleguen a esos cargos de decisión.
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El panorama de violencias al que se enfrentan las mujeres indígenas explica la urgencia de estas acciones. En un informe sobre violencias de género en pueblos étnicos, publicado en 2019 por Medicina Legal, se exponía que Antioquia fue el departamento con mayor número de lesiones fatales (que incluyen homicidios y suicidios) en los que las víctimas fueron mujeres de pueblos indígenas y afro, con 70 casos. El 13% de esas muertes violentas, a nivel nacional, fueron catalogadas como violencia de pareja, el 7% como feminicidios y el 6% como casos de violencia contra niñas y adolescentes.
Adicionalmente, el informe concluyó: “Los estereotipos y construcciones sociales en torno a las mujeres de las diferentes etnias, las sitúa en desventaja para la garantía de sus derechos y para el acceso a denuncia, ya por usos y costumbres internas (violencia en nombre de la tradición) o ya porque hay discriminación, exclusión social o barreras administrativas o actitudinales en las comunidades y en las instituciones”. Esos desafíos están lejos de superarse, pero hay muchos esfuerzos en marcha que ya han comenzado a rendir frutos.
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Por ejemplo, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres, viene trabajando con la OIA para, en sus palabras, disminuir la “tolerancia social” que existe hacia este tipo de violencias. Con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid han podido formar a mujeres lideresas en Urabá. “Hace poco terminamos unos encuentros para dialogar sobre la justicia y para revisar cómo está nuestra justicia propia para los pueblos indígenas”, explicó Nury Yagari.
La Secretaría le dijo a El Espectador que esta alianza les ha permitido “escuchar la voz de las mujeres, sus saberes y sentires respecto al acceso a la justicia tanto propia como ordinaria y la necesidad de continuar trabajando por el reconocimiento a una vida libre de violencias desde las necesidades del lugar que ocupan en sus territorios”. A partir de esas experiencias, la entidad ha identificado que es urgente articular a la jurisdicción indígena con el objetivo de erradicar las violencias de género.
La abogada Yagari lo dijo así: “Uno sabe que hay autoridades indígenas que están negando el acceso a la justicia. Eso no lo podemos ocultar y también hay que denunciarlo, cuando hay autoridades que se dedican a tapar los hechos violentos en contra de las mujeres y se van en favor de los agresores, eso hace que la impunidad sea reinante en las comunidades”. Pero las barreras a las que se enfrentan las mujeres indígenas no están únicamente al interior de sus comunidades, ni solo en la justicia propia.
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Hablando con las mujeres se han encontrado todo tipo de talanqueras en la justicia ordinaria. “Nos han llegado muchas quejas de compañeras indígenas que dicen que van a las comisarías de familia y no les reciben el caso; se los devuelven que porque tienen una autoridad, en las fiscalías los casos no avanzan”, explicó Yagari. De hecho, la abogada dio una cifra preocupante: “De los casos que hemos denunciado en Fiscalía, no tenemos uno solo que hayan resuelto hasta el momento”. A esto deben sumarse barreras como la lengua, pues muchas víctimas no dominan el español.
Así, con mediación del programa Justicia Inclusiva de Usaid han podido dialogar con funcionarios de la justicia ordinaria para explicarles todas estas preocupaciones. A su vez, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia explicó que tienen una estrategia para brindar “formación, sensibilización y acompañamiento a los operadores de justicia, a los prestadores de servicios de salud, a quienes están encargados de la activación de rutas de protección”.
La entidad explicó que, además, se han dedicado a la atención directa de víctimas, a través de una línea dedicada exclusivamente a atender denuncias de violencias de género. Desde que la línea se puso en marcha, en 2020, han atendido a 86 mujeres indígenas. Asimismo, han acompañado tres casos de mujeres indígenas que pidieron medidas de protección por violencia intrafamiliar. En dos de los casos, ya se lograron acuerdos para que las mujeres vuelvan a sus hogares.
Según dijo la entidad, en este camino han identificado que, “las mujeres indígenas son generalmente violentadas en el ámbito privado, al revisar la actividad económica, principalmente se encuentran buscando trabajo o se dedican a oficios del hogar, situación que aumenta las vulnerabilidades”. Según Nury Yagari, hablar con todas las partes a ellas les ha permitido identificar los vacíos que tiene el Estado para atenderlas y piensan, próximamente, presentarle una propuesta a la justicia ordinaria de cómo podría llenarlos.
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