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Mejorar el acceso y la confianza en la justicia. Ese es uno de los ejes principales del proyecto periodístico Justicia Inclusiva de El Espectador, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y que fue presentado a través de un panel este martes 30 de mayo. El encuentro contó con la participación de líderes y lideresas de diferentes comunidades, así como con representantes de la institucionalidad, quienes abordaron el tema de acceso a la justicia desde sus puntos de vista, compartieron experiencias de sus comunidades y hablaron sobre los retos y soluciones para alcanzar ese derecho.
La conversación inició con las intervenciones de Fidel Cano Correa, director de El Espectador; Anupama Rajamaran, directora de Usaid Colombia; y Amalia Eraso, líder del equipo de Justicia y Seguridad de Usaid Colombia, quienes hablaron sobre la importancia de fortalecer la confianza en la justicia colombiana, resaltando los casos de éxito que desde diferentes sectores se han presentado en la consecución de la justicia y explicando las razones que motivan a las comunidades a ir en búsqueda de ese derecho.
Posteriormente, Leidy Rosario Pai Nastacuas, lideresa indígena de la comunidad Awá Unipa; Neil Quejada, líder afro del Urabá; Patricia Corrales, conciliadora en equidad en Miranda (Cauca); Luis Fernando Lozano, comisario único de familia en Montería (Córdoba); y Jhoana Delgado, viceministra para la Promoción de la Justicia, se sentaron en la mesa para hablar sobre justicia. Desde sus campos y experiencias, cada uno desglosó los puntos más importantes sobre cómo acceder a ese derecho, qué falta para lograrlo y cómo la ciudadanía puede encontrar esos caminos.
“La persona, desde la visión afro diaspórica, se puede entender desde una palabra sagrada afro: Ubuntu. Esta palabra hace referencia a la persona no como mero individuo, sino como una territorialidad que involucra una colectividad”. Así resumió Neil Quejada Mena, autoridad ancestral de los pueblos afro de la región de Urabá, cómo se centra la justicia en las personas de su comunidad. Para el líder es de vital importancia que el concepto de la justicia sea un campo abierto, donde caben cosmovisiones indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
"La Constitución del 91 no nos reconoce como una jurisdicción especial y esta iniciativa nos permite articularnos con la justicia ordinaria con el fin de construir ciudadanías desde los tejidos culturales ancestrales": Padre Nell #JusticiaInclusiva@USAID_Colombia @JusInclusiva pic.twitter.com/Yt7n6sDneF
— Justicia Inclusiva (@EEjustinclusiva) May 30, 2023
“Es importante pensar en otras formas de administrar justicia, diferentes a lo que comúnmente se conoce, y en ese ámbito es muy propicio el diálogo entre saberes judiciales o institucionales y saberes ancestrales”, añadió. De acuerdo con Quejada, “la justicia en nuestra comunidad no está centrada en lo punitivo, sino en el rescate de la construcción de una sociedad donde nadie se pierda, sino que cuando se infringe la norma, que no está atada solo en un código civil, sino a un código con la naturaleza, pueda ser llamado a la restauración”.
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El acceso a la justicia, sin embargo, también tiene diferentes aristas. En el caso de Patricia Corrales, conciliadora en equidad desde 2015 en Miranda (Cauca), es el diálogo la principal herramienta para que la ciudadanía pueda resolver sus conflictos; una vía directa hacia la paz. “Primero hay que conocer al ser como tal. Muchas veces se va primero al tema legal, pero, creo que lo primero es reconocer al ser humano, quien tiene sentimientos, emociones y vive una realidad específica” señaló.
Escuchar al otro. Ese es el objetivo, dijo Corrales, para llegar a una empatía durante un conflicto de cualquier tipo, pues si se escucha con atención “la sinergia cambia”. “La conciliación en equidad lo que genera es que nos podamos escuchar y podamos entender las razones de las reacciones de las partes. Hay que saber primero de los seres humanos y luego concentrarse en el tema jurídico”, señaló.
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Una postura similar adoptó Leidy Rosario Pai Nastacuas, lideresa indígena de la comunidad Awá Unipa, basada en Barbacoas (Nariño), quien confirmó que a través del diálogo es que se logra articular los sistemas de justicia ancestral y jurisdicción ordinaria. “Yo debo caminar varios días para llegar a las vías que encaminan a la justicia ordinaria. Esto implica que hay que tener una visión más profunda de lo que somos como colombianos, pues es complicado el acceso para nosotros”, dijo como ejemplo.
Para Pai Nastacuas las cosas son muy claras: se necesitan espacios en los que se respeten las tradiciones y se les permita a las comunidades indígenas ejercer la justicia ancestral y, además, se deben articular caminos entre la jurisdicción ordinaria y la justicia propia. Uno de los casos que resaltó la lideresa para identificar la necesidad de esa unión de diálogo son las violencias basadas en género que se viven al interior de su comunidad.
“Hemos visto muchas dificultades en el acceso a la justicia, sobre todo en los jóvenes y las mujeres. No recibimos ayuda inmediata o mecanismos de prevención. Para prevenir debemos saber cómo respetar el territorio, empezando por respetar los espacios sagrados. Hablamos de la armonía desde la familia. Es importante que nuestras autoridades propias tengan conocimiento sobre estos temas”, agregó la lideresa Awá.
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A su turno, Jhoana Delgado, viceministra para la Promoción de la Justicia, resaltó las labores de los conciliadores en equidad y de las casas de justicia. “El programa de casas de justicia tiene mayor amplitud en el tiempo, se ha mantenido. Para este programa, el Ministerio hace un apoyo técnico; el municipio que requiera una casa de justicia presenta una solicitud y la cartera se encarga de hacer los análisis para poder establecer cuáles son las condiciones idóneas para que allí tengan la oferta de todos los sistemas”, agregó la viceministra. De acuerdo con Delgado, un factor importante a tener en cuenta respecto a estos centros es que no solo se brinde una oferta de justicia. “Muchas veces necesitan orientación”, añadió.
Un caso particular es el de Luis Fernando Lozano, comisario de familia en Montería. Con un punto crucial para recalcar: es el único en una ciudad con más de 550.000 habitantes. Basándose en su experiencia, explicó: “Hay comisarios que están solos, sin equipos, pues desde las autoridades locales no hay un fortalecimiento a su gestión. El hecho de que seamos pocos comisarios en una región se traduce como negar el acceso a la justicia. Cuando una mujer tiene que desplazarse desde un punto lejano para llegar a la casa de justicia es un impacto negativo frente a ese acceso”.
Para el comisario Lozano, quien ha tenido que sacar de su bolsillo para pagar los transportes para ir a atender una denuncia, lo principal es fortalecer la confianza sobre el acceso a la justicia. En los casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar, explicó, muchas mujeres se abstienen de denunciar porque no hay confianza. “Teniendo una capacidad de respuesta oportuna, nos estamos ganando esa confianza en la sociedad civil”, dijo, dejando ver que el panorama cambiaría para bien si hay atención a sus labores.
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Para él, hay riesgos de alto calibre, pues aunque las denuncias se interponen en contra de los victimarios, estos muchas veces permanecen junto a la víctima durante más de 30 días mientras el proceso avanza. “La ley nos dice que en los próximos 10 días después de la denuncia, debemos escuchar descargos y emitir un fallo, un proceso muy expedito, pero para hacer esto en los tiempos establecidos se necesita de equipos y un personal idóneo”, aseguró.
Como insistió la viceministra Delgado, cada comunidad cuenta con problemáticas distintas en sus territorios, y los servicios de justicia buscan atenderlos a todos y cada uno de una forma descentralizada. Sin embargo, el llamado es al diálogo y a la unión por parte de los líderes que todos los días ven como el acceso a la justicia debe empezar a mejorar. En el cubrimiento que comienza Justicia Inclusiva, a partir de este 30 de mayo, El Espectador pone la lupa en los esfuerzos que se hacen alrededor del país por cerrar esas brechas, avanzar en la resolución de casos y que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema de justicia.
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