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Arnobys* recuerda que, antes de que los conciliadores en Equidad llegaran a la vereda Tigre 1 en Caucasia, los conflictos sociales los arreglaban los grupos armados que hacen presencia en la zona. Cuando un vecino, por ejemplo, corría un lindero de una finca para quitarle terreno a otra persona, la queja se interponía ante el comandante paramilitar que estuviera patrullando. Los castigos, frecuentemente, eran trabajos forzados, multas económicas altas y humillaciones frente a la comunidad. En casos más extremos, los grupos armados solucionaban los problemas a golpes o atentando contra la vida.
Esa imagen se repite en todo el país, sobre todo en las zonas rurales donde hay ausencia de Estado y en las que los actores ilegales asumen ese rol de autoridades frente a la población. No es una situación nueva en la región del Bajo Cauca Antioqueño, en la que se enfrentan las Agc (Clan del Golfo) y otras estructuras paramilitares como Los Caparros, con grupos como el ELN y algunas disidencias de las Farc. En muchos de esos municipios, el Estado sólo llega a través del Ejército de manera intermitente y, en algunas ocasiones, dice la población, más como un riesgo que como una garantía de seguridad.
Sin embargo, desde 2008 algunas personas comenzaron a implementar la figura de “conciliadores” en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza. Levis Gulfo, uno de los actuales conciliadores, resume la historia diciendo que el proceso nació en 2008, por iniciativa de varios líderes sociales que fueron capacitados por la Universidad Católica del Oriente en Rionegro (Antioquia). “En ese año, las personas pedían conciliadores civiles como una propuesta para disminuir la conflictividad y la guerra que había en ese momento en este municipio”, dijo.
Ese año, fueron formados 10 conciliadores y cuatro años después, en 2012, el proceso fue formalizado a través del Acuerdo 020 de la alcaldía municipal. Eso significa que, a partir de ese año, los conciliadores se ganaron un espacio para que su funcionamiento se volviera ley municipal. En 2015, el proceso siguió consolidándose a través de la escuela de justicia comunitaria de la Universidad Nacional y en diciembre de 2022, el programa Justicia Inclusiva de USAID apoyó la consolidación de la primera red de conciliadores en el país, que suma a más de 15 personas de cinco municipios del Bajo Cauca.
La coordinadora general de toda la red en el Bajo Cauca es Carmen Orozco, una mujer que lleva más de 10 años como conciliadora de Equidad y que señala que los pasados 11 y 12 de mayo, en Caucasia, recibieron por primera vez capacitaciones del Ministerio de Justicia para avanzar en el trabajo judicial que hacen de manera empírica. “El Ministerio nos hizo simulacros de audiencias y nos capacitaron en actualización de procedimientos conciliatorios, manejos de conciliación de la audiencia y diligenciamiento de actas”, dijo.
El representante del Ministerio que los capacitó fue Sebastián Tabares, quien pertenece al programa nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Durante esos dos días, en la Universidad Remington del municipio, también participaron de un taller de cartografía de conflictividades en la ruralidad con la que pudieron identificar algunos riesgos de su labor, en medio del conflicto armado.
Para ejemplificarlo, basta con recordar el paro minero vivido por más de 25 días en la región del Bajo Cauca en marzo de este año. Lina Macera, otra conciliadora de la región, aseguró que ese fue uno de los momentos más álgidos para su labor y que, durante tres semanas, no pudieron recibir casos ni denuncias en las Casas de Justicia. “Estábamos completamente encerrados, no teníamos forma de movilizarnos, había horarios que nos obligaban a cerrar el lugar y nadie se acercaba a ninguna diligencia”.
Por eso, uno de sus focos más importantes fue fortalecer el equipo de conciliadores en los cinco municipios para mantener comunicación sobre las condiciones de seguridad. En Caucasia, Cáceres, Nachí y El Bagre y Zaragoza, los representantes de cada lugar se articularon con la secretaría de Educación y de Gobierno de Antioquia, para facilitar su trabajo en territorio. “Poder tener estos respaldos institucionales es lo que nos permite que sigamos prestando un servicio en estas zonas, porque se establecen reglamentaciones”, contó Carmen Orozco, la coordinadora de la Red.
La figura de conciliadores no es nueva en Colombia. Funciona en todo el país como una forma de dirimir conflictos a través de personas capacitadas por el Ministerio de Justicia y que se convierten en autoridades judiciales. Su elección no es fortuita: cada aspirante debe ser postulado por una comunidad (social, religiosa o étnica), en la que certifiquen que conocen al participante y que tiene las aptitudes para asumir el rol. Ningún conciliador tiene como requisito ser profesional o tener conocimientos previos en derecho o leyes, pero sí deben pasar unos exámenes de aptitudes técnicas para asumir el cargo.
Por ejemplo, Levis Gulfo, entró a ser conciliador en Caucasia en 2010 siendo un bachiller. “Pero como vi que me gustaba participar de las audiencias de conciliación y que podía tener futuro en eso, me capacité y pude estudiar Derecho, para aportar más a la comunidad. Pero no soy profesional para estar por encima de nadie, sino para tener conocimientos técnicos que pueda aportar a la red de conciliadores de Caucasia”, mencionó.
En el Bajo Cauca Antioqueño, los conciliadores aseguran que se han ganado el respeto de la comunidad y de los mismos grupos armados para poder ejercer su trabajo sin presiones o interferencias. Margarita*, una de las conciliadoras de zona rural, que pidió reserva de su identidad, explicó que las situaciones diarias o cotidianas a las que se enfrentan en la red es, justamente, a solucionar problemas en zonas donde usualmente los grupos armados ejercen presión. “Pero ellos le han advertido a la gente que puede solucionar sus problemas o con ellos o con nosotros. Y la gente ha preferido hacerlo a través nuestro”.
*Nombres cambiados a petición de las fuentes
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