En Colombia, la alfabetización sigue siendo causante de brechas. Según lo explica Sebastián Saldarriaga, líder de la Escuela de Lectores de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Biblored), estas se recrudecen en contextos rurales y étnicos, en donde los niveles de desalfabetización pueden alcanzar las dos cifras versus un 2 % que tiene una ciudad como Bogotá.
“Las cifras del Ministerio de Educación muestran que la tasa de analfabetismo a nivel nacional es de 5,2 %, si se mira el contraste con municipios incluidos en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), allí la cifra está por 14 %. Además, entre los cinco departamentos que tienen dos dígitos están La Guajira y El Chocó, entonces uno se da cuenta de que son departamentos con un componente étnico importante”, comenta Saldarriaga.
Y si bien esta desigualdad aún tiene varios asuntos que atender, como el abandono del Estado y las instituciones, esta no solo se reduce a saber leer o escribir, porque dice el líder de la Escuela de Lectores, “cada vez más gente puede hacerlo”, sino a conocer otros lenguajes y formas de acceder a información importante para, por ejemplo, proteger los derechos humanos. Se habla, entonces, de casos como el analfabetismo digital o del analfabetismo en temas jurídicos. A este último, precisamente, le viene apostando la Biblioteca Pública La Marichuela.
Ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá, esta biblioteca realiza procesos de alfabetización jurídica, lo que se traduce en enseñar a la comunidad nociones básicas sobre este tema como las rutas de atención disponibles para la protección de sus derechos, que aprendan a poner un derecho de petición o escribir una tutela.
Para Cardona estas herramientas son muy importantes para la comunidad, teniendo en cuenta que esta zona cuenta con siete UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) las cuales están divididas en 120 barrios y 17 veredas. Para que haga cuentas, del total del suelo de la localidad, 86% corresponde a suelo rural, 10% a suelo urbano y 4% a suelo de expansión urbana.
Con lo que no era raro que los habitantes de la localidad llegaran a la biblioteca más que a leer a buscar respuestas a sus dudas jurídicas, “cómo ponerle una tutela a la EPS”, “cuándo se puede pasar un derecho de petición” o “cómo hacer un contrato”.
“La alfabetización jurídica surge por la necesidad de los habitantes de la localidad al estar tan alejados de los consultorios jurídicos de las universidades y de una apuesta de la responsabilidad social de la Universidad Católica de Colombia. Se hizo una articulación para que estudiantes hagan su práctica en la biblioteca y hagan estas jornadas de acompañamiento jurídico”, comenta Diana Cardona, coordinadora de la Biblioteca.
La presencia de estos estudiantes empezó a permitir que las personas: jóvenes, niños y adultos mayores, no solo resolvieran sus dudas varias, sino que también empezaran a aprender sobre derechos humanos. Uno de los temas abordados es el de la ley de infancia y adolescencia para que los jóvenes sean conscientes de que pueden infringir la ley y, por lo tanto, tener que atenerse a consecuencias legales.
“Estuvimos trabajando muy fuerte en decirles que el ciberacoso, el bullying, las riñas, eran delitos que aplicaban desde los 14 años; para los adultos mayores los temas más consultados son las sucesiones, los derechos de petición, las tutelas a las EPS; y a los niños les explicamos cuáles son sus derechos, no son conscientes de que tienen derechos a jugar, a la educación, a la salud, todos estos temas han sido tratados allí”, dice Cadona.
Para la coordinadora, las bibliotecas públicas no pueden quedarse solo con la misión de garantizar el acceso a los conocimientos, a la cultura y la información, sino también situarse en el territorio para crear vínculos con las comunidades y ayudarlos con las desigualdades que los aquejan, por ejemplo, en materia de acceso a la justicia.
Los retos del analfabetismo
Precisamente, Saldarriaga señala que otra de las dificultades que se ha presentado a la hora de reducir la desalfabetización es que las instituciones públicas “sean más situadas”, es decir, no aplicar la misma enseñanza para todas las personas, entendiendo que cada comunidad (o individuo) cuenta con realidades y necesidades diferentes. “Vemos casos en los que hay diferencias en las expresiones y la comunicación en general en comunidades como los migrantes, los trans o incluso los trabajadores informales”.
“Lo deseable sería situar el conocimiento y el pensamiento conjuntamente con las comunidades, partiendo desde los saberes, las particularidades humanas, la diversidad cultural, las condiciones naturales de cada territorio. Por ejemplo, el español es importante, sin duda, pero el fortalecimiento de las lenguas nativas también lo es, entonces es ver eso”, dice Saldarriaga.
Para el líder, entender que hay diferentes formas de acercarse y entender los textos, tanto en el contexto jurídico como el tradicional, es clave para que las diferentes instituciones y actores puedan llegar a esas poblaciones que han estado históricamente marginadas o con un bajo acceso a la educación. “Yo ahí rescataría y resaltaría la importancia histórica de procesos de educación popular e iniciativas que han nacido de la misma sociedad civil para desarrollar procesos comunitarios en torno a la alfabetización y por supuesto, no se puede negar que es un tema muy instalado en las iniciativas públicas a niveles territoriales. Es un tema que es y se debe mantener relevante”, añade.
Los siguientes pasos, dicen los expertos, deben estar encaminados al reconocimiento de que no solo se debe buscar la alfabetización tradicional (entendida como saber leer y escribir) sino también explorar y fortalecer otras alfabetizaciones que enriquecen a las comunidades y, por ejemplo, en el caso de La Marichuela, les ayudan a fomentar una sociedad más justa.
“La relación entre el analfabetismo y la justicia es muy importante y, además, muy profunda. Si yo sé leer o escribir, puedo ser más capaz de entender ordenamientos jurídicos, las leyes que me cobijan y saber cómo exigir mis derechos, mientras que si no lo hago, se me va a dificultar más hacer efectivos mis derechos, hacer reclamaciones. Lo jurídico tiene sus propios códigos y la gente necesita conocerlos”, añade Saldarriaga.
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