Casas de justicia: cuando las oportunidades se sobreponen a los desafíos
El programa de Justicia Inclusiva ha apoyado la atención que brindan 27 Casas de Justicia en Antioquia, Bolívar, Sucre, Chocó, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.
Han pasado casi 30 años desde que el Estado colombiano llevó las Casas de Justicia a los territorios, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia. Y este tiempo ha sido aprovechado para mostrar que es posible superar los retos estructurales en el acceso a la justicia y que estas entidades se conviertan en espacios en los que desescalar conflictos y solucionar problemas a través del diálogo se vuelve una posibilidad.
Según explica el Ministerio de Justicia y del Derecho, las Casas de Justicia se conciben como “un modelo de atención para el acceso a la justicia en donde se ofrecen servicios de información, orientación, resolución de conflictos y se aplican y ejecutan los mecanismos de justicia formal y no formal existentes en el municipio”, todo esto de manera gratuita.
Y allí se reúnen profesionales de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Registraduría y otras entidades locales o distritales, como la Personería Distrital, Comisarías de Familia, la Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, operadores de los Mecanismos de Resolución de Conflictos, entre otros.
Para conocer más sobre su funcionamiento, retos y oportunidades, El Espectador habló con coordinadores y funcionarios de Casas de Justicia en algunas regiones que han estado marcadas por la ausencia de presupuesto o limitadas por las barreras geográficas. En todos los casos, los funcionarios coinciden en que, aunque la justicia atraviesa tiempos de escasos recursos, las Casas de Justicia han podido ver que su trabajo y el esfuerzo de sus funcionarios ha valido para que la justicia sea un derecho en lugar de un privilegio, esto apoyado en programas y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
Cambio de paradigma
Uno de los argumentos principales que tuvo el Estado para crear las Casas de Justicia en 1995 versaba sobre concentrar la institucionalidad en un solo lugar. Si Fiscalía, Comisaría, Medicina Legal y otras instituciones se encontraban reunidas en un edificio, aquellos que buscaran justicia no deberían someterse a cientos de trámites o arriesgarse a encontrar puertas cerradas en sus reclamos.
Si bien ha habido docenas de modificaciones en la legislación que le dio vida legal a las Casas, hay quienes defienden que su propósito, aunque enfrentando retos, ha sido cumplido. Luz Ángela Andrade, coordinadora de la Casa de Justicia de Aguablanca en Cali, por ejemplo, asegura que, aun con este panorama, se han podido sortear obstáculos como la violencia, el bajo presupuesto o la desconfianza hacia la institucionalidad.
“Vemos que los ciudadanos ya tienen una desconfianza a la justicia por el ping-pong, que es prácticamente que nadie escuche sus reclamos y los redirigen a otra institución. Aquí, con vocación, solucionamos temas elementales como arriendos, custodias o demandas de alimentos y puedo decir que hemos transformado vidas. Los problemas se pueden solucionar y los daños curar. Más que un servicio de justicia, es una invitación al diálogo”, cuenta Andrade.
En su trabajo, considera que se ha logrado fomentar que Cali, que hace menos de dos décadas ocupó el ranking de las ciudades más violentas del mundo, apunte a ser una capital del diálogo y del desescalamiento de conflictos. En muchos escenarios han llegado casos “fuertes” a Aguablanca, pero con la mediación de Andrade y la articulación entre las entidades, las controversias se solucionan con una charla, un apretón de manos y un delito o una violencia que fue evitada.
Henry Ruiz, un abogado que dirige la Casa de Justicia de Apartadó, en Antioquia, asegura que se ha encontrado con varios retos, pero ninguno ha sido imposible de solucionar. El primer que encontró el coordinador fue intentar impartir justicia en una región como Urabá que aún convive con los recuerdos de un conflicto armado que persiste desde los 80.
“En el papel, las casas de justicia se diseñaron para reunir la institucionalidad en un mismo lugar, pero las hemos transformado para cambiar paradigmas y apostarle al experimento de transformar la sociedad hacia una que dialogue y solucione sus conflictos”, dice Ruiz. Y por esta línea va el concepto del centro de estudios Dejusticia, que asegura que entre los principales retos de estos espacios está una buena administración, para que se garantice que haya una articulación y un verdadero acceso a la justicia.
Un trabajo en subida
Sin embargo, entre los retos que se suman a la lista y en específico a la Casa de Justicia de Apartadó, son las barreras geográficas para que la comunidad pueda llegar a la entidad y viceversa. Al respecto, Ruiz reunió a su equipo y, con el apoyo del programa de Justicia Inclusiva de USAID, ha logrado diseñar estrategias para poder llegar a corregimientos y veredas en donde la justicia es de difícil acceso.
El programa se ha centrado en apoyar la mejor en la atención que brindan 27 Casas de Justicia y tres centros de convivencia ciudadana en Antioquia, Bolívar, Sucre, Chocó, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. El apoyo, se basa en un modelo de triage que prioriza los asuntos urgentes y guía a la persona desde que solicita los servicios hasta que se resuelve su caso.
Entre los conflictos que se pueden solucionar en una Casa de Justicia aparecen los de orden familiar, como controversias entre compañeros permanentes o cónyuges, controversias por alimentos y herencias; los que rehacen sobre bienes inmuebles, como conflictos por arrendamiento o daños en las estructuras; por deudas, como problemas con bancos o faltas de pago.
También problemas con los vecinos, como ruidos, la disposición de basuras, daños a la propiedad, chismes; conflictos en el trabajo, como controversias con el empleador, problemas en el lugar de trabajo, reclamaciones por derechos laborales; conflictos con el Estado, como el cobro de impuestos, o daños causados por el Estado y conflictos relacionados con el Sistema de Seguridad Social como pensiones, citas médicas o aseguradoras.
Tanto Ruiz como Andrade coinciden en que ofrecer justicia desde los municipios es una tarea complicada, pero que gracias a su vocación y a un buen equipo de trabajo, han logrado cerrar brechas que en el pasado eran acrecentadas por la violencia, el conflicto y la incapacidad de solucionar los problemas con diálogo. “Con la Casa de Justicia, aunque hagamos acciones pequeñas, ganamos todos: las personas involucradas, el municipio al ver un problema menos y, por supuesto, Colombia al avanzar hacia una cultura de paz”, concluye Ruiz.
Las historias de Aguablanca y Apartadó son similares a las de, al menos, 115 Casas que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, funcionan hoy en Colombia y a pesar de los retos, trabajan por la ciudadanía.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Han pasado casi 30 años desde que el Estado colombiano llevó las Casas de Justicia a los territorios, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia. Y este tiempo ha sido aprovechado para mostrar que es posible superar los retos estructurales en el acceso a la justicia y que estas entidades se conviertan en espacios en los que desescalar conflictos y solucionar problemas a través del diálogo se vuelve una posibilidad.
Según explica el Ministerio de Justicia y del Derecho, las Casas de Justicia se conciben como “un modelo de atención para el acceso a la justicia en donde se ofrecen servicios de información, orientación, resolución de conflictos y se aplican y ejecutan los mecanismos de justicia formal y no formal existentes en el municipio”, todo esto de manera gratuita.
Y allí se reúnen profesionales de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Registraduría y otras entidades locales o distritales, como la Personería Distrital, Comisarías de Familia, la Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, operadores de los Mecanismos de Resolución de Conflictos, entre otros.
Para conocer más sobre su funcionamiento, retos y oportunidades, El Espectador habló con coordinadores y funcionarios de Casas de Justicia en algunas regiones que han estado marcadas por la ausencia de presupuesto o limitadas por las barreras geográficas. En todos los casos, los funcionarios coinciden en que, aunque la justicia atraviesa tiempos de escasos recursos, las Casas de Justicia han podido ver que su trabajo y el esfuerzo de sus funcionarios ha valido para que la justicia sea un derecho en lugar de un privilegio, esto apoyado en programas y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
Cambio de paradigma
Uno de los argumentos principales que tuvo el Estado para crear las Casas de Justicia en 1995 versaba sobre concentrar la institucionalidad en un solo lugar. Si Fiscalía, Comisaría, Medicina Legal y otras instituciones se encontraban reunidas en un edificio, aquellos que buscaran justicia no deberían someterse a cientos de trámites o arriesgarse a encontrar puertas cerradas en sus reclamos.
Si bien ha habido docenas de modificaciones en la legislación que le dio vida legal a las Casas, hay quienes defienden que su propósito, aunque enfrentando retos, ha sido cumplido. Luz Ángela Andrade, coordinadora de la Casa de Justicia de Aguablanca en Cali, por ejemplo, asegura que, aun con este panorama, se han podido sortear obstáculos como la violencia, el bajo presupuesto o la desconfianza hacia la institucionalidad.
“Vemos que los ciudadanos ya tienen una desconfianza a la justicia por el ping-pong, que es prácticamente que nadie escuche sus reclamos y los redirigen a otra institución. Aquí, con vocación, solucionamos temas elementales como arriendos, custodias o demandas de alimentos y puedo decir que hemos transformado vidas. Los problemas se pueden solucionar y los daños curar. Más que un servicio de justicia, es una invitación al diálogo”, cuenta Andrade.
En su trabajo, considera que se ha logrado fomentar que Cali, que hace menos de dos décadas ocupó el ranking de las ciudades más violentas del mundo, apunte a ser una capital del diálogo y del desescalamiento de conflictos. En muchos escenarios han llegado casos “fuertes” a Aguablanca, pero con la mediación de Andrade y la articulación entre las entidades, las controversias se solucionan con una charla, un apretón de manos y un delito o una violencia que fue evitada.
Henry Ruiz, un abogado que dirige la Casa de Justicia de Apartadó, en Antioquia, asegura que se ha encontrado con varios retos, pero ninguno ha sido imposible de solucionar. El primer que encontró el coordinador fue intentar impartir justicia en una región como Urabá que aún convive con los recuerdos de un conflicto armado que persiste desde los 80.
“En el papel, las casas de justicia se diseñaron para reunir la institucionalidad en un mismo lugar, pero las hemos transformado para cambiar paradigmas y apostarle al experimento de transformar la sociedad hacia una que dialogue y solucione sus conflictos”, dice Ruiz. Y por esta línea va el concepto del centro de estudios Dejusticia, que asegura que entre los principales retos de estos espacios está una buena administración, para que se garantice que haya una articulación y un verdadero acceso a la justicia.
Un trabajo en subida
Sin embargo, entre los retos que se suman a la lista y en específico a la Casa de Justicia de Apartadó, son las barreras geográficas para que la comunidad pueda llegar a la entidad y viceversa. Al respecto, Ruiz reunió a su equipo y, con el apoyo del programa de Justicia Inclusiva de USAID, ha logrado diseñar estrategias para poder llegar a corregimientos y veredas en donde la justicia es de difícil acceso.
El programa se ha centrado en apoyar la mejor en la atención que brindan 27 Casas de Justicia y tres centros de convivencia ciudadana en Antioquia, Bolívar, Sucre, Chocó, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. El apoyo, se basa en un modelo de triage que prioriza los asuntos urgentes y guía a la persona desde que solicita los servicios hasta que se resuelve su caso.
Entre los conflictos que se pueden solucionar en una Casa de Justicia aparecen los de orden familiar, como controversias entre compañeros permanentes o cónyuges, controversias por alimentos y herencias; los que rehacen sobre bienes inmuebles, como conflictos por arrendamiento o daños en las estructuras; por deudas, como problemas con bancos o faltas de pago.
También problemas con los vecinos, como ruidos, la disposición de basuras, daños a la propiedad, chismes; conflictos en el trabajo, como controversias con el empleador, problemas en el lugar de trabajo, reclamaciones por derechos laborales; conflictos con el Estado, como el cobro de impuestos, o daños causados por el Estado y conflictos relacionados con el Sistema de Seguridad Social como pensiones, citas médicas o aseguradoras.
Tanto Ruiz como Andrade coinciden en que ofrecer justicia desde los municipios es una tarea complicada, pero que gracias a su vocación y a un buen equipo de trabajo, han logrado cerrar brechas que en el pasado eran acrecentadas por la violencia, el conflicto y la incapacidad de solucionar los problemas con diálogo. “Con la Casa de Justicia, aunque hagamos acciones pequeñas, ganamos todos: las personas involucradas, el municipio al ver un problema menos y, por supuesto, Colombia al avanzar hacia una cultura de paz”, concluye Ruiz.
Las historias de Aguablanca y Apartadó son similares a las de, al menos, 115 Casas que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, funcionan hoy en Colombia y a pesar de los retos, trabajan por la ciudadanía.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador