Las dudas y problemas legales que miles de colombianos tienen a diario pueden solucionarse en un solo lugar: las Casas de Justicia. Desde hace más de una década existen estos centros, creados como una apuesta del Ministerio de Justicia, para acercar la justicia a los ciudadanos y orientarlos frente al acceso a la justicia.
Desde acudir para recibir orientación sobre cómo identificar y denunciar la violencia intrafamiliar, hasta solucionar trámites administrativos, estas entidades ofrecen más de 15 servicios de manera gratuita a quien lo solicite.
El decreto que reglamenta las Casas de Justicia asegura que la oferta institucional debe estar reunida en una misma edificación para que los ciudadanos puedan resolver docenas de problemas o inquietudes que se dan a diario. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena, usted podrá encontrar funcionarios y trabajadores de diferentes instituciones del Estado, como Fiscalía, Defensoría, Instituto de Medicina Legal o consultorios de apoyo psicosocial.
Así pues, una persona puede dirigirse a las decenas de casas para denunciar, asesorarse, radicar denuncias e incluso consultar en qué va alguno de sus procesos con la justicia. Una mujer que ha sido víctima de violencia de género, por ejemplo, tiene la posibilidad de recibir atención médica, psicológica, iniciar una denuncia en Fiscalía y recibir medidas de protección por parte de la Comisaría de Familia.
Esta idea de las Casas de Justicia facilita los trámites de los ciudadanos y, en lugar de que sean los colombianos quienes gastan tiempo y recursos en acceder a justicia, puedan encontrar a las instituciones en cada uno de estos centros.
Según el Ministerio de Justicia, estos lugares están diseñados para orientar al ciudadano sobre sus derechos, prevenir el delito, luchar contra la impunidad y facilitar el uso de la justicia formal (...) a la vez que se promueven mecanismos alternativos de resolución de conflictos (...) de forma gratuita”.
De acuerdo con información que conoció El Espectador, en Colombia hay 115 Casas de Justicia y al menos 42 centros de convivencia donde las personas pueden solucionar sus conflictos. Hay departamentos, sin embargo, que no tienen ni una sola de estas entidades en su territorio, como lo son Amazonas o Arauca.
¿Qué servicios ofrecen?
- Comisaría de Familia
Estas entidades son el primer escalón para acceder a la justicia cuando hay violencia intrafamiliar u otro tipo de agresiones en los contextos domésticos. Su función, regulada desde hace 30 años, consiste en brindar atención jurídica y psicológica a quienes hayan visto sus derechos vulnerados, y trabajar para que se restablezcan. Tienen la potestad de emitir medidas de protección a mujeres o niños agredidos y, además, facilitar la resolución de conflictos.
También ofrecen servicios de “terapias individuales de parejas, en grupo; realiza seguimiento a los casos atendidos en la Casa de Justicia y, además, apoya la labor de las demás entidades que actúan dentro de la casa o el centro”, explica en su página web.
- Policía Nacional
Los uniformados están a disposición para proteger y brindar ayuda a quienes lo soliciten y estén en frente a una agresión inminente. Sus funciones, reguladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, les ordena que sean veedores de procesos de conciliación y “siempre que no se trate de situaciones de violencia, ejecutar la orden de restitución en casos de tierras comunales”.
- Personería distrital o municipal
Los funcionarios de la Personería tienen la tarea de proteger y procurar el respeto de los derechos de quienes acuden a las Casas de Justicia. En otras palabras, su trabajo consiste en que los funcionarios hagan correctamente su trabajo y vigila cualquier violación al debido proceso (es decir, el orden corriente que debe seguir cualquier trámite). Su tarea también está orientada a atender a personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado para que puedan encontrar justicia.
- Fiscalía General de la Nación
Su presencia en las Casas de Justicia se basa en investigar y hacer cumplir el Código Penal. Es decir, que los fiscales que estén en estos espacios tienen la capacidad de iniciar procesos penales contra quienes vulneren los derechos o infrinjan las normas. Su función consiste en investigar estas acciones, revisar si constituyen un delito y, si es el caso, acusar a quienes son presuntos infractores.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Su trabajo principal es salvaguardar los derechos de la familia y especialmente de los menores de edad a través de defensores. Este instituto tiene la capacidad legal de determinar cuándo un niño o niña se encuentra en riesgo en su entorno y decidir qué es lo mejor para protegerlo.
Además, cuando alguien menor de 18 años comete un delito, el ICBF entra a ser el representante de esta persona y hace veeduría sobre el proceso, investigación y, si es el caso, condena por haber violado la ley.
- Instituto Nacional de Medicina Legal
Su trabajo se traduce en ofrecer un peritaje médico a presuntas agresiones físicas que se denuncian en las Casas de Justicia, por ejemplo, si una mujer es víctima de violencia sexual. “A través de sus dictámenes forenses se puede identificar las condiciones médico-legales de un hecho delictivo cometido”, asegura la entidad.
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