“Las mujeres se están muriendo esperando justicia”: Liga de Mujeres Desplazadas

La Liga de Mujeres Desplazadas también se ha manifestado en contra de la violencia sexual en el conflicto armado.

Foto: Liga de Mujeres Desplazadas

Patricia Guerrero se formó como abogada, fue jueza y continúa su camino como activista feminista. En 1998, Guerrero, haciéndole honor a su apellido, llegó hasta Cartagena, huyendo de una amenaza de secuestro contra su familia en Estados Unidos. Al arribar a la capital de Bolívar, entró en contacto con mujeres indígenas, afrocolombianas y campesinas víctimas del conflicto, con quienes fundó, un año después, la Liga de Mujeres Desplazadas: una organización que se mantiene, a pesar de que algunas de sus integrantes han muerto en el camino de la espera de justicia.

Por primera vez en Colombia, 25 años atrás, este grupo de mujeres habló, como colectivo, de la feminización del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, así como de la violencia sexual y la necesidad de buscar justicia. Conformada por más de 500 cartageneras, la Liga de Mujeres Desplazadas, como un grupo de heroínas, comenzó a defender sus derechos. Y no solo para ellas, sino para las más de ocho millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse en el país; y, de las cuales, más de la mitad, fueron mujeres, según el Registro Único de Víctimas (RUV).

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Estas mujeres comenzaron a hacerse visibles. Tanto así que, a mediados de la primera década del 2000, recopilaron y documentaron más de 100 casos de violencia de la que fueron víctimas y los denunciaron ante la Fiscalía. Mientras no avanzaban los procesos, solicitaron protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Nosotras estábamos devastadas con una serie de asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas, después del conflicto y durante la elaboración de los proyectos, sobre todo con Ciudad de las Mujeres nos fue terrible”, cuenta la lideresa Guerrero.

Ciudad de las Mujeres fue el proyecto de mayor significado para la Liga. Consistió en la construcción de una urbanización para que las víctimas de desplazamiento pudieran tener una vivienda digna ubicada en la vereda El Talón de Turbaco (Bolívar). Sin embargo, en su desarrollo, las mujeres desplazadas fueron víctimas de reiteradas amenazas y agresiones contra ellas y sus familias. Hostigamientos que, en su criterio, respondían a las actividades adelantaban a través de su organización.

Antes de llegar hasta la CIDH, la Corte Constitucional declaró en 2004 un estado de cosas inconstitucional, es decir, que derechos como la seguridad y la vida de la población desplazada sufrieron de una violación masiva, generalizada y estructural. En 2007, por ejemplo, las mujeres denunciaron un incendio del centro comunitario de la urbanización. Incluso, varios informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo llamaban la atención del Programa de Protección de los ministerios del Interior y de Justicia, para que adoptaran medidas urgentes de protección para la Liga. Y aunque el alto tribunal adoptó medidas ese mismo año considerando que “la respuesta de las autoridades ante esta grave y preocupante situación de riesgo no ha sido adecuada”, los esfuerzos por defender la vida y la no impunidad parecían ser en vano.

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La muerte por el dolor de no acceder a la justicia

En respuesta a las solicitudes de la Liga, bajo la representación y el liderazgo de Guerrero, sus peticiones llegaron hasta la CIDH en 2009. Alegaron que el Estado colombiano no estaba actuando con diligencia para asegurar que los esquemas de seguridad fueran eficaces. Respondiendo a su solicitud, la Comisión le solicitó al Gobierno de Colombia que adoptara las primeras medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física sobre una de las integrantes de la Liga y su familia.

Luego, en junio de 2010, la CIDH decidió ampliar la medida cautelar para cobijar a 12 integrantes más de la organización, así como a 16 miembros de la Liga Joven. Más tarde, en 2011, las mujeres denunciaron amenazas del grupo armado conocido como las “Águilas Negras”, lo que las motivó sin titubeos a presentar una nueva petición ante la Comisión. En su respuesta, ese órgano internacional le insistió al Estado, otra vez, proteger a las mujeres y avanzar en las investigaciones judiciales contra los presuntos responsables de los hostigamientos.

“Pero, las mujeres se están muriendo. En ese proceso, 10 mujeres han muerto de pena moral. O sea, sin justicia, sin reparación, sin acceso a una vivienda digna”, cuenta la abogada Guerrero. Silvia Rosa Baltazar fue la última en morir. Estuvo casi 20 años integrada a la Liga, pero enferma, en una silla de ruedas y con unas condiciones de vida muy precarias. “Murió en la miseria absoluta”, recuerda la jurista. El caso es una muestra del abandono permanente del Estado con las mujeres desplazadas. Aunque presentaron tutelas por los derechos de la mujer y ganaron en primera y segunda instancia, siguen a la espera de una sentencia que evidencie el desacato, con el fin cumplirle a doña Rosa.

Aunque las pruebas mostraban solidez de la victimización que sufría la organización, las mujeres siguieron siendo vulneradas. Las medidas cautelares siguen vigentes desde hace más de una década y el pasado 26 de febrero, llegaron hasta las oficinas de la CIDH, en Washington. Allí, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó a las peticionarias y comisionados las medidas adoptadas hasta el momento en materia de políticas públicas con relación a las defensoras, y destacó los avances de justicia y protección realizados por la Corte Constitucional para atender los casos de desplazamiento forzado de la Liga.

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De hecho, lo sucedido con Silvia Rosa es denominado por la abogada Guerrero como una muerte por desesperanza perdida, o la muerte por el dolor de no encontrar justicia. De la misma manera, Juana Brugman, la profesional en salud mental de la Liga y neuropsicóloga de la Universidad de Amsterdam, lo explicó ante la Comisión: “La ausencia de esperanza de una vida libre de violencia, de enfermedad y miseria, es lo que la neuropsicología denomina como la desesperanza condicionada”. Las consecuencias que esto produce, afirma, son las que desembocaron en la muerte por pena moral de 10 de las mujeres de la organización.

Además, durante la diligencia, Eidanis Lamadrid Montes, quien vive en Turbaco, en Ciudad de las Mujeres, y es la representante legal de la Liga, contó cómo desde que conformaron la organización son reiterativas las amenazas. Algunas, incluso, ocurrieron a finales del 2023. “La preocupación que tenemos desde la organización es bastante grande, porque no sabemos después de las audiencias que va a pasar”, dice Lamadrid, insistiendo que “la impunidad es total” respecto a los derechos del colectivo. En su caso, ya son más de dos décadas sin respuestas del Estado, pero con una sensación de protección a partir de cada medida solicitada por la CIDH.

Por ahora, las integrantes de la Liga esperan que la Comisión emita un informe de fondo haciendo una serie de recomendaciones al Estado con base en sus peticiones. Si Colombia incumple las medidas, el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esa es nuestra esperanza, porque la que decide si Colombia violó este estándar internacional, es la Corte”, detalla la abogada.

La Liga de Mujeres Desplazadas se mantiene entonces en su búsqueda de justicia. En 2016, su movimiento fue destacado en un artículo del prestigioso diario inglés The Guardian, como “un experimento para empoderar a las mujeres que lo habían perdido todo debido a la violencia desenfrenada de un país” y “un modelo para el futuro de Colombia”. En palabras de Lamadrid: “Aquí la guerra no ha terminado, y nosotras seguimos esta lucha como defensoras”. Una pugna que tiene un solo objetivo: que ninguna otra muera esperando justicia.

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