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En 2022, la lideresa indígena Cindy Vanessa Arenas Fernández, perteneciente al resguardo Kwet Wala en Pradera (Valle del Cauca), sufrió un ataque con machete por parte de un presunto miembro del Ejército, mientras ella se movilizaba al corregimiento La Feria. Esta agresión le provocó lesiones graves en la cabeza, espalda, brazos y manos. Desde entonces, ha puesto su esfuerzo para que se avance en las investigaciones sobre su caso, las cuales apenas ven una respuesta de carácter internacional.
Según versiones de los comuneros del territorio, ese 4 de noviembre de 2022, la lideresa fue abordada por un hombre que sería del Ejército, quien la atacó con un machete en repetidas ocasiones. Los familiares de la víctima que la estaban acompañando intentaron protegerla, pero también fueron agredidas. El victimario fue capturado por intento de homicidio, sin embargo, poco después fue liberado por un juez y quedó bajo el poder de su padre al justificar un supuesto trastorno mental.
No obstante, la violencia en contra de Arenas no se detuvo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que tras el intento de feminicidio, la indígena comenzó a ser hostigada por el mismo agresor. Él la seguía en todas sus redes sociales, revisaba también los perfiles de sus dos hijas y sus nietas, les enviaba mensajes y las vigilaba en su lugar de residencia. La situación siguió siendo tan compleja que, el 4 de agosto de 2023 fue asesinado el gobernador del cabildo indígena Kwet Wala, Luis Eduardo Timaná, quien habría sido el responsable de la detención del agresor y era el padre de dos de las hijas de la víctima.
Hasta que, el 18 de enero de 2024, el caso de Arenas llegó hasta la Comisión para exigir justicia ante la impunidad del Estado colombiano. Mediante una solicitud, la mujer alegó que ella y su familia seguían siendo amenazadas y perseguidas por este hombre y su círculo social; y que, a pesar de haber presentado solicitudes de protección a las autoridades, ninguna medida había sido implementada para salvaguardar su vida. Asimismo, manifestó que la investigación por el ataque que sufrió no ha tenido avances investigativos, hecho que se mantiene en la impunidad.
Al evaluar el caso, la Comisión identificó que pese a que el Estado adelanta una indagación bajo el delito de “feminicidio agravado” y ordenó a la estación de Policía de Pradera implementar acciones en pro de salvaguardar la vida e integridad de la mujer y su familia, los avances han sido nulos.
Por esta razón, el pasado 22 de marzo, la CIDH le otorgó medidas cautelares a la víctima y su familia “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”, según el comunicado de prensa. Además, este tribunal consideró que “la situación es grave y de especial vulnerabilidad, ya que de manera histórica las mujeres indígenas han tenido una marginalización por su origen étnico-racial y de género”. Por ello, le solicita al Gobierno de Colombia que se hagan efectivas las medidas de protección para la víctima y su familia con un enfoque interseccional y de género.
De esta manera, la CIDH le dio un plazo de 15 días al Estado para que actualice la información y brinde avances significativos que contribuyan a la no repetición de la violencia, pues consideran que tras año y medio del intento de feminicidio, la falta de sanciones por los actos de violencia de género “propician un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje en el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada”, concluye la Comisión.
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