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La firma de Gustavo Petro en un extenso folio de hojas de papel está a punto de cumplir una promesa que lleva 17 años inconclusa con los pueblos indígenas. A inicios de septiembre, se conoció a través del Ministerio de Educación que el Estado, que en papel debe hacer de la educación un derecho más que un privilegio, está a tan solo un paso de sancionar la primera política pública que protocoliza los sistemas educativos indígenas propios (SEIP).
Para ello, solo falta la sanción presidencial y que los engranajes del sistema empiecen a andar para lograr que Colombia se convierta, además de referente en etnoeducación, en el primer país de Latinoamérica que establece unas “reglas del juego” para que sus pueblos étnicos tengan garantizada la educación.
El anuncio no solo es importante porque elimina un obstáculo que los 115 pueblos indígenas han debido sortear para educar a sus jóvenes. Además, establece unos mínimos educativos para estas comunidades que, como bien se ha documentado, han utilizado los conocimientos ancestrales y las aulas de clase como una estrategia para combatir el exterminio físico, cultural y que sus jóvenes sigan siendo absorbidos por el conflicto ante la falta de oportunidades.
“Los SEIP son fundamentales para encontrar un equilibrio entre la preservación de la cultura y las oportunidades que se abren a los jóvenes indígenas y sean competentes”, cuenta Mary Luz Rivera, etnoeducadora en la Escuela Normal Indígena María Reina, en Mitú, Vaupés.
Historia de una deuda
Tanto indígenas como afros han tenido durante décadas sistemas de educación propios que permiten formar a sus jóvenes de acuerdo a sus costumbres, creencias y tradiciones. Los grupos negros en Córdoba, por ejemplo, han utilizado la etnoeducación en las aulas de los colegios para hacerle frente al reclutamiento forzado de menores y combatir el exterminio físico y cultural que el conflicto y el abandono estatal han acrecentado.
La Constitución del 91 otorgó autonomía a los indígenas, lo que en otras palabras les daba vía libre para que pudieran implementar sus formas propias de educación a los jóvenes, pero aún faltaba que el Estado pusiera las “reglas de juego” para que la educación fuese un proceso con algunos mínimos y avalado por el Estado.
Pasaron 16 años hasta que los reclamos étnicos empezaron a ser escuchados por el Estado. En 2007, debido a la importancia de educar a los jóvenes indígenas con un protocolo bien establecido, se creó la Comisión de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (Contcepi). Su tarea no era fácil: pues a contrarreloj debía formular una política pública que protocolarizara la educación indígena y, en otras palabras, poner los pilares de todo un sistema educativo.
Durante 17 años y 60 reuniones, los pasos del Contcepi no fueron los más rápidos y mientras tanto, los niños indígenas en sus resguardos se enfrentaban a estudiar en un sistema sin pilares sólidos y sin un paso a paso que definiera el futuro de la etnoeducación en sus comunidades.
Pero en 2024 llegó la noticia de que la deuda estaba a punto de saldarse. En septiembre de este año, el Ministerio de Educación informó que la política pública que protocoliza la educación indígena estaba redactada, lista y pendiente de tan solo la firma del presidente para hacer de la educación indígena un derecho y un proyecto a futuro.
Justicia en las aulas
¿Qué significa la firma de un documento en Bogotá para la vida de miles de niños que viven en el Amazonas, Cesar, La Guajira y otros departamentos con presencia indígena? La creación de la política pública, además de crear unas “reglas de juego” para la educación étnica, empieza a cimentar los pilares para que esos modelos educativos perduren en el futuro y no se tambaleen frente a la guerra, la falta de presupuesto o, como alertó el LEE, de la U. Javeriana, no tengan continuidad debido a que los profesores etnoeducadores son removidos o despedidos de sus cargos.
“Esta es una construcción que ha nacido de nuestros abuelos y abuelas, de los procesos organizativos de los pueblos (...) Es para que nuestras autoridades tengan el control de su propio desarrollo y su identidad cultural”, explica Ernesto Estacio, un mayor indígena que participó en la construcción de la política pública.
Para los 115 pueblos indígenas, la educación no solo es un proceso para obtener un título de bachiller y optar por un título profesional; su objetivo es mucho más ambicioso que eso. De acuerdo con Fabio García, profesor experto en etnoeducación, este modelo ha servido para que tanto indígenas como afro preserven sus culturas y tradiciones entre las generaciones y así evitar el exterminio físico. Cuando una comunidad étnica es desplazada, por ejemplo, los procesos etnoeducativos se ven afectados y, además de la violencia, los derechos violentados y la revictimización a la que son sometidos, esa agrupación en específico corre el riesgo de extinguirse cultural y físicamente debido a que las enseñanzas que se proporcionaron durante décadas empiezan a evaporarse.
“Protocolizar significa parametrizar y dar un paso a paso, o pasos a seguir, para la implementación de un proyecto o programa. Es decir, el cómo se va a implementar el esquema. Es una buena apuesta, pero no se sabe cómo va a terminar”, cuenta Omar Garzón, de la U. Javeriana, frente al futuro de esta apuesta.
En medio de tantos años de espera y promesas inconclusas, el Ministerio prometió que entregará el proyecto sancionado en los próximos seis meses. Sin embargo, aunque es una apuesta de justicia esperada hace más de una década, Garzón opina que “es necesario esperar los resultados en la implementación de la ejecución de este proyecto” para saber a ciencia cierta qué pasará con el futuro de la educación indígena.
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