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Al menos medio millón de mujeres que buscan a sus desaparecidos por la guerra recibirán el primer reconocimiento de parte del Estado por su labor. Este miércoles se celebra por primera vez en la historia de Colombia el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha dedicada a exaltar la tarea que estas mujeres han hecho durante décadas por intentar encontrar justicia frente a la violencia sufrieron por la desaparición de sus seres queridos y que se perpetúa por no encontrarlos. En mayo de 2024, el Congreso aprobó una ley que dentro de una docena de medidas, decretó que cada 23 de octubre se conmemorara este día.
Para las mujeres buscadoras, que su labor de búsqueda y resistencia sea aplaudida no solo implica tener un reconocimiento que en el pasado fue invisibilizado, sino un aliciente para continuar tras las pistas de sus desaparecidos. Las mujeres han sido las que especialmente han volcado sus vidas para indagar sobre la desaparición de sus familiares. Madres, hermanas, esposas o hijas han renunciado a sus trabajos, roto con su núcleo familiar e incluso confrontado a los grupos armados para indagar dónde están los restos que tanto buscan. Así sucedió, por ejemplo, con Paulina Mahecha, una mujer de los llanos que este 2024 cumple dos décadas tras el rastro de su hija María Cristina Cobo.
Paulina, frente al silencio estatal y las demoras de la justicia, ha ahorrado dinero, viajado a los posibles lugares donde está su hija y cavado ella misma en la tierra para buscar algún resto. Pocos días después de la desaparición de su hija, Paulina viajó a Calamar (Guaviare) y confrontó a los paramilitares que, sospechaba ella, eran los responsables del crimen. El caso de Paulina no es único. De acuerdo con la Fundación Nydia Érika Bautista, hay al menos 450.000 mujeres buscadoras que siguen en la brega de encontrar a sus familiares. Tras 20 años de búsqueda, Paulina Mahecha asegura que seguirá buscando “así sea lo último que haga en vida”.
La cifra de las mujeres buscadoras es una que logró calcularse gracias a las investigaciones de la Comisión de la Verdad: durante 50 años de guerra, por cada uno de los 210.000 desaparecidos que documentó la Comisión, hay al menos una mujer que dedicó su vida a buscarlo. Este cálculo, junto con el concepto de “familia extendida” de los pueblos étnicos, se podría duplicar. La ley que le dio vida legal a esta fecha incluye otra serie de acciones que protegen la labor de las mujeres buscadoras. Por ejemplo, las convierte en sujetos de especial protección constitucional y les garantiza atención psicosocial. Además, establece que el Estado debe acompañarlas en sus procesos de búsqueda.
Esta medida se tomó especialmente porque mientras ellas han seguido las pistas de sus familiares desaparecidos, han sufrido todo un universo de violencias. Fabiola Lalinde, una madre que dedicó los últimos años de su vejez a encontrar a su hijo Luis Fernando, fue hostigada por la Fuerza Pública mientras reunía pistas. Fue arrestada y procesada por cargos falsos de narcotráfico. Pero hay otros casos en que las mujeres fueron blanco de violencia sexual, asesinato de otro de sus familiares u obligadas a desplazarse de sus hogares. Esa fue una conclusión que la Comisión de la Verdad también halló: “en ese proceso de búsqueda, la mayoría de ellas encontraron pocas investigaciones, nadie que asumiera responsabilidades y falta total de respuestas oficiales”.
“Siempre pusimos a los desaparecidos forzados en el centro de la conversación, mientras nosotras orbitamos alrededor de ellos. Con este proyecto nos ponemos a la par, porque nuestras vidas también importan”, dice Yannette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, una de las organizaciones que contribuyeron a que hoy se conmemore este día. Según explica Bautista, el 95 % de quienes buscan a un desaparecido en Colombia son mujeres.
Fecha agridulce
La celebración de la fecha se conmemora mientras que el Ministerio de Justicia y la Unidad de Búsqueda formulan una política pública que busque enmendar todos los errores estatales del pasado frente a la desaparición forzada, entre ellos el acceso a la justicia, atención psicosocial o conocer en qué va cada una de sus solicitudes de búsqueda.
Aunque la mayoría de estas personas buscadoras son mujeres, hay casos en que los hijos, esposos u otros allegados también dedicaron su vida a intentar encontrar a sus allegados. Jaime Peña es un ejemplo de ello. Por dos décadas, “don Jaime”, como se le conocía en Barrancabermeja, dedicó sus ahorros, vejez y salud para encontrar a su hijo Jaime Yesid, desaparecido en una masacre de 1998. Sin embargo, este hombre nunca encontró ni la justicia ni la redención, pues murió en 2022 sin saber quiénes fueron los responsables de la desaparición ni el paradero de su hijo.
Martha Soto, una mujer antioqueña que vivió la desaparición forzada de su hermano desde la década de los 80, asegura que es una fecha importante, pero no suficiente. “Nuestros desaparecidos en ese entonces fueron negados en todo momento. El Estado los invisibilizó, las personas nos decían ´locas´ e incluso tuvimos que dedicar la vida a esta tarea. El reconocimiento vale porque durante décadas nos silenciaron y apartaron, pero debe estar acompañado de otras acciones, como atención psicológica o física, pues muchas de nosotras hemos vivido el cáncer (de estómago o mama) a causa del desasosiego y la desilusión”, explica.
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