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Tras 39 años de espera, Aurora Rocha sigue aguardando que llegue un indicio certero que le permita entender cómo y a manos de quién murió su esposo, Tulio Manuel Castro, el fiscal que se encargó de investigar el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla; pero que menos de dos años después de iniciar las pesquisas, fue asesinado por hacer su trabajo e intentar hacer justicia.
Aurora, a sus 76 años, espera alguna respuesta sobre el asesinato de su esposo: la investigación judicial desapareció, cuatro de sus cinco hijas viven fuera del país, y ella, que asistió a la ceremonia en que el Estado reconoció la dignidad de los funcionarios judiciales violentados, acepta que es un esfuerzo importante que se reconozca que su esposo fue una víctima de la guerra, pero, para ella, no es suficiente, pues no hay resultados que indiquen quién ordenó el asesinato de su esposo, una sombra que permanece en la impunidad.
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Como ella, son más de 1.000 familias de funcionarios judiciales las que esperan obtener justicia por la pérdida de sus seres queridos, y también de quienes fueron víctimas de amenazas y exilios por hacer su trabajo. De acuerdo con el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL), más de 1.262 jueces, magistrados, fiscales, e incluso escribientes y notificadores del sistema judicial, fueron sumergidos en el conflicto armado y declarados como objetivo militar.
Laura Camila Castillo, nueva directora de FASOL, en diálogo con El Espectador, dio algunas puntadas para conocer el peligroso panorama que aún viven los funcionarios judiciales. Para Castillo, antropóloga e historiadora, a pesar de avances puntuales que ha adelantado el Estado por proteger a funcionarios, estos siguen siendo objetivo de la criminalidad. Aunque a finales de 2023 el Estado reconoció que el Poder Judicial ha sido dejado a su suerte durante décadas, y se hicieron compromisos para protegerlo, aún hay temas pendientes que preocupan a la nueva directora del Fondo.
Más balas, menos tiempo
La impunidad y el paso de los años han sido una constante que las familias de quienes fueron asesinados y exiliados han tenido que incorporar en su vida diaria. En los registros de FASOL, más del 97 % de los casos permanece sin avances en los procesos judiciales. Así sucede con el caso de Aurora Rocha, que en 2024 cumple 39 años de preguntarse por la muerte de su esposo, Tulio Manuel Castro.
Otro ejemplo que explica esta problemática es el caso de Susana Sampedro, viuda Hernando Baquero, el magistrado que sobrevivió a la toma y retoma del Palacio de Justicia, pero que meses después fue asesinado por el Cartel de Medellín por su abierto respaldo a la extradición. Ella lleva esperando alguna respuesta por más de 37 años.
De acuerdo con Castillo, “el Ministerio de Justicia dijo que no era digno de su cargo si al abandonar el período no se parecían más (el Ministerio) a FASOL. Eso hay que resaltarlo, porque la mayoría de las víctimas fueron parte de este proceso y ellas dijeron cómo fueron impactadas y afectadas. Fue muy importante porque dijeron cómo deben ser reconocidas frente al Estado”.
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A estos casos, que suman casi 40 años, se adhieren registros más recientes de funcionarios amenazados. En mayo del 2023, Alejandro Ramelli, magistrado de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue amenazado con coronas fúnebres y mensajes intimidatorios mientras investigaba casos de falsos positivos en Dabeiba (Antioquia).
Lo mismo sucedió con Antonio Escobar, un juez de Vegachí (Antioquia) que durante cinco años ha sido víctima de amenazas por parte de Los Caparros, pero que ante las intimidaciones solo ha recibido un chaleco antibalas y un escolta adscrito a la Policía Nacional. “Muchos jueces, investigadores y fiscales tienen miedo de denunciar; zozobra de hablar. Las entidades del Estado tienen una ausencia general de respuesta y una falta de empatía y solidaridad (con los funcionarios judiciales)”, criticó el juez Escobar en noviembre pasado.
Actualmente, FASOL tiene nueve casos activos de funcionarios judiciales que han solicitado su apoyo y protección del Estado por hacer su trabajo dentro de los despachos, pues han reportado ser objeto de amenazas constantes.
La violencia perpetua
De acuerdo con Castillo, hay dos formas de explicar esta violencia para que no se vuelva a repetir. La primera es entender que en muchos municipios, la única presencia judicial es a través de un solo juez promiscuo (que resuelve todo tipo de expedientes). Es decir que cuando se hace justicia en esos lugares, los grupos criminales identifican rápidamente al funcionario encargado.
“Puede que la mayoría de lugares no sean netamente peligrosos, pero sí hay un riesgo colateral. Hay sedes judiciales que quedan a la deriva en la plaza principal del pueblo, al lado de tiendas de barrios y que no tienen ningún tipo de condición de seguridad para los jueces. Son municipios tan pequeños que pueden ser reconocidos en los buses y en las calles (...) Pero Colombia sigue siendo un lugar peligroso para el Poder Judicial”, señala Castillo.
La segunda razón, cuenta la antropóloga, se explica en el desconocimiento de cómo funciona la justicia por parte de la ciudadanía. “Es muy importante visibilizar la labor de jueces, fiscales y magistrados que hacen bien su trabajo, pero, por ejemplo, cuando salen en medios de comunicación, esa visibilización los vuelve objetivos de los grupos criminales (...) La ciudadanía no conoce bien cómo funciona la justicia, entonces cuando una noticia habla que un juez dejó en libertad a un ladrón se los cataloga de ´corruptos´; no comprenden que detrás del juez hay una burocracia que lo hace tomar una decisión; si no tiene pruebas, no puede judicializarlo. Y eso afecta su seguridad también”.
Al hablar del evento de reconocimiento estatal para sus funcionarios judiciales, Castillo resalta la voluntad política que en años anteriores no había sido tan fuerte. Incluso, la directora le contó a este diario que, a la espera de algunos temas administrativos por resolver, la idea es iniciar la organización de nuevos eventos y encuentros de verdad, perdón y reparación.
¿Por qué los atacan?
Los datos de FASOL y del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que el 61 % de los asesinados y amenazados son fiscales, investigadores judiciales o personal adscrito al CTI, todos ellos encargados de armar el rompecabezas criminal para tener pruebas ante un juez. Pero ambas organizaciones concluyen en que su condición de investigadores los hace principales blancos.
Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica asegura que, en estos casos, desde la óptica criminal, se ataca a los investigadores antes que a los juzgadores. Sin pruebas no hay juicio. Con pruebas, en cambio, un juicio siempre puede volver a comenzar, asegura el texto. “Es más eficiente atacar a quienes producen la prueba que a quienes la valoran”.
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