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A inicios de agosto entró en vigencia una iniciativa que busca que la justicia pueda llegar a las familias de aquellas personas que fueron violentadas dentro de su propio hogar. El proyecto, convertido en ley desde 2021, es conocido como Estampilla Familiar: un impuesto del 2 % a los contratos públicos para que las Comisarías de Familia puedan tener más recursos cuando se encargan de casos de agresiones intrafamiliares. Estas entidades son el primer escalón que cualquier víctima de violencia intrafamiliar tiene que subir para denunciar su caso, pues son las responsables de prevenir, proteger, reparar y garantizar sus derechos.
Pero la tarea de tramitar y gestionar las denuncias por violencia intrafamiliar ha estado impedida por la ausencia de recursos al interior de la tesorería de estas entidades. En 2022, por ejemplo, los comisarios de familia de Medellín anunciaron el cese de actividades porque no había dinero suficiente para atender a los denunciantes. La Procuraduría, por su parte, también lanzó una advertencia a finales del año pasado debido al escenario “precario” que la mayoría de las Comisarías enfrentaban. Según el Ministerio Público, al menos el 80 % de las Comisarías en el país presentan un déficit en la atención o financiación.
“Es inaceptable que las Comisarías del país continúen trabajando en condiciones que limitan la prestación del servicio en condiciones de dignidad”, aseguró en su momento la procuradora, Margarita Cabello. Siguiendo la misma línea, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró este año que “hay muy pocas comisarías de familia” para atender tantos casos de violencia.
Y es que no es un tema menor. Tan solo en el primer semestre de 2023, la Policía Nacional registró cerca de 40.000 casos de agresiones dentro de los hogares, lo que equivale a 138 niños, mujeres o ancianos al día que son víctimas de este flagelo. “Hay muy pocas comisarías de familia, necesitamos más. La ley dispone por lo menos una en cada municipio y una por cada 100.000 habitantes. No tenemos ese número, pero las que tenemos están muy mal provistas”, sostuvo el titular de la cartera.
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Defectos de forma
La situación de las Comisarías de Familia en Colombia fue señalada no solo por la falta de recursos, sino por las condiciones en que funcionan. La Procuraduría, por ejemplo, aseguró que de casi 700 Comisarías que investigaron, un poco más de la mitad tenían un “equipo interdisciplinario completo y permanente”. De todos estos casos, aseguró el ente de control, una de cada cuatro comisarías no tenían un equipo “completo que cumpla el marco normativo”.
Pero esto también se convierte en un problema para quienes denuncian. El Espectador conoció un caso en el que una mujer de 25 años tuvo que esperar más de 10 horas en una Comisaría de Familia en el norte de Bogotá para que su denuncia por agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja fuera aceptada y radicada por los funcionarios.
Ante esto, la Procuraduría también precisó que “solo el 47 % (de las Comisarías) cuentan con un sitio para la atención de víctimas en condiciones de privacidad con una infraestructura suficiente y accesible”. Y en los casos en que las Comisarías reúnen un equipo “interdisciplinario” para atender a las víctimas, las cifras del Ministerio Público indican que casi en el 20 % de estas entidades “hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios”.
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¿Más cerca de la justicia?
A diferencia de otros impuestos como el predial o el de renta, la Estampilla Familiar no es un gravamen obligado para toda la ciudadanía. Según quedó establecido en el artículo que le dio vida, consagrado en la ley 2126 del 2021, son los concejos municipales y las asambleas departamentales las que deben aceptarlas para que entren en vigor. En otras palabras, cada municipio y departamento debe debatir, negociar y aprobar el proyecto para que las Comisarías de sus regiones puedan beneficiarse con el dinero recaudado del impuesto.
Cartagena, por ejemplo, pasó de ser la sexta ciudad con más violencia intrafamiliar a aprobar la Estampilla Familiar. También hay otros ejemplos en ciudades de Montes de María (Córdoba), como Valencia, Morroa y Ovejas. Hasta el momento hay un total de 16 municipios que han logrado proponer y aprobar este gravamen en sus territorios.
Con miras a que esta iniciativa sea acogida en diferentes municipios, el ministro Osuna pidió a alcaldes y gobernadores avanzar en la implementación de la estampilla y aseguró que está en juego la mejora de 1.500 Comisarías en el país. “Confiamos en que si eso comienza a funcionar, las comisarías de familia tendrán una forma real para proteger a los niños, niñas, adolescentes y mujeres”, concluyó.
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