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El pasado 6 de enero de 2024, Ángela Milena Arango Mosquera salió de su casa en el barrio París de Medellín (Antioquia) a eso de las 7:00 de la mañana. Tras dos días de espera a su llegada, su familia denunció su caso como una desaparición ante la Fiscalía. Esta entidad recibió la información e hizo un cartel con una foto a blanco y negro, la edad de la mujer y dos teléfonos de contacto. Sin embargo, fueron 16 días hasta que se supo algo del paradero de Ángela.
Ángela, de 31 años, es una prima de papá. Cuando supe que se desconocía su paradero por mi familia, decidí apoyar en la búsqueda. Tal vez contar y apoyar a tantas historias de personas que todavía no han regresado a sus hogares, dejé algunas cosas que pueden ser replicadas para ayudar a buscar a otras. Esto, sumado a lo que la ruta legal indica y las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.
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Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos, y dónde están. Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos y a los culpables de su desaparición. Además, porque en Colombia la desaparición ha afectado gravemente a la población, tan solo el conflicto armado ha dejado a más de 104.602 personas desaparecidas, según la UBPD.
Entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apoyan las labores de búsqueda y lo califican como uno de los retos humanitarios más importantes en Colombia. Según esta organización, apenas una persona identifica que un familiar podría estar desaparecido, puede solicitar su búsqueda inmediata dirigiéndose a la Policía. También puede avisar al CTI de la Fiscalía, al Instituto Nacional de Medicina Legal y a las clínicas u hospitales.
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Mientras las autoridades cumplen su deber de dar con la persona desaparecida y quién podría estar involucrado en el hecho, la familia puede comenzar a buscar en bases de datos de hospitales y Medicina Legal. Asimismo, revisar los sitios donde se cree que estuvo la persona por última vez y hablar con personas que puedan tener información, para dar con quién y dónde la pudieron ver por última vez. Y lo más importante, llevar la denuncia a las autoridades, quiénes deben activar el mecanismo de búsqueda de forma urgente.
Con Ángela fue complejo porque lo único que se sabía es que salió de casa. Una amiga diseñó una imagen para buscarla con más información que la que hizo la Fiscalía, como la ropa que usaba y un barrio más específico donde fue vista, donde estaba ubicada su casa. De ahí que el cartel de búsqueda es también importante, pues permite difundir información más específica sobre la víctima. De ahí que el apoyo de las redes sociales para replicar el cartel de se busca también resulta fundamental en esta época.
Además de las entidades mencionadas, se puede realizar el reporte en varios lugares, tales como:
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también conocido como Medicina Legal.
- Personerías municipales.
- Defensoría del Pueblo.
- Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).
- Fiscalía General de la Nación (puedes encontrar la sede más cercana aquí).
- Policía Judicial, que incluye el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de la Nación) y la Sijín (Seccional de Investigación Judicial, dependiente de la Policía Nacional de Colombia).
Existe también el reporte en el Sirdec, desde este portal es posible dar seguimiento al proceso en la página de Consultas Públicas sobre Desaparecidos y Cadáveres. Sin embargo, cuando se trata de personas que desaparecieron antes de diciembre de 2016 en el contexto del conflicto armado, será el mecanismo extrajudicial y humanitario de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas el que reciba la información para dar con la persona.
Pasados 16 días sin saber del paradero de la prima Ángela, su papá recibió una llamada desde Pereira. Las autoridades la encontraron en un centro médico de esa ciudad. Hasta ahora cumple una semana internada. Y todavía no hay respuestas de lo que le pudo haber sucedido, además porque padece una enfermedad de salud mental. Para encontrarla no solo confluyeron los esfuerzos de la familia, sino la atención del Estado a nivel de salud.
Por ello, cabe tener en la cuenta que las entidades del Estado colombiano tienen límites y no todas pueden brindar la misma atención, pero sí están obligadas a remitir cada caso dependiendo de la situación. Si no lo hacen, es posible interponer una acción de tutela con ayuda de la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo o un consultorio jurídico universitario para que cumplan su deber de buscar
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