Cómo derribar los sesgos que alejan a las personas de la justicia

Las personas experimentan menos discriminación de la que realmente existe cuando acuden a la justicia. A esa conclusión llegó un estudio de la Universidad del Valle que entrevistó a habitantes de 12 municipios del país, en su mayoría golpeados por el conflicto armado. El 94,4% de las personas encuestadas manifestaron que las autoridades de justicia discriminan a su comunidad, mientras que sólo el 28,6% dijeron haberse sentido discriminadas cuando buscaron servicios judiciales. Esa diferencia abismal entre lo que la gente percibe de las autoridades y lo que realmente experimentan es un sesgo, y este no fue el único hallado por los investigadores.

El objetivo del estudio “Derribando estereotipos para un mejor acceso a la justicia” de la Univalle, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, se basó en un enfoque de ciencias del comportamiento para identificar las barreras que existen en el acceso a la justicia y los prejuicios de quienes acuden al sistema judicial en 12 municipios: Apartadó, Caucasia y Chigorodó (Antioquia); Condoto e Istmina (Chocó); Buenaventura (Valle del Cauca), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Montelíbano (Córdoba), Puerto Caicedo (Putumayo), San Onofre (Sucre), Santander de Quilichao (Cauca) y Tumaco (Nariño).

En estos territorios, los investigadores encontraron varios sesgos que podrían predisponer a los ciudadanos cuando acuden a servicios de justicia. Por ejemplo, explica el estudio, las personas tienden a valorar más una recompensa inmediata después de un conflicto, en lugar de obtener un beneficio a futuro, dado que los procesos que tienen a cargo las instituciones judiciales pueden ser demorados. Otro de los hallazgos, por ejemplo, fue que 61,9% de los encuestados estaría de acuerdo en no emprender acciones tras un conflicto, manteniendo un estado actual de la situación. En otras palabras, la mayoría prefiere dejar las cosas como están.

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Lina María Restrepo, vicedecana de investigaciones de la facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y coordinadora científica del estudio, explicó así por qué considera novedoso el trabajo: “Las ciencias del comportamiento se presentan como una oportunidad novedosa en las ciencias sociales y en la construcción de políticas públicas porque permiten un acercamiento más real al pensamiento y comportamiento humano”. Así las cosas, si bien algunos de los datos coinciden con estudios previos de acceso a la justicia, este enfoque “propone elementos concretos que permiten superar las fricciones entre lo que pensamos, creemos y hacemos”.

Las autoridades también juegan un rol fundamental. El estudio de Univalle plantea que, en caso de que una persona sea víctima de un robo y conozca la ubicación del ladrón, son más los ciudadanos que buscarían a las autoridades para que resuelvan el problema (52,8%) que quienes, por el contrario, tomarían acciones por su propia cuenta (47,1%). De hecho, al poner este escenario fuera de un caso hipotético, la mayoría respondió que sí ha tomado la primera opción. Esta idea se refuerza con los juicios de valor positivos que dieron los encuestados al asociar las entidades de justicia con la Policía o los bomberos sobre otros como abogados o políticos.

Aunque la diferencia entre los que buscan a las autoridades y los que no es más bien ajustada, la desconfianza en el sistema judicial sigue siendo uno de los indicadores más altos. En este caso, 66,5% señalaron confiar poco o nada en entidades como la Fiscalía y los juzgados municipales, frente a un 7,6% que dijo confiar mucho en esas entidades. De hecho, la insatisfacción es general hacia la justicia, pues, frente al sistema judicial, este indicador se ubicó en 79,2%, según los resultados del estudio. Y, de acuerdo con Lina María Restrepo, la desconfianza en las entidades de justicia es diferenciada.

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Restrepo, doctora en Economía, le explicó a El Espectador que las personas tienden a tener mayor confianza en las casas de justicia y centros de convivencia que en las entidades judiciales. “Esto se sustenta, en parte, en la naturaleza de los conflictos que son tratados en cada una de las instituciones”, dijo. Prueba de ello, agregó, es que la Fiscalía gestiona en su mayoría conflictos de carácter delictivo, lo que puede generar temor en los denunciantes por filtraciones o retaliaciones. En las casas de justicia, por otro lado, convergen diferentes entidades que se enmarcan en el diálogo y la concertación para resolver conflictos.

“Hay otras razones que pueden variar en los diferentes casos, pero que muchas veces se relacionan con una sensación de inseguridad del contexto, de impunidad (creencia de que no se va a resolver su caso), y en una desconfianza generalizada en los funcionarios basada en experiencias negativas propias y de sus conocidos”, añadió Restrepo. En su concepto, esta desconfianza nace a partir de la cercanía de las personas con su núcleo familiar, pues quienes estén fuera de él, bien sean otros individuos, grupos o instituciones, están sujetos a ser presentados como “menos confiables”.

La discriminación en la justicia

Cuando los investigadores comenzaron a indagar por la discriminación que habían sufrido las personas que acudían a servicios de justicia, se encontraron con los primeros hallazgos. Además de la gran diferencia entre la discriminación percibida en otros y la realmente experimentada por los encuestados, se preguntaron por qué detona esa discriminación. Así, encontraron que el 18,2% manifestó haber sido discriminado por su color de piel; el 15,5%, por su nivel de ingresos, y el 8,1% por sexo. En ningún escenario, ni siquiera en los municipios con una población “racializada”, ese porcentaje de discriminación real estuvo por encima del 26%.

En contraste, los encuestados aseguraron que la justicia discrimina a las personas de su comunidad por estos mismos factores en porcentajes mucho más altos: el 88,3% aseguró que las autoridades discriminan con base en la orientación sexual, el 84, 7% dijo que por color de piel, el 81,1% por nivel de ingresos y el 69.7% por sexo. Para Restrepo y su equipo, esta discrepancia entre la discriminación real que viven los ciudadanos en la justicia y la que perciben es un hallazgo interesante, pues podría ser atribuida a los estereotipos que tienen los ciudadanos hacia el sistema de justicia, que se explican por varios factores.

Restrepo explicó así de dónde nace esa gran diferencia en las cifras: “Se origina en la combinación de prejuicios arraigados, creencias previas de una posibilidad de favoritismo y la falta de conocimiento sobre los procesos legales, que desaparecen o se quedan sin argumento una vez los participantes utilizan los servicios de las casas de justicia, pues experimentan un trato imparcial y equitativo sin importar sus características físicas o condiciones económicas”.

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Es decir, esa diferencia se explica, en primera medida, porque las personas tienen una tendencia a buscar y favorecer información que respalde sus creencias previas. “Cuando existe la creencia comunitaria de que el sistema de justicia es propenso a la discriminación, ya sea por historias compartidas, experiencias interpersonales previas o incluso noticias negativas, es posible que los individuos interpreten nuevos eventos a través de este prisma de percepción”, señaló Restrepo. Así las cosas, se generaliza en la comunidad la percepción de que la justicia discrimina.

En un segundo lugar, la vicedecana de la Universidad del Valle explicó que en comunidades pequeñas existe la posibilidad de que los funcionarios tengan conexiones personales con las personas involucradas en un caso, lo que puede “alimentar el temor de un trato injusto y discriminatorio debido a posibles favoritismos”, según Restrepo, aun si no existe evidencia real de esas influencias. Y, finalmente, que los ciudadanos no tienen mucho conocimiento de cómo funciona el sistema de justicia y esos vacíos los pueden llenar con conclusiones apresuradas.

Al detenerse a analizar los datos sobre sexo y color de piel, los investigadores liderados por la doctora Restrepo se toparon con otro hallazgo. De un lado, que un porcentaje mayor de mujeres que de hombres dijeron haber sido discriminadas por ser mujeres, y ambos grupos parecen estar de acuerdo en que la discriminación hacia ellas, en razón de su sexo, es peor. Por otro lado, que las personas afros e indígenas experimentaron discriminación similar a los blancos o mestizos, pero un porcentaje mayor de los primeros cree que las autoridades discriminan por el color de piel. “Mientras el sexo determina que hay diferencias en las experiencias personales de discriminación, pero no en las creencias, la raza sólo parece afectar las creencias, pero no las experiencias individuales”, explicó Restrepo.

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Así mismo, a los investigadores les llamó la atención que en buena parte de los municipios que se concentraron hay altos niveles de pobreza económica y una gran proporción de personas “racializadas”, así como pertenecientes a pueblos étnicos. ¿Cómo entender, entonces, que se perciba que existe tan alta discriminación por el color de piel y el nivel de ingresos en la justicia? Para Restrepo, hay dos elementos que podrían explicar esto. El primero, que la pertenencia a un grupo, bien sea por color de piel, ingresos o cultura, juega un papel crucial en cómo una persona experimenta e interpreta la discriminación.

El segundo, que la alta presencia de afros e indígenas en estos municipios desencadena también en que ellos mismos son los que atienden, por ejemplo, las casas de justicia. “En conjunto, la fusión entre la identificación grupal y la presencia de profesionales de la misma etnia en las casas de justicia se erige como un elemento fundamental en los resultados sobre cómo se percibe la discriminación en municipios de bajos ingresos con alta diversidad étnica”, explicó la vicedecana.

El conflicto y los sesgos

Ahora bien, en todos los municipios que se concentró el estudio, el conflicto armado ha estado vivo en los últimos años. La violencia podría ser, entonces, un factor para entender la justicia. En grupos focales, por ejemplo, los investigadores hallaron que al preguntarles a los participantes por los conflictos en sus comunidades surgían con frecuencia palabras como “violencia”, “grupos”, “conflicto” y “seguridad”, términos que en algunos casos se repetían cuando les preguntaban por los obstáculos que tienen para acceder a la justicia.

Restrepo explicó más a fondo esta relación: “Hallamos que en la mayoría de los casos, los grupos al margen de la ley, especialmente los asociados con el paramilitarismo, tienen incidencia en dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas desde donde imparten y ejercen orden y control territorial en los municipios. Esto, ligado a la persistencia de problemas estructurales que el Estado no solventa, posibilita que las personas normalicen que sean estos actores y no el Estado quienes regulen las dinámicas de convivencia ciudadana y pauten, o impongan, cómo dar resolución a los conflictos”.

Con base en estos resultados, la doctora Restrepo y su equipo, con acompañamiento del programa Justicia Inclusiva de Usaid, ahora trabajan en estrategias para reducir los sesgos de comportamiento que hallaron en los 12 municipios en los que se concentraron. La vicedecana explicó que se van a enfocar en los aspectos de orden cultural y de conocimiento que intervienen en “un efectivo acceso a los servicios de justicia”, para tumbar, poco a poco, esos estereotipos que alejan a la gente de acceder a su derecho a la administración de justicia.

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Las personas experimentan menos discriminación de la que realmente existe cuando acuden a la justicia. A esa conclusión llegó un estudio de la Universidad del Valle que entrevistó a habitantes de 12 municipios del país, en su mayoría golpeados por el conflicto armado. El 94,4% de las personas encuestadas manifestaron que las autoridades de justicia discriminan a su comunidad, mientras que sólo el 28,6% dijeron haberse sentido discriminadas cuando buscaron servicios judiciales. Esa diferencia abismal entre lo que la gente percibe de las autoridades y lo que realmente experimentan es un sesgo, y este no fue el único hallado por los investigadores.

El objetivo del estudio “Derribando estereotipos para un mejor acceso a la justicia” de la Univalle, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, se basó en un enfoque de ciencias del comportamiento para identificar las barreras que existen en el acceso a la justicia y los prejuicios de quienes acuden al sistema judicial en 12 municipios: Apartadó, Caucasia y Chigorodó (Antioquia); Condoto e Istmina (Chocó); Buenaventura (Valle del Cauca), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Montelíbano (Córdoba), Puerto Caicedo (Putumayo), San Onofre (Sucre), Santander de Quilichao (Cauca) y Tumaco (Nariño).

En estos territorios, los investigadores encontraron varios sesgos que podrían predisponer a los ciudadanos cuando acuden a servicios de justicia. Por ejemplo, explica el estudio, las personas tienden a valorar más una recompensa inmediata después de un conflicto, en lugar de obtener un beneficio a futuro, dado que los procesos que tienen a cargo las instituciones judiciales pueden ser demorados. Otro de los hallazgos, por ejemplo, fue que 61,9% de los encuestados estaría de acuerdo en no emprender acciones tras un conflicto, manteniendo un estado actual de la situación. En otras palabras, la mayoría prefiere dejar las cosas como están.

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Lina María Restrepo, vicedecana de investigaciones de la facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y coordinadora científica del estudio, explicó así por qué considera novedoso el trabajo: “Las ciencias del comportamiento se presentan como una oportunidad novedosa en las ciencias sociales y en la construcción de políticas públicas porque permiten un acercamiento más real al pensamiento y comportamiento humano”. Así las cosas, si bien algunos de los datos coinciden con estudios previos de acceso a la justicia, este enfoque “propone elementos concretos que permiten superar las fricciones entre lo que pensamos, creemos y hacemos”.

Las autoridades también juegan un rol fundamental. El estudio de Univalle plantea que, en caso de que una persona sea víctima de un robo y conozca la ubicación del ladrón, son más los ciudadanos que buscarían a las autoridades para que resuelvan el problema (52,8%) que quienes, por el contrario, tomarían acciones por su propia cuenta (47,1%). De hecho, al poner este escenario fuera de un caso hipotético, la mayoría respondió que sí ha tomado la primera opción. Esta idea se refuerza con los juicios de valor positivos que dieron los encuestados al asociar las entidades de justicia con la Policía o los bomberos sobre otros como abogados o políticos.

Aunque la diferencia entre los que buscan a las autoridades y los que no es más bien ajustada, la desconfianza en el sistema judicial sigue siendo uno de los indicadores más altos. En este caso, 66,5% señalaron confiar poco o nada en entidades como la Fiscalía y los juzgados municipales, frente a un 7,6% que dijo confiar mucho en esas entidades. De hecho, la insatisfacción es general hacia la justicia, pues, frente al sistema judicial, este indicador se ubicó en 79,2%, según los resultados del estudio. Y, de acuerdo con Lina María Restrepo, la desconfianza en las entidades de justicia es diferenciada.

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Restrepo, doctora en Economía, le explicó a El Espectador que las personas tienden a tener mayor confianza en las casas de justicia y centros de convivencia que en las entidades judiciales. “Esto se sustenta, en parte, en la naturaleza de los conflictos que son tratados en cada una de las instituciones”, dijo. Prueba de ello, agregó, es que la Fiscalía gestiona en su mayoría conflictos de carácter delictivo, lo que puede generar temor en los denunciantes por filtraciones o retaliaciones. En las casas de justicia, por otro lado, convergen diferentes entidades que se enmarcan en el diálogo y la concertación para resolver conflictos.

“Hay otras razones que pueden variar en los diferentes casos, pero que muchas veces se relacionan con una sensación de inseguridad del contexto, de impunidad (creencia de que no se va a resolver su caso), y en una desconfianza generalizada en los funcionarios basada en experiencias negativas propias y de sus conocidos”, añadió Restrepo. En su concepto, esta desconfianza nace a partir de la cercanía de las personas con su núcleo familiar, pues quienes estén fuera de él, bien sean otros individuos, grupos o instituciones, están sujetos a ser presentados como “menos confiables”.

La discriminación en la justicia

Cuando los investigadores comenzaron a indagar por la discriminación que habían sufrido las personas que acudían a servicios de justicia, se encontraron con los primeros hallazgos. Además de la gran diferencia entre la discriminación percibida en otros y la realmente experimentada por los encuestados, se preguntaron por qué detona esa discriminación. Así, encontraron que el 18,2% manifestó haber sido discriminado por su color de piel; el 15,5%, por su nivel de ingresos, y el 8,1% por sexo. En ningún escenario, ni siquiera en los municipios con una población “racializada”, ese porcentaje de discriminación real estuvo por encima del 26%.

En contraste, los encuestados aseguraron que la justicia discrimina a las personas de su comunidad por estos mismos factores en porcentajes mucho más altos: el 88,3% aseguró que las autoridades discriminan con base en la orientación sexual, el 84, 7% dijo que por color de piel, el 81,1% por nivel de ingresos y el 69.7% por sexo. Para Restrepo y su equipo, esta discrepancia entre la discriminación real que viven los ciudadanos en la justicia y la que perciben es un hallazgo interesante, pues podría ser atribuida a los estereotipos que tienen los ciudadanos hacia el sistema de justicia, que se explican por varios factores.

Restrepo explicó así de dónde nace esa gran diferencia en las cifras: “Se origina en la combinación de prejuicios arraigados, creencias previas de una posibilidad de favoritismo y la falta de conocimiento sobre los procesos legales, que desaparecen o se quedan sin argumento una vez los participantes utilizan los servicios de las casas de justicia, pues experimentan un trato imparcial y equitativo sin importar sus características físicas o condiciones económicas”.

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Es decir, esa diferencia se explica, en primera medida, porque las personas tienen una tendencia a buscar y favorecer información que respalde sus creencias previas. “Cuando existe la creencia comunitaria de que el sistema de justicia es propenso a la discriminación, ya sea por historias compartidas, experiencias interpersonales previas o incluso noticias negativas, es posible que los individuos interpreten nuevos eventos a través de este prisma de percepción”, señaló Restrepo. Así las cosas, se generaliza en la comunidad la percepción de que la justicia discrimina.

En un segundo lugar, la vicedecana de la Universidad del Valle explicó que en comunidades pequeñas existe la posibilidad de que los funcionarios tengan conexiones personales con las personas involucradas en un caso, lo que puede “alimentar el temor de un trato injusto y discriminatorio debido a posibles favoritismos”, según Restrepo, aun si no existe evidencia real de esas influencias. Y, finalmente, que los ciudadanos no tienen mucho conocimiento de cómo funciona el sistema de justicia y esos vacíos los pueden llenar con conclusiones apresuradas.

Al detenerse a analizar los datos sobre sexo y color de piel, los investigadores liderados por la doctora Restrepo se toparon con otro hallazgo. De un lado, que un porcentaje mayor de mujeres que de hombres dijeron haber sido discriminadas por ser mujeres, y ambos grupos parecen estar de acuerdo en que la discriminación hacia ellas, en razón de su sexo, es peor. Por otro lado, que las personas afros e indígenas experimentaron discriminación similar a los blancos o mestizos, pero un porcentaje mayor de los primeros cree que las autoridades discriminan por el color de piel. “Mientras el sexo determina que hay diferencias en las experiencias personales de discriminación, pero no en las creencias, la raza sólo parece afectar las creencias, pero no las experiencias individuales”, explicó Restrepo.

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Así mismo, a los investigadores les llamó la atención que en buena parte de los municipios que se concentraron hay altos niveles de pobreza económica y una gran proporción de personas “racializadas”, así como pertenecientes a pueblos étnicos. ¿Cómo entender, entonces, que se perciba que existe tan alta discriminación por el color de piel y el nivel de ingresos en la justicia? Para Restrepo, hay dos elementos que podrían explicar esto. El primero, que la pertenencia a un grupo, bien sea por color de piel, ingresos o cultura, juega un papel crucial en cómo una persona experimenta e interpreta la discriminación.

El segundo, que la alta presencia de afros e indígenas en estos municipios desencadena también en que ellos mismos son los que atienden, por ejemplo, las casas de justicia. “En conjunto, la fusión entre la identificación grupal y la presencia de profesionales de la misma etnia en las casas de justicia se erige como un elemento fundamental en los resultados sobre cómo se percibe la discriminación en municipios de bajos ingresos con alta diversidad étnica”, explicó la vicedecana.

El conflicto y los sesgos

Ahora bien, en todos los municipios que se concentró el estudio, el conflicto armado ha estado vivo en los últimos años. La violencia podría ser, entonces, un factor para entender la justicia. En grupos focales, por ejemplo, los investigadores hallaron que al preguntarles a los participantes por los conflictos en sus comunidades surgían con frecuencia palabras como “violencia”, “grupos”, “conflicto” y “seguridad”, términos que en algunos casos se repetían cuando les preguntaban por los obstáculos que tienen para acceder a la justicia.

Restrepo explicó más a fondo esta relación: “Hallamos que en la mayoría de los casos, los grupos al margen de la ley, especialmente los asociados con el paramilitarismo, tienen incidencia en dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas desde donde imparten y ejercen orden y control territorial en los municipios. Esto, ligado a la persistencia de problemas estructurales que el Estado no solventa, posibilita que las personas normalicen que sean estos actores y no el Estado quienes regulen las dinámicas de convivencia ciudadana y pauten, o impongan, cómo dar resolución a los conflictos”.

Con base en estos resultados, la doctora Restrepo y su equipo, con acompañamiento del programa Justicia Inclusiva de Usaid, ahora trabajan en estrategias para reducir los sesgos de comportamiento que hallaron en los 12 municipios en los que se concentraron. La vicedecana explicó que se van a enfocar en los aspectos de orden cultural y de conocimiento que intervienen en “un efectivo acceso a los servicios de justicia”, para tumbar, poco a poco, esos estereotipos que alejan a la gente de acceder a su derecho a la administración de justicia.

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