Comunidades indígenas en Tumaco alistan protocolos para violencias de género

“Si en Bogotá hubo un feminicidio a plena luz del día en un centro comercial, donde se supone que debe haber seguridad, imagínese lo que sucede en las zonas desprotegidas en Tumaco”. Así resume la gravedad del panorama de las violencias basadas en género en ese municipio del departamento de Nariño la lideresa Claudia Pai, miembro de la Unidad Indígena del Pueblo Awá Unipa. Para ella, este flagelo ha permeado su comunidad, por lo que, junto a las instituciones del Estado, se busca poner freno al avance de esos casos.

De acuerdo con la lideresa, durante cuatro años se ha intentado articular canales para que la justicia ordinaria y la justicia propia de su población puedan establecer un protocolo para atender los crecientes casos de violencias basadas en género. Los diálogos hasta ahora se están retomando. Sin embargo, señala que cuando se acude a las instituciones para denunciar a los victimarios, las víctimas reciben impunidad. Desde su concepto, y teniendo en cuenta las dinámicas de la justicia propia de la comunidad Awá Unipa, los responsables reciben un castigo, pero también deben responder ante la jurisdicción ordinaria.

“A veces dicen que vayamos a un lado y luego al otro. Nos mantienen dando vueltas. Para mí y para las compañeras es difícil la movilidad porque no estamos ubicadas en la parte urbana de Tumaco, por lo que llegar allá nos toma entre una y dos horas”, dijo. Por esa razón, y buscando el respeto por sus tradiciones, esta comunidad indígena ha retomado los diálogos con la institucionalidad para que esos obstáculos no las alejen de buscar justicia.

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Para Claudia Pai, los municipios de Nariño donde se ha asentado su comunidad durante décadas, además de Tumaco (Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego), han tenido una precaria atención institucional, teniendo en cuenta que sus territorios han sido asediados por el conflicto armado pues, dice, tanto grupos paramilitares como guerrilleros han ejercido su dominio allí. De ahí el incremento en los casos de violencias de género que han llegado, en algunos casos, a terminar en feminicidios.

Un estudio del Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, presentado el pasado 13 de abril, evidenció que los casos reportados por violencias basadas en género y feminicidios en Tumaco han visto una reducción desde 2015, pasando de 587 en ese año a 390 en 2021; sin embargo, la idea es llegar al menor número posible, siguiendo los protocolos que se están dialogando. El estudio, además, resalta que la violencia física y sexual en contra de las mujeres de Tumaco son las tendencias que más se repiten, con 217 y 112 casos reportados, respectivamente.

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Aunque estas violencias persisten, la abogada Yurizang García le dijo a este diario que las políticas públicas de género en Tumaco son una prioridad, motivo por el cual nace la idea de articular la justicia ordinaria y justicia propia de varias comunidades indígenas (como la Awá Unipa), afro y campesinas, de la mano con organizaciones sociales en pro de la defensa de las mujeres y la población LGBTIQ+. “Se han dado herramientas a las instituciones sobre cómo abordar y visibilizar los casos de violencias de género”, señaló. García, por otra parte, confirmó que hay rutas municipales y comunitarias para atender estos casos.

Uno de los puntos cruciales de esta iniciativa es que los protocolos no pueden ser iguales, pues las violencias varían de acuerdo a la comunidad. En ese caso, se busca crear una mesa de género en la que participen representantes indígenas, afro, mujeres y población LGBTIQ+ para que den un panorama sobre los casos que han identificado y, así, alertar a las instituciones como la Defensoría, la Fiscalía y la Comisaria de Familia sobre cómo intervenir sin incurrir en revictimización. “El año pasado, Tumaco actualizó su política pública de género, incluyendo a varios actores. La idea para este año es revisar cómo están esos planes de gobierno interno respecto a la acción de violencias basadas en género, mirar hasta donde terminan sus competencias y en qué momento interviene la justicia ordinaria”, precisó García.

De acuerdo estuvo Claudia Pai, quien recordó que las propuestas de las comunidades indígenas quedaron consignadas en un documento y el proceso quedó pausado. Ahora que se vuelve a abrir, la idea es continuar con una agenda interinstitucional. “Hemos estado fortaleciendo mecanismos de relacionamiento, que se basan principalmente en el respeto por la justicia propia y ordinaria. Esperamos que sea un diálogo directo y horizontal; de autoridad a autoridad”, agregó la lideresa.

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Además del respeto por sus costumbres en materia de justicia, entre los puntos que quedaron redactados para definir protocolos también se habla de establecer políticas en torno a los derechos humanos, la jurisprudencia, la espiritualidad y el uso de la medicina. “Siempre hemos tenido como tradición la oralidad porque así hemos transmitido los saberes por generaciones, por lo que pedimos que eso también se tenga en cuenta”, agregó.

Desde la institucionalidad, la representación en las mesas de articulación está liderada por el Consejo Superior de la Judicatura para definir los puntos a los que se refiere Claudia Pai, incluido el componente de atención de casos de violencia de género. Respecto a la Alcaldía y Gobernación, se espera que también tengan una cuota de participación para aterrizar el componente de justicia ordinaria y buscar rutas de acción para prevenir estas violencias. En ocasiones, dice Pai, los agresores solo son castigados con trabajos comunitarios, por lo que es necesario que desde las instituciones locales se endurezcan las sanciones.

Las comunidades indígenas del territorio, por su parte, también esperan que el panorama mejore ya que, hasta 2021, las mujeres indígenas representaron el 5,5% de las víctimas de violencia de pareja en Tumaco, según el estudio de la Universidad de Nariño. Esto, sin contar con los casos perpetrados por los actores armados que se instalaron en su territorio durante la década de los noventa e inicio de los 2000.

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“Si en Bogotá hubo un feminicidio a plena luz del día en un centro comercial, donde se supone que debe haber seguridad, imagínese lo que sucede en las zonas desprotegidas en Tumaco”. Así resume la gravedad del panorama de las violencias basadas en género en ese municipio del departamento de Nariño la lideresa Claudia Pai, miembro de la Unidad Indígena del Pueblo Awá Unipa. Para ella, este flagelo ha permeado su comunidad, por lo que, junto a las instituciones del Estado, se busca poner freno al avance de esos casos.

De acuerdo con la lideresa, durante cuatro años se ha intentado articular canales para que la justicia ordinaria y la justicia propia de su población puedan establecer un protocolo para atender los crecientes casos de violencias basadas en género. Los diálogos hasta ahora se están retomando. Sin embargo, señala que cuando se acude a las instituciones para denunciar a los victimarios, las víctimas reciben impunidad. Desde su concepto, y teniendo en cuenta las dinámicas de la justicia propia de la comunidad Awá Unipa, los responsables reciben un castigo, pero también deben responder ante la jurisdicción ordinaria.

“A veces dicen que vayamos a un lado y luego al otro. Nos mantienen dando vueltas. Para mí y para las compañeras es difícil la movilidad porque no estamos ubicadas en la parte urbana de Tumaco, por lo que llegar allá nos toma entre una y dos horas”, dijo. Por esa razón, y buscando el respeto por sus tradiciones, esta comunidad indígena ha retomado los diálogos con la institucionalidad para que esos obstáculos no las alejen de buscar justicia.

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Para Claudia Pai, los municipios de Nariño donde se ha asentado su comunidad durante décadas, además de Tumaco (Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego), han tenido una precaria atención institucional, teniendo en cuenta que sus territorios han sido asediados por el conflicto armado pues, dice, tanto grupos paramilitares como guerrilleros han ejercido su dominio allí. De ahí el incremento en los casos de violencias de género que han llegado, en algunos casos, a terminar en feminicidios.

Un estudio del Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, presentado el pasado 13 de abril, evidenció que los casos reportados por violencias basadas en género y feminicidios en Tumaco han visto una reducción desde 2015, pasando de 587 en ese año a 390 en 2021; sin embargo, la idea es llegar al menor número posible, siguiendo los protocolos que se están dialogando. El estudio, además, resalta que la violencia física y sexual en contra de las mujeres de Tumaco son las tendencias que más se repiten, con 217 y 112 casos reportados, respectivamente.

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Aunque estas violencias persisten, la abogada Yurizang García le dijo a este diario que las políticas públicas de género en Tumaco son una prioridad, motivo por el cual nace la idea de articular la justicia ordinaria y justicia propia de varias comunidades indígenas (como la Awá Unipa), afro y campesinas, de la mano con organizaciones sociales en pro de la defensa de las mujeres y la población LGBTIQ+. “Se han dado herramientas a las instituciones sobre cómo abordar y visibilizar los casos de violencias de género”, señaló. García, por otra parte, confirmó que hay rutas municipales y comunitarias para atender estos casos.

Uno de los puntos cruciales de esta iniciativa es que los protocolos no pueden ser iguales, pues las violencias varían de acuerdo a la comunidad. En ese caso, se busca crear una mesa de género en la que participen representantes indígenas, afro, mujeres y población LGBTIQ+ para que den un panorama sobre los casos que han identificado y, así, alertar a las instituciones como la Defensoría, la Fiscalía y la Comisaria de Familia sobre cómo intervenir sin incurrir en revictimización. “El año pasado, Tumaco actualizó su política pública de género, incluyendo a varios actores. La idea para este año es revisar cómo están esos planes de gobierno interno respecto a la acción de violencias basadas en género, mirar hasta donde terminan sus competencias y en qué momento interviene la justicia ordinaria”, precisó García.

De acuerdo estuvo Claudia Pai, quien recordó que las propuestas de las comunidades indígenas quedaron consignadas en un documento y el proceso quedó pausado. Ahora que se vuelve a abrir, la idea es continuar con una agenda interinstitucional. “Hemos estado fortaleciendo mecanismos de relacionamiento, que se basan principalmente en el respeto por la justicia propia y ordinaria. Esperamos que sea un diálogo directo y horizontal; de autoridad a autoridad”, agregó la lideresa.

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Además del respeto por sus costumbres en materia de justicia, entre los puntos que quedaron redactados para definir protocolos también se habla de establecer políticas en torno a los derechos humanos, la jurisprudencia, la espiritualidad y el uso de la medicina. “Siempre hemos tenido como tradición la oralidad porque así hemos transmitido los saberes por generaciones, por lo que pedimos que eso también se tenga en cuenta”, agregó.

Desde la institucionalidad, la representación en las mesas de articulación está liderada por el Consejo Superior de la Judicatura para definir los puntos a los que se refiere Claudia Pai, incluido el componente de atención de casos de violencia de género. Respecto a la Alcaldía y Gobernación, se espera que también tengan una cuota de participación para aterrizar el componente de justicia ordinaria y buscar rutas de acción para prevenir estas violencias. En ocasiones, dice Pai, los agresores solo son castigados con trabajos comunitarios, por lo que es necesario que desde las instituciones locales se endurezcan las sanciones.

Las comunidades indígenas del territorio, por su parte, también esperan que el panorama mejore ya que, hasta 2021, las mujeres indígenas representaron el 5,5% de las víctimas de violencia de pareja en Tumaco, según el estudio de la Universidad de Nariño. Esto, sin contar con los casos perpetrados por los actores armados que se instalaron en su territorio durante la década de los noventa e inicio de los 2000.

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