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En octubre de 2022, las madres, abuelas, hijas y esposas de los desaparecidos en Colombia alzaron su voz en la sala de máquinas del Legislativo. De la mano de colectivos, organizaciones de víctimas y años de estudios e informes, presentaron un proyecto de ley, respaldado por legisladores del Pacto Histórico, para que su labor de búsqueda sea reconocida.
El proyecto 242C, como se radicó, obliga al Estado a proteger a casi medio millón de mujeres que han visto a sus familiares desaparecer. Además, busca que ellas puedan emprender su búsqueda en condiciones seguras, pues en la larga historia de desaparición forzada, la violencia de género y los estigmas contra las mujeres buscadoras han sido una constante.
Pero esta lucha que busca ser ley ha traspasado las fronteras. A finales de 2023, al menos 20 protagonistas de la comunidad internacional se reunieron en el Congreso con los colectivos de mujeres y demostraron su apoyo al proyecto dando un espaldarazo para su aprobación en su último debate en la plenaria del Senado.
El Espectador habló con Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, acerca de sus posturas sobre el proyecto y la oportunidad histórica que tiene el Congreso de ofrecer justicia a unas mujeres cuyas vidas, después de la desaparición forzada de sus familiares, ha estado marcada por el estigma y el abandono del Estado.
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¿Por qué la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos está apoyando este proyecto de ley?
La desaparición de un ser querido es una de las peores violaciones que puede sufrir una persona. La incertidumbre y el no poder iniciar un proceso de duelo causan un dolor inimaginable. Y, sin embargo, los familiares de los desaparecidos demuestran una valentía sin igual en sus procesos incansables de búsqueda. Ellas y ellos merecen todo nuestro apoyo, acompañamiento y respaldo ya que sus luchas históricamente han sido solitarias, con poco respaldo estatal. Hoy esta iniciativa parlamentaria es una oportunidad para corregir décadas de abandono.
En noviembre se reunieron miembros de la comunidad internacional con las mujeres buscadoras en el Congreso de la República y se habló de apoyo al proyecto. ¿De qué manera ha apoyado y apoyará ONU Derechos Humanos este proyecto de ley?
Nosotros hacemos público nuestro apoyo a esta ley porque es una manera de construir un entorno más protector para las buscadoras. Trabajamos de la mano con las mujeres en el impulso de este proyecto desde el año pasado poco antes de su radicación en la Cámara de Representantes, y agradecemos a las organizaciones regionales y a la Fundación Nidya Erika Bautista por permitirnos estar con ellas.
Pusimos en diálogo las normas y estándares internacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos con las realidades y exigencias de las mujeres, de tal modo que sus legítimas exigencias tengan un reflejo normativo en el ámbito internacional. Ahora promovemos la conformación de un Grupo de Apoyo Internacional para velar juntas por una adecuada implementación de la ley una vez lograda su adopción. Urgimos a todos los parlamentarios de todas las bancadas a apoyar esta iniciativa histórica que cuenta con amplio respaldo y reconocimiento de la comunidad internacional.
ONU Derechos Humanos ha acompañado tanto a los colectivos de mujeres que buscan a sus familiares como a las poblaciones donde hubo desaparición. ¿Qué decir sobre este acompañamiento y qué significa para ONU y las mujeres buscadoras que tengan un apoyo por parte de la organización?
Para ONU Derechos Humanos es un privilegio acompañar estos procesos y a estas mujeres. Cada día aprendemos de su determinación y valentía. Esperamos que nuestro acompañamiento a sus luchas las haga sentir un poco menos solas, más reconocidas y que nuestro apoyo técnico las fortalezca en sus luchas.
(Lea también: La lucha de las mujeres buscadoras para que el Estado proteja sus derechos)
¿Desde su visión como organización internacional qué ha significado la desaparición forzada en Colombia? ¿Cómo puede este proyecto, y el apoyo que ONU Derechos Humanos ha brindado, ayudar a sanar y brindar justicia a las mujeres buscadoras?
La desaparición forzada es una violación de múltiples derechos humanos que se constituye como un crimen que no finaliza hasta que sea encontrado el paradero de la víctima. Y afecta a la víctima, a su familia y a toda la sociedad. En Colombia, según datos oficiales, hay por lo menos 103.839 personas dadas por desaparecidas. Colombia es el país con el más alto número de personas desaparecidas de la región. La desaparición es una tragedia humana que debemos nombrar, reconocer, solidarizarnos con ella, así como construir e implementar todas las medidas posibles para ponerle fin. El proyecto de Ley contribuye a hacer justicia social y es un avance que se esté dando el debate en el Congreso.
¿Qué significaría para la paz y la confianza en la justicia en caso de que se apruebe el proyecto?
Esta ley es una manera de reconocer la enorme contribución de las buscadoras al respeto por los derechos humanos y la construcción de la paz. Ellas han luchado incansablemente por la justicia y la verdad, en contra de la guerra y la violencia; en contra de los abusos del Estado y de todos los actores armados para exigir el respeto de los derechos humanos y conocer el paradero de sus seres queridos. Reconocer sus luchas es abrirle el camino a la justicia, a la verdad, a la no repetición y a la paz.
Desde ONU Derechos Humanos han apoyado planes regionales de búsqueda. ¿Cuáles son los objetivos de Naciones Unidas para la búsqueda de personas desaparecidas y para el sostenimiento del proyecto de ley de mujeres buscadoras?
Por nuestro mandato hacemos seguimiento permanente a las desapariciones forzadas en el país, al igual que al cumplimiento de las Observaciones y/o Recomendaciones de Órganos de tratado, como el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición Forzada y, procedimientos especiales, como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, entre otros. Impulsamos la búsqueda en contextos concretos acompañando a las buscadoras, mamás, hijas, hermanas y otros en contextos territoriales diversos y desafiantes.
Ofrecemos cooperación técnica a las instituciones del Estado como la UBPD, la JEP y la Fiscalía para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Con el Ministerio de Justicia trabajamos a fin de consolidar la política pública integral frente a las desapariciones forzadas y otras formas de desaparición, mediante la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en concordancia con las Observaciones del Comité de las Naciones Unidas contra desapariciones forzadas a Colombia.
También Fortalecemos las capacidades y conocimientos de las víctimas y sus organizaciones para la exigibilidad de sus derechos.
(En contexto: Las mujeres buscadoras suman a la comunidad internacional como nuevo aliado)
Se ha hecho mucho énfasis en el papel clave de las mujeres buscadoras: hermanas, madres, hijas o abuelas que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos forzosamente. Y usted ha mencionado que sufren un impacto “diferencial” en este proceso de desaparición y búsqueda. ¿Por qué?
Mayoritariamente han desaparecidos hombres, lo que implica que las mujeres deben asumir cambio de roles en la familia y, además, asumir la responsabilidad económica de su grupo familiar, llevando incluso al empobrecimiento.
La persecución y la comisión de violaciones de derechos humanos dirigida a las mujeres buscadoras, basada en la estigmatización de la labor, agudiza los impactos del crimen y tiene serios efectos en la búsqueda, la tranquilidad para ejercer sus derechos y en los procesos organizativos, que son vitales para robustecer la democracia. Este proyecto de Ley es un acto de sororidad con las mujeres buscadoras, porque dignifica una labor poco visible, pero altamente costosa para el bienestar, que también atiende la protección de otras personas que buscan.
La violencia de género también ha sido uno de los escalones que las mujeres buscadoras han sufrido en su labor. ¿Qué implica que pese a ello hayan continuado sus procesos y luchas de búsqueda?
La violencia de género que han sufrido las mujeres buscadoras pone presente la persistencia de un contexto altamente machista en el que las relaciones interpersonales están medidas por relaciones de poder, en la que las mujeres no son vistas como iguales. El continuum (sic) de violencia que han sufrido las mujeres y niñas, y personas con orientación sexual, expresión e identidad de género diversa en la búsqueda refleja la necesidad de transformar las relaciones humanas desde el respeto a la libertad, dignidad y la igualdad, en la que las mujeres buscadoras pueden ejercer su derecho a la búsqueda en contextos protectores y de valía de su rol de liderazgo sin miedo.
El proyecto de ley de mujeres buscadoras reúne varios temas: género, justicia, conflicto e inclusión. ¿Qué otros aspectos se pueden resaltar de este proyecto?
El proyecto promueve el reconocimiento y la mención de las mujeres como lideresas de los procesos de búsqueda y las transformaciones institucionales y legislativas que se han consolidado en el país.
La iniciativa en el Congreso busca que el 23 de octubre sea el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras, en honor a la memoria de la señora Fabiola Lalinde: incansable buscadora de la verdad y la justicia, frente a la desaparición forzada de su hijo Luis Fernando.
La visibilización y reconocimiento de los impactos diferenciados de las mujeres generan la adopción de medidas materiales que aporten a la reparación integral de las víctimas en perspectiva de mejorar las condiciones de vida.
¿Qué sigue ahora para las mujeres buscadoras?
Seguimiento al proyecto de Ley, se espera debate en plenaria del Senado y posible conciliación entre el proyecto aprobado en Cámara y el futuro aprobado en Senado. Las organizaciones de mujeres buscadoras continuarán haciendo público el contenido del proyecto de Ley para facilitar comprensiones acerca de las dimensiones e impacto de las desapariciones, continuarán a través de su experiencia apoyándose en el proceso de implementación de la Ley, si llegase a ser aprobada. Sin duda sería un triunfo y reconocimiento a décadas de lucha, lo que marca un precedente para la región y, además, es una base para futuras transformaciones en contextos adversos para la defensa de los derechos humanos.
¿Cómo califica el trámite legislativo que ha tenido el proyecto? ¿Qué oportunidades representa y qué vacíos se han podido observar?
Es una oportunidad inédita que tiene el Congreso y Colombia para reconocer las luchas de los familiares de los desaparecidos. Una lucha que ha estado invisibilizada pero que ha tenido un efecto transformador en la sociedad y el Estado por la determinación de las buscadoras al exigir el respeto de los derechos. Es la oportunidad de atender las solicitudes legitimas de las mujeres que en el territorio han tenido que afrontar y continuar la vida pese al impacto generado por las desapariciones y toda la persecución derivada de la búsqueda. Es una oportunidad única para caminar al lado de las buscadoras y abrir el camino de su reconocimiento.
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