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José Ortega ha intentado durante casi una década un tipo de justicia muy anhelada en Córdoba: que las tierras arrebatadas por la violencia vuelvan a los campesinos que en el pasado tuvieron que exiliarse de la guerra. Desde la creación de la Ley de Víctimas en 2011, las zonas rurales del departamento han pasado de albergar los recuerdos de los desplazamientos paramilitares a convertirse en un ejemplo de restitución y esperanza. Algo que Ortega define como “una luz al final del túnel” para las más de 5.000 familias que abandonaron sus hogares y en la actualidad buscan retornar a ellos.
Hablar de justicia para Ortega solo es posible si se tiene en cuenta que las entidades y el Estado muevan los engranajes de la máquina para que les sean devueltas las parcelas que tuvieron que abandonar. Como asistente jurídico de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), Ortega conoce los vericuetos de la ley y los obstáculos que las familias han tenido que enfrentar para regresar a las tierras despojadas por el dominio paramilitar. Pero en el balance que hay, reconoce que ha habido bastantes logros que acercan la justicia a los campesinos y las familias del departamento.
“El trabajo que venimos haciendo abre la posibilidad para que las personas empiecen a hablar de su tierra y su casa” como si fuera algo propio, explica Ortega. “Años atrás no se daba siquiera la opción que la gente pudiera presentar solicitudes de restitución de tierras porque automáticamente se le cerraban las puertas. Ahora, se estudia su caso y se ve una esperanza de que en el futuro se va a compensar su predio”.
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El “tierrero” de Córdoba
En el pasado, Córdoba y el Urabá antioqueño funcionaron como el laboratorio de la violencia y el despojo paramilitar. Fue desde esas zonas que los hermanos Castaño perfeccionaron sus técnicas de desplazamiento y consolidaron los primeros bastiones militares, para luego expandirse en otros departamentos. Solo en dos décadas, diferentes estudios aseguran que casi 10 mil hectáreas fueron arrebatadas bajo el imperio de los fusiles y las amenazas a sus legítimos dueños. Es decir, casi tres veces el área total de la isla de San Andrés.
El desplazamiento se dio a gran escala, y según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), han llegado a sus oficinas más de 5.000 solicitudes de restitución de campesinos que aseguran que tuvieron que desalojar sus hogares. Además, han llegado peticiones de comunidades étnicas, como por ejemplo acciones grupales de comunidades afros o de indígenas Zenú, que también piden que les sea devuelta la tierra que la guerra les arrebató.
De acuerdo con la URT ha habido pasos significativos para que “darle voz a quienes no tienen voz”. De acuerdo con la Unidad, los logros que se han alcanzado para restituir las tierras han sido gracias a un trabajo colaborativo con otras organizaciones, como por ejemplo Ascsucor y programa de Justicia Inclusiva que tiene la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid).
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La URT le explicó a este diario que, gracias a esos apoyos, se ha logrado solucionar conflictos que venían desde hace muchos años, como por ejemplo, empezar los trámites para que pueda haber restitución en zonas protegidas ambientalmente por el Estado. Vale la pena recordar que antes de 2022, la URT no recibía solicitudes de demandantes que pedían restitución de tierras en parques naturales, pues se debía “proteger la biodiversidad y el medio ambiente”.
La entidad asegura que el trabajo que han hecho no solo consiste en entregar un predio y sus escrituras a las familias que restituyen. Su objetivo es hacer que las familias que retornan a sus hogares puedan tener los medios y las herramientas para tener proyectos productivos.
Desde que la creación de la Ley de Víctimas, más de 4.600 personas han podido regresar a sus hogares en Córdoba.
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“La restitución va más allá de la entrega de tierras”, dice una funcionaria de la URT a este diario. Busca “armonizar, transformar vidas y territorios con la implementación de proyectos productivos (...) por eso la entidad ha atendido a 979 familias con una inversión de más de 26.000 millones de pesos”, en todo Córdoba.
La Unidad explica que aparte de entregar las parcelas a campesinos que pedían restitución han logrado crear proyectos productivos que hacen que vivir en esas parcelas sea sostenible. Por ejemplo, “se han entregado más de $4.750 millones a 150 familias restituidas para la puesta en marcha de iniciativas productivas de ganadería bovina, bufalina, apicultura, hortalizas y porcicultura, entre otros, lo que ha permitido también la suscripción de 80 contratos de comercialización de sus productos”, dice la entidad.
Pero el retorno de las familias campesinas a sus antiguos hogares tiene un componente que Ortega y la URT consideran importante: “el tema de seguridad”. Para que las personas puedan regresar a sus hogares de forma segura, y no tener nuevamente riesgos de ser despojados. Tanto la Unidad, como Ascsucor y entidades estatales han avanzado en la microfocalización, es decir, garantizar que grupos armados que aún existen en la zona no tengan posibilidad de desplazar a quienes ya pudieron ser restituidos.
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Avances progresivos
Ortega reconoce que Ascsucor ha logrado algunos éxitos en restitución de tierras en los últimos años. La organización, que se encarga de representar a la población civil y campesina de Córdoba, ha tenido incidencia para que la justicia pueda actuar rápido a favor de las personas que en el pasado fueron despojadas.
Por ejemplo, la URT señala que la justicia ha emitido más de 350 sentencias que restituyen las tierras a las familias en Córdoba. La entidad asegura que casi 5.000 personas se han visto beneficiadas, y aunque quedan muchas solicitudes y peticiones pendientes, el modelo de restitución del departamento se puede convertir en un piloto a nivel nacional.
El enfoque de género también ha estado presente en el modelo de restitución de tierras en Córdoba. Según explicó la Unidad, ha habido una división especial que garantiza que las mujeres también puedan ser poseedoras de tierras.
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“En los últimos cuatro años, 108 campesinas han sido reconocidas como titulares de sus predios, en beneficio de 575 mujeres miembros de los núcleos familiares del proceso de restitución en esta región”, asegura la entidad.
Ante las críticas que se han hecho al sistema de justicia en Córdoba, la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Isamary Marrugo, explica que están saturados porque hay un desbalance en cuanto a la oferta y demanda de justicia en el departamento. La funcionaria judicial asegura que hay una cobertura de poco más del 40 % de las peticiones de justicia, mientras que las solicitudes y peticiones judiciales superan el 345 %.
Tanto Ortega como la URT coinciden en que, si bien falta mucho camino por recorrer para que los campesinos de Córdoba y Colombia encuentren justicia en la restitución de tierras, los avances que se han logrado hasta la actualidad son un ejemplo de voluntad política y social. Un camino en el que, como reconoce el líder es posible que en un mediano plazo, más campesinos y familias puedan regresar a las tierras y superar los episodios de despojo que hace décadas vivieron en sus hogares.
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