Cortar de raíz la violencia de género: la misión que emprenden mujeres de Córdoba

“Montería y, en general, Córdoba es un territorio muy machista”. Esta no es una afirmación al aire, es una opinión que tienen decenas de mujeres tanto de la capital de ese departamento, así como de las zonas rurales. Y no lo dicen a la ligera. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y 2022, Córdoba se ubicó como el departamento con el mayor número de feminicidios, con 49 casos, superando incluso a Antioquia y Cundinamarca. En 2023 las cosas parecen no mejorar. Por lo menos hasta agosto, el Observatorio Colombiano de Feminicidios ha registrado 16 casos allí. Y aunque el panorama no es alentador, varias organizaciones de mujeres han planteado diversas estrategias para hacerle frente a esas violencias.

Diana* es una lideresa y activista que, durante más de 10 años, ha llevado la batuta de la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres en Montería y otros municipios del sur de Córdoba como Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y San José de Uré. En este último, ella asegura haber conocido uno de los más recientes casos de violencia de género que la estremeció. Un pastor evangélico encerró durante varios días a su esposa y a su hija, las golpeó y les dijo que Dios sanaría sus heridas. “Cómo es posible que estas cosas sigan pasando en nombre de la religión”, dice Diana, observando en su celular las imágenes de esa denuncia, que le llegó por redes sociales.

Casos similares le contó la lideresa a este diario, durante un recorrido de aproximadamente 20 minutos, en dirección a Café de Letras, un restaurante al norte de Montería, decorado con estanterías de libros y recortes de periódicos viejos. Allí, además de exaltar la lectura, es un lugar de reunión y juntanza, donde mujeres agendan encuentros para contar sus vivencias y hablar sobre sus proyectos. De hecho, es un lugar conocido por las mujeres que conforman la alianza “Ni a mi, Ni a ninguna”, una integración de diferentes colectivos, con apoyo de empresas privadas y del sector público, que busca la erradicación de las violencias contra las mujeres.

(Lea aquí: Bojayá y su apuesta para erradicar la violencia intrafamiliar)

A esta alianza pertenece Lina Tordecilla, comunicadora social, periodista y coordinadora de comunicaciones del colectivo. Desde 2017, señala, ha estado al frente, junto con sus compañeras, para atraer nuevos actores a la organización, para que puedan sumar fuerzas en contra de la violencia de género. Mediante conversatorios, charlas en colegios y una estrategia para contar historias a través de Instagram y otros canales, aprovechaban fechas clave, como el 25 de noviembre (día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer), para darse a conocer en diversos espacios y hablar sobre la prevención de la violencia de género, cómo identificarla, qué hacer ante un eventual caso y cuáles son las rutas para denunciar.

“Este ejercicio era muy provechoso, hasta que llegó el Covid-19. Durante la pandemia, los casos de maltrato crecieron mucho, sobre todo en la zona rural, y no podíamos reaccionar tan fácil. Pero tuvimos una iniciativa: nos llegaban historias de mujeres víctimas de violencia de género, principalmente por parte de actores armados, entonces tomamos esas historias e hicimos unos videos. Cada miembro de la alianza tenía que hacer un video contando esa historia como si fuera propia. Fue un ejercicio bastante duro, porque era como meterse en las vivencias de esas mujeres, incluso algunas habían fallecido. Esa fue una campaña bastante sentida y fuerte, así les llegamos a las personas a través de las redes y les recordamos que seguíamos presentes”, afirma Tordecilla.

(Puede leer: Fanny Escobar: justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia)

El aumento de casos de violencia de género durante los confinamientos por cuenta de la pandemia también ha sido registrado por colectivos como Caribeñxs, una organización feminista que desde 2018 ha ejercido una labor de acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ en temas jurídicos y psicosociales de forma gratuita. Desde el 2020, el Centro de Acompañamiento Integral de Caribeñxs registra al menos 226 casos de violencia de género y violencia por prejuicio. “No son todos casos activos; son los que han pasado por nuestras manos”, precisa Linda López, abogada y coordinadora del centro integral. Y agrega que, de ese número, un gran porcentaje cobija a los casos de violencia de los que son víctimas las mujeres trans.

Para López, a pesar de los confinamientos, llevar las labores de acompañamiento al campo virtual no es un problema, es más bien una oportunidad, y se ha convertido en un elemento que utilizan hasta el día de hoy, ya que han atendido casos más allá de Córdoba, en ciudades como Bogotá, Medellín, Neiva y Popayán. Sus labores han ido más lejos, pues, como asegura la abogada, en algunas ocasiones han otorgado a las víctimas un auxilio de transporte cuando necesitan ir a la Fiscalía a instaurar una denuncia. Aunque ese proceso es en sí un gran paso para motivar el camino de alzar la voz, la jurista señala que los funcionarios judiciales “no están capacitados” para atender a víctimas por violencia de género o intrafamiliar, por lo que, desde Cairbeñxs, se han dado a la tarea de dialogar con ellos sobre cómo abordar temas de género.

Para ella y sus compañeras, la gestión de los entes de control es, por lo general, “floja”, y asegura que el abordaje judicial en algunos casos es una labor titánica, pues en unos procesos los avances parecen ir a paso de tortuga, y en otros, dice, las pruebas se han perdido. “¿Cómo le voy a decir a una víctima que habiendo ocho cámaras de vigilancia para identificar a su agresor no se va a poder porque ninguna funciona?, ¿para qué sirven las ocho cámaras si no podemos acceder al material?”, se pregunta López. Y, pese a que desde la organización hacen un balance negativo de la gestión institucional, no se han quedado quietas, y han intentado llegar cada vez más a los despachos judiciales.

(Lea también: Aunque hay canales de denuncia por violencia de género, aún tienen varios vacíos)

“Dentro de los esfuerzos que nosotras estamos haciendo como Caribeñxs está dialogar con los funcionarios públicos, derrumbar la barrera de la información y sensibilizar. Después de hablar con nosotras, algunos de ellos me escriben a WhatsApp que nunca habían entendido que aunque nosotras entendemos sus problemas, ellos son quienes deben garantizar nuestros derechos fundamentales, que es lo que vamos a pedirles. También nos dicen que debemos llevar estos espacios a otros compañeros de la oficina. Esto funciona porque yo no les voy a hablar de Londres o Alemania, les voy a hablar de lo que pasa en Montería, aquí en Córdoba”, anota la abogada López.

Con miras a que las violencias basadas en género y violencias por prejuicio se conozcan en el departamento, y se entiendan como un problema real, Caribeñxs, de la mano del programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ha diseñado diversas estrategias en municipios como Puerto Libertador, Tierralta, San José de Uré, San Pelayo, Valencia, Montelíbano y Montería. Entre estas iniciativas resalta la elaboración de documentos de prevención y acción frente a la violencia basada en género, los cuales ya están terminados y esperan entregar a los gobiernos municipales actuales y a quienes sean electos en los comicios del 29 de octubre. “Queremos que tengan el documento para que lo adopten y así lo pueden empalmar para utilizarlo en sus rutas de gobierno”, dicen desde la organización.

Linda López, por su parte, destaca una iniciativa que se han planteado desde Caribeñxs para que los candidatos a las alcaldías y a la gobernación tengan dentro de sus planes de gobierno propuestas en favor de los derechos de la población LGBTIQ+: “Tuvimos un espacio en el que hablamos con población LGBTIQ+ en el departamento para enseñarles a leer los Planes de Desarrollo de los municipios para que tengan acceso y conozcan sobre los presupuestos municipales para las acciones que ellas y ellos necesitan. También hicimos, de cara a estas elecciones regionales, una socialización sobre qué les gustaría que los candidatos incluyan en sus planes de gobierno. Por esa razón, también les enseñamos a interponer recursos como derechos de petición y acciones de tutela”.

(Le puede interesar: Colectivo de abogadas en Cartagena lucha para dar justicia a violencias de género)

El apoyo que reciben colectivos como este depende, en gran parte, de las personas que de forma voluntaria quieran sumarse a sus proyectos de atención y prevención. Sin embargo, hay un organismo local que también ha tenido una efectiva articulación con estas organizaciones: la Comisaría de Familia. En Montería, en la casa de justicia está ubicada la oficina de Luis Fernando Lozano, comisario único de familia. Hasta hace poco recibió el apoyo de estudiantes de derecho de últimos semestres de diferentes universidades y ha logrado ampliar su equipo para atender los casos que día a día llegan a su escritorio. Uno de sus llamados para que los resultados contra la violencia de género puedan ser más tangibles, es que el municipio pueda contar con más de una Comisaría de Familia.

De hecho, de acuerdo con la ley 2126 de 2021, que regula estos organismos, por cada 100.000 habitantes debe haber una comisaría. En Montería hay más de 600.000 y solo una oficina. No es un tema menor. Desde hace unos meses, el comisario Lozano busca llamar la atención de la alcaldía y el Ministerio de Justicia, para exponer la grave situación que atraviesa la comisaría, pues, además de estar saturados de casos, no cuentan con elementos básicos para funcionar. “Aproximadamente 200 personas se acercan directamente, pero también recibimos casos desde otros sectores (cerca de 50 o 60) como el sector salud, pues desde los hospitales nos remiten a las mujeres que fueron abusadas sexualmente. La Fiscalía, por ejemplo, es otro proveedor de casos, muchas veces la entidad identifica los que tienen que ver con violencia intrafamiliar”, dice Lozano.

(Lea también: Comisarías de Familia: justicia en tiempos de escasos recursos)

Al igual que López y Tordecilla, el comisario es enfático en señalar que, tras la pandemia, la violencia en el contexto familiar empeoró. En su concepto, y tras conocer día a día diferentes hechos de violencia, asegura que en el 2022 y en lo corrido del 2023 el panorama no ha sido el mejor. Según datos de la Comisaría de Familia de Montería, se emiten cada mes más de 260 medidas de protección a víctimas en la ciudad, de las cuales el 30% corresponden al desalojo de algún miembro del núcleo familiar identificado como agresor. De acuerdo con Lozano, una de esas medidas de protección también consiste en sacar a la víctima del contexto violento que vive en su hogar, algo que ocurre al menos 25 veces al mes. “El 98% de los casos de desalojo son mujeres o niñas, y de ese porcentaje, el 50% es debido a la violencia de género”, dice el comisario.

“La violencia intrafamiliar está tipificada como un delito penal, y nosotros, a partir de la ley 2126, hablamos sobre violencia en el contexto familiar. Esto, para identificar que la violencia intrafamiliar es el tipo penal que es competencia de la Fiscalía, y la violencia en el contexto familiar es competencia de las comisarías. Si las víctimas van a la Fiscalía, muchas veces el agresor puede ir preso, pero si las mujeres dependen económicamente de él son ellas las grandes perjudicadas. La Fiscalía nos remite el caso cuando se pide una orden de alejamiento y quien se hace cargo es la comisaría”, añade.

(Lea también: En Córdoba se instaló el primer comité departamental de justicia del Caribe)

Así las cosas, desde diversas organizaciones y organismos, se busca erradicar la violencia de género, bien sea mediante labores de prevención o, también, promoviendo mecanismos como la denuncia. Todo esto en un departamento que durante los últimos meses se posicionó como uno de los más violentos para las mujeres y la población LGBTIQ+. No obstante, son estas iniciativas las que se ubican como un primer peldaño para dar solución a este flagelo, pues, como dice Lina Tordecilla: “Entre todas hemos dado pasos pequeños, pero muy seguros”.

*Nombre cambiado a petición de la fuente

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

“Montería y, en general, Córdoba es un territorio muy machista”. Esta no es una afirmación al aire, es una opinión que tienen decenas de mujeres tanto de la capital de ese departamento, así como de las zonas rurales. Y no lo dicen a la ligera. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y 2022, Córdoba se ubicó como el departamento con el mayor número de feminicidios, con 49 casos, superando incluso a Antioquia y Cundinamarca. En 2023 las cosas parecen no mejorar. Por lo menos hasta agosto, el Observatorio Colombiano de Feminicidios ha registrado 16 casos allí. Y aunque el panorama no es alentador, varias organizaciones de mujeres han planteado diversas estrategias para hacerle frente a esas violencias.

Diana* es una lideresa y activista que, durante más de 10 años, ha llevado la batuta de la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres en Montería y otros municipios del sur de Córdoba como Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y San José de Uré. En este último, ella asegura haber conocido uno de los más recientes casos de violencia de género que la estremeció. Un pastor evangélico encerró durante varios días a su esposa y a su hija, las golpeó y les dijo que Dios sanaría sus heridas. “Cómo es posible que estas cosas sigan pasando en nombre de la religión”, dice Diana, observando en su celular las imágenes de esa denuncia, que le llegó por redes sociales.

Casos similares le contó la lideresa a este diario, durante un recorrido de aproximadamente 20 minutos, en dirección a Café de Letras, un restaurante al norte de Montería, decorado con estanterías de libros y recortes de periódicos viejos. Allí, además de exaltar la lectura, es un lugar de reunión y juntanza, donde mujeres agendan encuentros para contar sus vivencias y hablar sobre sus proyectos. De hecho, es un lugar conocido por las mujeres que conforman la alianza “Ni a mi, Ni a ninguna”, una integración de diferentes colectivos, con apoyo de empresas privadas y del sector público, que busca la erradicación de las violencias contra las mujeres.

(Lea aquí: Bojayá y su apuesta para erradicar la violencia intrafamiliar)

A esta alianza pertenece Lina Tordecilla, comunicadora social, periodista y coordinadora de comunicaciones del colectivo. Desde 2017, señala, ha estado al frente, junto con sus compañeras, para atraer nuevos actores a la organización, para que puedan sumar fuerzas en contra de la violencia de género. Mediante conversatorios, charlas en colegios y una estrategia para contar historias a través de Instagram y otros canales, aprovechaban fechas clave, como el 25 de noviembre (día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer), para darse a conocer en diversos espacios y hablar sobre la prevención de la violencia de género, cómo identificarla, qué hacer ante un eventual caso y cuáles son las rutas para denunciar.

“Este ejercicio era muy provechoso, hasta que llegó el Covid-19. Durante la pandemia, los casos de maltrato crecieron mucho, sobre todo en la zona rural, y no podíamos reaccionar tan fácil. Pero tuvimos una iniciativa: nos llegaban historias de mujeres víctimas de violencia de género, principalmente por parte de actores armados, entonces tomamos esas historias e hicimos unos videos. Cada miembro de la alianza tenía que hacer un video contando esa historia como si fuera propia. Fue un ejercicio bastante duro, porque era como meterse en las vivencias de esas mujeres, incluso algunas habían fallecido. Esa fue una campaña bastante sentida y fuerte, así les llegamos a las personas a través de las redes y les recordamos que seguíamos presentes”, afirma Tordecilla.

(Puede leer: Fanny Escobar: justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia)

El aumento de casos de violencia de género durante los confinamientos por cuenta de la pandemia también ha sido registrado por colectivos como Caribeñxs, una organización feminista que desde 2018 ha ejercido una labor de acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ en temas jurídicos y psicosociales de forma gratuita. Desde el 2020, el Centro de Acompañamiento Integral de Caribeñxs registra al menos 226 casos de violencia de género y violencia por prejuicio. “No son todos casos activos; son los que han pasado por nuestras manos”, precisa Linda López, abogada y coordinadora del centro integral. Y agrega que, de ese número, un gran porcentaje cobija a los casos de violencia de los que son víctimas las mujeres trans.

Para López, a pesar de los confinamientos, llevar las labores de acompañamiento al campo virtual no es un problema, es más bien una oportunidad, y se ha convertido en un elemento que utilizan hasta el día de hoy, ya que han atendido casos más allá de Córdoba, en ciudades como Bogotá, Medellín, Neiva y Popayán. Sus labores han ido más lejos, pues, como asegura la abogada, en algunas ocasiones han otorgado a las víctimas un auxilio de transporte cuando necesitan ir a la Fiscalía a instaurar una denuncia. Aunque ese proceso es en sí un gran paso para motivar el camino de alzar la voz, la jurista señala que los funcionarios judiciales “no están capacitados” para atender a víctimas por violencia de género o intrafamiliar, por lo que, desde Cairbeñxs, se han dado a la tarea de dialogar con ellos sobre cómo abordar temas de género.

Para ella y sus compañeras, la gestión de los entes de control es, por lo general, “floja”, y asegura que el abordaje judicial en algunos casos es una labor titánica, pues en unos procesos los avances parecen ir a paso de tortuga, y en otros, dice, las pruebas se han perdido. “¿Cómo le voy a decir a una víctima que habiendo ocho cámaras de vigilancia para identificar a su agresor no se va a poder porque ninguna funciona?, ¿para qué sirven las ocho cámaras si no podemos acceder al material?”, se pregunta López. Y, pese a que desde la organización hacen un balance negativo de la gestión institucional, no se han quedado quietas, y han intentado llegar cada vez más a los despachos judiciales.

(Lea también: Aunque hay canales de denuncia por violencia de género, aún tienen varios vacíos)

“Dentro de los esfuerzos que nosotras estamos haciendo como Caribeñxs está dialogar con los funcionarios públicos, derrumbar la barrera de la información y sensibilizar. Después de hablar con nosotras, algunos de ellos me escriben a WhatsApp que nunca habían entendido que aunque nosotras entendemos sus problemas, ellos son quienes deben garantizar nuestros derechos fundamentales, que es lo que vamos a pedirles. También nos dicen que debemos llevar estos espacios a otros compañeros de la oficina. Esto funciona porque yo no les voy a hablar de Londres o Alemania, les voy a hablar de lo que pasa en Montería, aquí en Córdoba”, anota la abogada López.

Con miras a que las violencias basadas en género y violencias por prejuicio se conozcan en el departamento, y se entiendan como un problema real, Caribeñxs, de la mano del programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ha diseñado diversas estrategias en municipios como Puerto Libertador, Tierralta, San José de Uré, San Pelayo, Valencia, Montelíbano y Montería. Entre estas iniciativas resalta la elaboración de documentos de prevención y acción frente a la violencia basada en género, los cuales ya están terminados y esperan entregar a los gobiernos municipales actuales y a quienes sean electos en los comicios del 29 de octubre. “Queremos que tengan el documento para que lo adopten y así lo pueden empalmar para utilizarlo en sus rutas de gobierno”, dicen desde la organización.

Linda López, por su parte, destaca una iniciativa que se han planteado desde Caribeñxs para que los candidatos a las alcaldías y a la gobernación tengan dentro de sus planes de gobierno propuestas en favor de los derechos de la población LGBTIQ+: “Tuvimos un espacio en el que hablamos con población LGBTIQ+ en el departamento para enseñarles a leer los Planes de Desarrollo de los municipios para que tengan acceso y conozcan sobre los presupuestos municipales para las acciones que ellas y ellos necesitan. También hicimos, de cara a estas elecciones regionales, una socialización sobre qué les gustaría que los candidatos incluyan en sus planes de gobierno. Por esa razón, también les enseñamos a interponer recursos como derechos de petición y acciones de tutela”.

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El apoyo que reciben colectivos como este depende, en gran parte, de las personas que de forma voluntaria quieran sumarse a sus proyectos de atención y prevención. Sin embargo, hay un organismo local que también ha tenido una efectiva articulación con estas organizaciones: la Comisaría de Familia. En Montería, en la casa de justicia está ubicada la oficina de Luis Fernando Lozano, comisario único de familia. Hasta hace poco recibió el apoyo de estudiantes de derecho de últimos semestres de diferentes universidades y ha logrado ampliar su equipo para atender los casos que día a día llegan a su escritorio. Uno de sus llamados para que los resultados contra la violencia de género puedan ser más tangibles, es que el municipio pueda contar con más de una Comisaría de Familia.

De hecho, de acuerdo con la ley 2126 de 2021, que regula estos organismos, por cada 100.000 habitantes debe haber una comisaría. En Montería hay más de 600.000 y solo una oficina. No es un tema menor. Desde hace unos meses, el comisario Lozano busca llamar la atención de la alcaldía y el Ministerio de Justicia, para exponer la grave situación que atraviesa la comisaría, pues, además de estar saturados de casos, no cuentan con elementos básicos para funcionar. “Aproximadamente 200 personas se acercan directamente, pero también recibimos casos desde otros sectores (cerca de 50 o 60) como el sector salud, pues desde los hospitales nos remiten a las mujeres que fueron abusadas sexualmente. La Fiscalía, por ejemplo, es otro proveedor de casos, muchas veces la entidad identifica los que tienen que ver con violencia intrafamiliar”, dice Lozano.

(Lea también: Comisarías de Familia: justicia en tiempos de escasos recursos)

Al igual que López y Tordecilla, el comisario es enfático en señalar que, tras la pandemia, la violencia en el contexto familiar empeoró. En su concepto, y tras conocer día a día diferentes hechos de violencia, asegura que en el 2022 y en lo corrido del 2023 el panorama no ha sido el mejor. Según datos de la Comisaría de Familia de Montería, se emiten cada mes más de 260 medidas de protección a víctimas en la ciudad, de las cuales el 30% corresponden al desalojo de algún miembro del núcleo familiar identificado como agresor. De acuerdo con Lozano, una de esas medidas de protección también consiste en sacar a la víctima del contexto violento que vive en su hogar, algo que ocurre al menos 25 veces al mes. “El 98% de los casos de desalojo son mujeres o niñas, y de ese porcentaje, el 50% es debido a la violencia de género”, dice el comisario.

“La violencia intrafamiliar está tipificada como un delito penal, y nosotros, a partir de la ley 2126, hablamos sobre violencia en el contexto familiar. Esto, para identificar que la violencia intrafamiliar es el tipo penal que es competencia de la Fiscalía, y la violencia en el contexto familiar es competencia de las comisarías. Si las víctimas van a la Fiscalía, muchas veces el agresor puede ir preso, pero si las mujeres dependen económicamente de él son ellas las grandes perjudicadas. La Fiscalía nos remite el caso cuando se pide una orden de alejamiento y quien se hace cargo es la comisaría”, añade.

(Lea también: En Córdoba se instaló el primer comité departamental de justicia del Caribe)

Así las cosas, desde diversas organizaciones y organismos, se busca erradicar la violencia de género, bien sea mediante labores de prevención o, también, promoviendo mecanismos como la denuncia. Todo esto en un departamento que durante los últimos meses se posicionó como uno de los más violentos para las mujeres y la población LGBTIQ+. No obstante, son estas iniciativas las que se ubican como un primer peldaño para dar solución a este flagelo, pues, como dice Lina Tordecilla: “Entre todas hemos dado pasos pequeños, pero muy seguros”.

*Nombre cambiado a petición de la fuente

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