Crece la grave situación de reclutamiento a menores de edad por grupos armados
La Procuraduría pide acciones urgentes de prevención temprana y protección, pues la cifra de menores de edad reclutados por grupos armados ha aumentado de forma alarmante.
Durante una visita de la Procuraduría al Caquetá, el ente de control confirmó la grave situación de riesgo a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, en varios de sus municipios. De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre el primero de enero al nueve de octubre de 2023, a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial para desvinculados, de los cuales 11 fueron en ese departamento.
La entidad afirmó que evidenciado coincide con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la cual identificó los mayores riesgos de reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca.
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Es así que, según la Defensoría, en el período comprendido entre 1999 al 9 de octubre de 2023, han ingresado 7.455 niños, niñas y adolescentes al programa de atención especializada para la atención menores de desvinculados de grupos armados. Para el ente de control, estas cifras podrían ser mayores, ya que podría existir un alto sub registro de casos por miedo a denunciar y a los fenómenos de desplazamiento.
“La situación de pobreza y el conflicto armado agudizan esta problemática, por eso consideramos urgente que desde el Gobierno Nacional se materialice la política pública de prevención del reclutamiento, que se aumente el apoyo de la fuerza pública. Y, muy importante, poder contar con unos sistemas de reporte de casos unificados sobre el reporte de casos”, dice Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer, respecto a esta problemática.
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De esta manera, el órgano de control le insistió al Gobierno Nacional la urgencia de contar con bases de datos que logren la identificación de la totalidad menores de edad que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del ICBF. Según la entidad, esto permitiría desarrollar e implementar acciones urgentes eficientes para la prevención temprana y de protección, que logren disminuir los factores de riesgo, transformar los entornos de protección y la reducción de todas las formas de violencia.
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Durante una visita de la Procuraduría al Caquetá, el ente de control confirmó la grave situación de riesgo a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, en varios de sus municipios. De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre el primero de enero al nueve de octubre de 2023, a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial para desvinculados, de los cuales 11 fueron en ese departamento.
La entidad afirmó que evidenciado coincide con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la cual identificó los mayores riesgos de reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca.
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Es así que, según la Defensoría, en el período comprendido entre 1999 al 9 de octubre de 2023, han ingresado 7.455 niños, niñas y adolescentes al programa de atención especializada para la atención menores de desvinculados de grupos armados. Para el ente de control, estas cifras podrían ser mayores, ya que podría existir un alto sub registro de casos por miedo a denunciar y a los fenómenos de desplazamiento.
“La situación de pobreza y el conflicto armado agudizan esta problemática, por eso consideramos urgente que desde el Gobierno Nacional se materialice la política pública de prevención del reclutamiento, que se aumente el apoyo de la fuerza pública. Y, muy importante, poder contar con unos sistemas de reporte de casos unificados sobre el reporte de casos”, dice Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer, respecto a esta problemática.
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