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Hace 16 años, el 6 de marzo de 2008, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) convocó una marcha que traspasó fronteras. En más de 102 ciudades, dentro y fuera de Colombia, miles de personas se movilizaron para acompañar a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado. Desde ese momento, esta fecha quedó grabada en la memoria de quienes vieron ante sus ojos las atrocidades del conflicto, impulsado, muchas veces, por agentes estatales. Hoy, 6 de marzo de 2024, aún siguen latentes los recuerdos de cientos de casos de desplazamiento y desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y los homicidios de miles de indígenas, sindicalistas y militantes de grupos políticos de izquierda.
Bajo el nombre de Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, esta fecha, año a año, congrega a las diferentes organizaciones que hacen parte del Movice, las cuales realizan actividades con el fin de recordar a las víctimas y exigir verdad y justicia. Y aunque han sido cientos de crímenes en los cuales, según la justicia interna e internacional, el Estado estuvo inmiscuido, existe un pasaje de la historia bélica colombiana que permite recordar cómo los agentes del Estado, en conjunto con estructuras paramilitares, se unieron para eliminar de raíz a quien pensara diferente: el exterminio de la Unión Patriótica.
El pasado 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le dio solución a un trámite judicial que duró cerca de 30 años en carpeta. Esa corte internacional se pronunció en favor de las víctimas de esa organización política y declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de los miembros y líderes de la Unión Patriótica. Según el tribunal, fueron más de 6.000 víctimas entre asesinatos, desapariciones, amenazas y exilios. Además, de acuerdo con la sentencia, el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.
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Entre sus argumentos, la Corte IDH señaló que la omisión al deber de protección fue fundamental para crear un clima de victimización y estigma en contra de los miembros de la Unión Patriótica. Además, organismos de control como la Fiscalía, bajo la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, señaló que miembros y simpatizantes del partido, así como sus familiares, primero recibieron amenazas y, más adelante, fueron sistemáticamente asesinados por grupos orientados, conformados, entrenados o patrocinados por agentes del Estado.
La Corte IDH escribió en la sentencia que pudo comprobar “la existencia de un plan de exterminio sistemático de los militantes e integrantes de la UP llevado a cabo por actores estatales y/o terceros con la tolerancia o aquiescencia del Estado”. El fallo describe cómo, después de 1986, cuando la Unión Patriótica participó en sus primeras elecciones, sus líderes más visibles comenzaron a ser asesinados, a la vez que cientos de militantes tuvieron que salir desplazados de sus hogares, a decenas de mujeres las violentaron sexualmente, entre otros vejámenes.
En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio apertura al macrocaso 06 o más conocido como “Victimización de miembros del genocidio de la Unión Patriótica” a raíz de una serie de informes que presentan datos actualizados de esta violencia ejercida contra el partido entre 1984 y 2002. La Sala de Reconocimiento consideró que el exterminio de esa facción política cumplía con todos los criterios de priorización y, de acuerdo con los informes recibidos por la JEP para considerar abrir esta línea de investigación individual, los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia sistemática.
Pero el tema no termina ahí. A la Comisión de la Verdad (CEV) también llegaron informes cargados con testimonios sobre la participación del Estado, en conjunto con grupos paramilitares, y cómo estos se propusieron eliminar al partido desde sus bases. En su Informe Final, la CEV registró al menos 8.300 víctimas, de las cuales 5.733 fueron desaparecidas o asesinadas y el resto padecieron otras formas de violencia, superando la cifra entregada por la Corte IDH. Para el magistrado Gustavo Salazar, quien ha estado al frente del caso en la JEP, el número de víctimas representa un carácter masivo.
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¿Qué es y por qué se produjo el exterminio de la Unión Patriótica?
En 1985, mientras la hoy extinta guerrilla de las Farc negociaba en La Uribe (Meta) una salida hacia la paz con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, la Unión Patriótica nació como una expresión política de tendencia de izquierda y tuvo su primera participación electoral al año siguiente, en 1986. Tras los comicios, el partido se ubicó como el tercero más votado, luego del Partido Liberal y el Conservador, y logró elegir a cinco senadores y nueve representantes a la Cámara.
La violencia en contra de los integrantes del movimiento para entonces ya era una realidad. De acuerdo con los registros del partido, en 1986 ya habían sido asesinados 247 de sus miembros y, ese mismo año, los congresistas electos Leonardo Posada, Octavio Vargas y Pedro Nel Jiménez también cayeron en medio de las balas en lo que se convertiría después en un genocidio político. Sin embargo, las negociaciones con las Farc se vinieron abajo, lo que también generó rupturas entre los líderes de esa guerrilla y los rostros más importantes de la Unión Patriótica, quienes argumentaban que continuar en armas era alargar la guerra.
En 1987, la Unión Patriótica presentó no solo las denuncias en las que argumentaban que existía un plan para acabar con su movimiento, sino también a su primer candidato presidencial: Jaime Pardo Leal. Quien fuera concejal de Ubaque (Cundinamarca) y exmiembro del Partido Comunista Colombiano, fue asesinado el 11 de octubre de ese mismo año. En los años siguientes la matanza no paró y sus bases políticas fueron debilitadas por la fuerza.
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La presidencia del partido fue ocupada, tras la muerte de Pardo, por Bernardo Jaramillo Ossa, quien, a su vez, se convertiría en senador de la República en 1988 y candidato presidencial por la Unión Patriótica en 1990. El 22 de marzo de ese año, Jaramillo fue asesinado. Poco a poco el partido se fue quedando sin líderes. En 1994, cuatro años después, fue asesinado el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda.
Son varias las investigaciones que se han puesto sobre la mesa para esclarecer el exterminio de la Unión Patriótica. Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe Todo pasó frente a nuestros ojos, señala: “La movilización y el conflicto social, en el cual la UP representaba sectores subordinados, fueron leídas por las élites propietarias y por la Fuerza Pública, como manifestación insurgente que amenazaba su seguridad y su situación privilegiada, a esto también se reaccionó mediante el ejercicio de la violencia”.
Sumado a esta visión también está la de Michael Reed Hurtado, abogado y perito experto citado por la CIDH para analizar el caso ante la Corte IDH, quien determinó la sistematicidad en la persecución violenta a los miembros del partido. “Si se concentra en Urabá, se va a dar cuenta que, además de muertes, hubo judicializaciones fraudulentas (de militantes de la UP). Si se va al nordeste antioqueño o Arauca ahí va a ver la concentración en lo electoral, procediendo contra las personas de la Unión Patriótica”, explicó en ese momento el abogado tras su análisis.
Para muchos, lo sucedido con la Unión Patriótica es un genocidio, otros hablan de exterminio, pero lo cierto es que ambas son correctas, pues, en connivencia con agentes del Estado, como lo determinó la Corte IDH, estructuras paramilitares y del mundo del narcotráfico, intentaron acallar las voces de un movimiento político que buscaba existir. Así, este emblemático pasaje de la historia colombiana también hace parte de los cientos de casos en lo que el Estado participó en graves violaciones a los derechos humanos.
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