Crisis por violencia de género en la Universidad de Antioquia: un problema de años

A finales de 2022, una emergencia por violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia también alertó a la comunidad para exigir la implementación de un protocolo de género que, para esa época, todavía no existía.

Foto: Valentina Arango Correa

En la Universidad de Antioquia, más de dos siglos de historia, marcados por asesinatos, desapariciones y desfinanciación, han dejado profundas heridas y fuertes procesos de resistencia. Sin embargo, en silencio, se mantiene y se normaliza otra violencia estructural: la patriarcal. Actualmente, la institución enfrenta una crisis de violencias basadas en género (VBG), cuyo primer pico fue en 2019. La sede principal en Medellín está en asamblea permanente debido a denuncias de acoso, abuso sexual, hostigamientos y hasta un presunto caso de proxenetismo. En El Espectador revisamos comunicados e informes, recorrimos la universidad y hablamos con diversos estamentos, desde las víctimas hasta el rector, para comprender esta situación.

Las profes de ahora y antes, el cuerpo de la causa

“Hablar fue una forma de protegernos y de hacer un llamado, de que los procesos no se están llevando con la prioridad que debían”, dice Lauren Flor Torres, profesora de astronomía del Instituto de Física, al recordar cuando decidió denunciar públicamente el presunto acoso, hostigamiento y amenazas que ya cumplen un año por parte de Pablo Restrepo Valencia, un estudiante de astronomía. La profesora perdió su tranquilidad. El hombre la seguía a eventos académicos, a clases que no había matriculado, a su puesto de trabajo, hasta la ha amenazado con que sabe su dirección.

“Yo no sabía en qué momento esa persona o estaba fuera de mi oficina o estaba en el pasillo y me lo iba a encontrar y me iba a decir algo. Ya se paraba alrededor de esa oficina. Incluso, cuando me cambiaron de piso por mi seguridad, llegaba hasta mi nueva oficina y empezaba a gritar”, dice Torres. Hasta que la docente no pudo volver al campus universitario. Por su seguridad, fue enviada a trabajar de forma virtual. Cuando presentó una queja ante la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) de la U., hace cuatro meses, le advirtieron de que la apertura de las indagaciones podría tardar hasta 18 meses. Según cuenta, hay un colapso para atender a tantas víctimas. Sin embargo, no tanto para los victimarios.

A la profesora Torres, el pasado 9 de abril, el mismo estudiante que ella denunciaba, interpuso una queja en su contra. En menos de un mes, le notificaron que es a ella a quien le aperturaron un proceso disciplinario. El estudiante, que también denigraba su trayectoria profesional y hasta le tomaba fotos, dijo que ella era culpable de presunta calumnia y discriminación. Sobre esto, José David Ruz Álvarez, profesor de la misma facultad e integrante de la comisión de género de la asamblea de profesores, cuestiona la ventaja que se le dio al supuesto victimario. “La universidad, en su misionalidad humana, debería hacer que las personas sientan que la institucionalidad está cerca, y que está para proteger a las víctimas”, protesta el docente. “Es el desgaste hasta el punto en el que el victimario se puede sentir en la tranquilidad de seguir afectando a todas sus víctimas”, añade Torres.

“El silencio administrativo es terrible porque las personas quedan expuestas y se sienten totalmente ignoradas y prácticamente sueltas a su suerte. No es justo dejarlas solas”, explica la profesora Sara Fernández. Hace más de 20 años, fue ella una de las primeras que habló públicamente del acoso en estos espacios educativos. Investigó y los nombró desde la academia y el activismo. En 2020, sobrevivió a un atentado. En ese momento, las estudiantes, así como ocurre hoy con la profe Lauren Flor Torres, pintaron sobre pasillos y paredes de la U. diciéndoles que no estaban solas, que juntas son manada. Que esas profes que hablaron antes y escucharon primero las denuncias de las estudiantes, ahora son abrazadas por ellas.

La complicidad del silencio

“¿Ves a tu agresor? Acércate a la mesa. Este es un espacio seguro”, se lee en una bandera de unos cuatro metros colgada sobre la tarima del Teatro Camilo Torres, el recinto donde cientos de estudiantes se han reunido desde el 7 de mayo, casi que semanalmente, para discutir y exigir medidas sobre la situación de VBG. Generalmente, son mujeres que, de forma anónima, leen las cartas de denuncias con nombres propios de presuntos violentadores. Si alguno de ellos se encuentra en el recinto, puede ser retirado y censurado por petición de la asamblea.

“Soy estudiante de maestría en Física, mi nombre es Xiomara Quintero Gómez y fui agredida sexualmente por el profesor Álvaro Herrera Carrillo, quien hoy en día sigue como docente de la UdeA”, se lee en el primer caso público de esta coyuntura, el cual al profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La estudiante escribió, mediante un comunicado, que fue agredida durante un viaje a Brasil en el que pretendía realizar la parte experimental de su posgrado, pero al tercer día el docente la retuvo durante toda una noche, según el testimonio, con tocamientos y besos no consentidos.

El único apoyo que tuvo la estudiante fue una amiga, quien la conectó con la Ruta Violeta de la U., pero tuvo que esperar varios días para recibir ayuda, porque los hechos ocurrieron un sábado y la ruta no atiende fines de semana. Además, Quintero expuso que desde hace dos meses le están preguntando sobre su caso a la Unidad de Asuntos Disciplinarios, pero que se excusa en que hay muchos casos.

La Facultad de Comunicaciones y Filología fue otra de las unidades donde llegaron los ecos de las denuncias. El 7 de mayo, las paredes del bloque 12 fueron empapeladas con mensajes alusivos a VBG, tales como: “Coordine y no abuse”. Ese mismo día, el Consejo Estudiantil amplió las denuncias en un comunicado. En esa carta fueron mencionados: Juan Camilo Cadavid, coordinador del programa institucional de Español; Wílfer Arias, profesor líder del mismo servicio; Víctor Julián Vallejo Zapata, profesor de Filología Hispánica; y Thomas Vélez, estudiante de Comunicaciones, quien ya había sido escracheado en 2022, cuenta con un proceso activo en la Ruta Violeta y que prestó apoyo a actividades de la oficina de Bienestar de esa facultad.

En estos casos, los actos denunciados por el estudiantado van desde citaciones en bares a estudiantes con excusas de “asesorías” a altas horas de la noche, relaciones afectivas y sexuales entre estudiantes y profesores, hasta un caso donde un docente habría tomado retaliaciones académicas contra una estudiante que se negó a sostener relaciones sexuales con él.

No importa si son estudiantes o si son profesoras. El patrón que mencionan en los testimonios se repite: en su mayoría, son hombres que las interrumpen en clase, que las acosan, las persiguen, que las violentan al punto de tener que dejar de matricular sus pregrados o pedir trabajar desde casa. Los agresores siguen ahí, ya sea porque tienen contratos vinculados con la U., y se les conoce como “vacas sagradas”, o porque les priorizan su derecho a la educación sobre la dignidad de las víctimas.

“Situaciones que muchos de ellos niegan y dicen que eso no es violencia, la rechazan. Dicen que ellos son encantadores, que son absolutamente seductores, que ellos no tienen la culpa. Los más mayores tienen el recato de decir que son hombres de su tiempo, que nunca pensaron que esto fuera un problema”, dice una docente, quién prefiere no decir su nombre.

Asimismo, la Corte Constitucional ya les ha dado la razón. El escrache, como se le conoce a estas denuncias públicas que generalmente son anónimas, es un derecho legítimo de las víctimas de violencias basadas en género. En estos casos, dada la desproporción entre el equilibrio de poder y subordinación de estudiantes que están completamente expuestas a profesores acosadores que cuentan con todo el respaldo institucional, el escrache es su derecho. “El escrache se hace necesario y la responsabilidad no debe recaer en la víctima, sino en la misión institucional, es decir, en la negligencia institucional para impartir justicia dentro de la universidad”, dice una profesora que prefiere no exponer su identidad.

Tanto profesoras como estudiantes prefieren hablar así, sin revelar su nombre. En la historia de la U., al igual que la del país, los liderazgos han sido silenciados. Según profesoras que han estado agrupadas en las asambleas, comienzan a señalarlas y a cerrarles espacios académicos, incluso, tras solamente declararse feministas. Además, se suma la preocupación de otra violencia: el proxenetismo.

El pasado 29 de mayo, se denunció públicamente a Stivinson Perea González, estudiante de Medicina, por presunto acoso reiterado y proxenetismo, al insistir a la víctima para que trabajara como “dama de compañía” con pagos remunerados, “servicios donde puede o no haber sexo”. Además, se le señaló de compartir fotografías sin consentimiento en un grupo, indicando que administrativos de la U. estaban interesados. La víctima escribió también que Perea la intimidó a través de redes sociales y en persona, a pesar de su negativa.

El descontento ante este contexto se ha acumulado tanto que, desde el pasado 22 de mayo, la asamblea de estudiantes se declaró en asamblea permanente, un mecanismo en el que no hay actividades académicas pero sí de movilización diaria con conversatorios, plantones, murales, grupos de estudio, y hasta bloqueos de acceso como el del 24 de mayo con candados y carteles al bloque administrativo. Ese día, los profesores también se declararon bajo el mismo mecanismo de presión, tras no recibir el pago de nómina en la fecha estipulada, por primera vez, en la historia universitaria.

Las trabas de la justicia y las respuestas institucionales

El principal avance en materia de justicia sobre esta emergencia, después de unas largas jornadas de protestas y una mesa de trabajo, se dio en 2022, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó un acuerdo que define tipos disciplinarios de violencias basadas en género y sexuales para estudiantes, profesores, y empleados administrativos. Esta normativa establece reglas específicas para tratar estos comportamientos. El documento prohíbe las VBG y sexuales, reconoce a las víctimas como sujetos procesales, evita confrontaciones directas entre víctima y agresor, y enfatiza la no revictimización. Además, incluye opciones de justicia restaurativa con el consentimiento de la víctima.

Sin embargo, desde febrero de 2024, la asamblea multiestamentaria de mujeres y disidencias sexuales, se pronunció frente al incumplimiento de una lista de acuerdos que firmaron en 2022 con el rector John Jairo Arboleda, quien ya comenzó su tercer período en ese cargo. Aunque la institución cumplió con la creación del protocolo para VBG, la Ruta Violeta, y también la implementación del Equipo Violeta dentro de los tres que tiene la Unidad de Asuntos Disciplinarios para estudiar únicamente los casos relacionados con VBG; otros aspectos como la aplicación de una política de género que sea incluida en los estatutos o la tipificación de las faltas con sus respectivas sanciones no han avanzado.

Los datos también demuestran estas falencias. En la encuesta #YoCuento, realizada a 758 personas de la comunidad universitaria por el Proyecto PAI Equidad de Género 2021-2024 (la apuesta para la construcción colectiva de una política de equidad de género), se encontró que la mayoría de violencias son perpetradas por hombres contra mujeres. A pesar de ser una muestra limitada, es significativa. Al respecto, Laura Pineda Corcho, coordinadora del Equipo Violeta, aseguró a través del periódico Alma Máter que, durante el primer trimestre del 2024, se realizaron más atenciones por este tipo de violencias, con un total de 79 casos, nueve más que en todo el 2019.

Mientras que, durante el 2023 atendieron 205 casos, 183 mujeres. Para una suma, entre 2019 y 2023, de 588 personas de la UdeA que experimentaron alguna forma de VBG, recibieron atención a través de la Ruta Violeta. “Esto lo que permite ver es que hay más confianza institucional, más confianza en esta ruta a la que están llegando a solicitar nuestra atención”, dijo Pineda al diario institucional. Mientras que el rector, John Jairo Arboleda, afirmó: “Yo no creo que se hayan disminuido los casos, lo que sí hay reflejada es una ruta donde llevar los casos. Ahora lo que nos toca es ajustar los tiempos respuestas un tanto más rápidas, pero sin transgredir el proceso y la debida diligencia”.

Sin embargo, para 2024 se sumó otra situación, la Colectiva Justicia Mujer (CCJM), que prestaba los servicios de asesoría psicosocial, psicojurídica y representación técnica para fortalecer la prevención, atención y acceso a la justicia en casos de VBG, renunció el pasado 19 de mayo a su contrato con la U. debido a tensiones y diferencias que surgieron durante las negociaciones de renovación en 2023. Las principales razones incluyeron la modificación repetida de su propuesta inicial, la falta de respuestas por parte de la institución, y un desacuerdo sobre el enfoque de litigio para abordar las VBG. Pues, las abogadas insistieron en un modelo de litigio estratégico y transformador, mientras que la universidad favorecía un enfoque más convencional, según explicó la colectiva mediante un comunicado.

Por su parte, el rector de la UdeA dijo que la causa de la renuncia de CCJM también tuvo relación con “una queja de un ciudadano ante la Contraloría, quien señaló que no podíamos seguir haciendo contratación directa, ya que sí existían otras firmas que prestaban ese servicio. Además, la colectiva no atiende hombres ni por fuera del Valle de Aburrá. (...) Ahora estamos en proceso de licitación para contratar a una nueva firma que pueda atender estos casos, incluyendo en las regiones y a víctimas de todos los géneros. Mientras tanto, el acompañamiento sigue siendo prestado por Zuluaga Espinosa Abogadas, que ofrece servicios con enfoque en derechos humanos y género”.

Por ahora, tanto profesoras como estudiantes, han expuesto y afirman que se necesita, sobre todo, voluntad política para la aplicación de una política institucional que tenga también resorte económico para poder funcionar. “Es necesario que se incluyan muchos frentes de trabajo, tanto en investigación, en docencia, en extensión, como en un trabajo preventivo pedagógico, especialmente, con varones”, explica la profesora Fernández. “Esta es una universidad absolutamente patriarcal y machista que ha existido durante mucho tiempo. Despertar, reclamar y, sobre todo, cambiar todos esos aspectos que arrastramos desde hace siglos es un tema fundamental y complejo. Aunque no es una tarea fácil, nos anima a seguir trabajando. Esperamos que finalmente logremos tener un espacio en la sociedad libre de VBG”, concluye al respecto el rector Arboleda.

“Entonces yo creo que la universidad nos tiene que dar respuesta frente a eso, qué va a pasar realmente con estos contratos intocables de profesores, (ojalá que hasta esta época) y con esas matrículas de estudiantes que no merecen tener su seguir en la U. por perpetrar VBG. Por eso, lo primero que tiene que hacer la U. en materia de justicia es dejar de poner trabas”, protesta una estudiante. De esta manera, las mujeres y disidencias sexuales de la Universidad de Antioquia, reclaman una respuesta más efectiva a las situaciones que ocurren en la institución desde hace años y que se han quedado en muros de lamentos y reclamos informales que a la larga, según afirman, no han tenido solución.

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