Cuando Manuel Rocha llegó a ser comisario de familia en María La Baja, Bolívar, comenzó a notar fallas en la atención de las víctimas de violencia de género: se revictimizaba a las mujeres que pedían protección o llegaban a su despacho a decirle que no les quisieron recibir la denuncia en la Fiscalía. Él llevó todas estas inconformidades al Comité Local de Justicia del municipio y dice que, casi de inmediato, acordaron que debían darle solución entre todos los que están sentados en esa mesa, incluyendo al alcalde, al secretario de Gobierno, a delegados de la Rama Judicial, como jueces y fiscales, y en algunos casos a comisarios y conciliadores.
(Lea también: Los reclamos y avances en procesos de restitución de tierras en Montes de María)
El de María La Baja es uno de los 140 comités locales de justicia que funcionan ya en 14 departamentos, con asesoría del Ministerio de Justicia. De ese total, 74 comités en nueve departamentos los impulsa el programa Justicia Inclusiva, de Usaid. Y al que asiste Rocha, en concreto, fue creado en 2022, junto con los de otros municipios de Montes de María, como Colosó, Córdoba Tetón, Mahates, Zambrano, San Juan de Nepomuceno, Los Palmitos, Toluviejo, Morroa, Chalán y San Antonio de Palmito. Aunque todos han tenido procesos distintos, el marialabajense se ha centrado en buena medida en darles soluciones a las víctimas de violencias basadas en género.
Estos comités están pensados para deliberar y gestionar recursos en torno al acceso a la justicia. “El comité fue clave para hablar las cosas de frente”, apuntó Rocha sobre su experiencia. Ahí le dijo al fiscal, por ejemplo, que les debía recibir las denuncias a las mujeres. Les explicó a los funcionarios del hospital municipal que una víctima de violencia sexual no debe repetir, una y otra vez, lo que le pasó. “El guardia no tiene por qué hacerle preguntas, después la señora de facturación y luego la enfermera. Activamos un código: la mujer llega a la portería, dice ‘Código fucsia’ y la hacen pasar sin decirle nada”, añadió el comisario.
(Le puede interesar: Los primeros pasos para coordinar la justicia étnica y la ordinaria en Nariño)
Así, en María La Baja, municipio enrocado entre Cartagena y los Montes de María, los ciudadanos cada vez confían más en la labor de la comisaría. Según Rocha, esto se ve en la cantidad de personas que atienden: nunca menos de 20 diarias, en un municipio de unos 20.000 habitantes en su zona urbana. A su juicio, esto ocurre porque ya están trabajando más articulados con otras instituciones. “Puedo decir que uno de los mayores logros de María La Baja es precisamente reafirmar la ruta de atención para casos donde se vean involucrados niños y mujeres en la violencia intrafamiliar”, señala Manuel Rocha con orgullo, y atribuye el logro a la discusión en el comité local.
Por ejemplo, a Juana*, una mujer que sufrió durante meses las golpizas de su esposo. “Todos los días nos escribía: sálvenme”, recuerda Rocha. En el Comité Local de Justicia generaron una mesa paralela para hacerles seguimiento a casos de mujeres víctimas, y allí llegó el de Juana. Entre todas las entidades acordaron rescatarla, desalojaron al agresor y le brindaron acompañamiento psicológico a ella. Tras casi un año de esos hechos, Juana le dijo a El Espectador: “Yo viví mucho tiempo traumatizada por el miedo, por el maltrato y hoy tengo tranquilidad. Gracias al comisario y a su grupo de trabajo ya siento una tranquilidad y aquí estoy con mis hijos”.
(Lea también: En Córdoba, conciliadores se capacitan para atender conflictos de tierras)
Además de articular el trabajo en el sistema de justicia, los comités locales pueden ser puentes para que los reclamos de alcaldes y gobernadores lleguen a los tomadores de decisión de las entidades nacionales. Así ocurrió, por ejemplo, en San Miguel, Putumayo. Alcibiades Madroñero es corregidor de Puerto Colón, un corregimiento de unos 4.400 habitantes, en la zona rural de este municipio, y es parte del Comité Local de Justicia. “Acá somos muy pocos”, explicó. Sin embargo, el comité, que se reactivó en 2022 con el apoyo del Programa Justicia Inclusiva, de Usaid, ya ha dado pasos importantes.
Madroñero señaló que en esa instancia plantearon la necesidad de que Medicina Legal tuviera una sede en San Miguel. “Cuando teníamos cadáveres de muertes violentas no sabíamos qué hacer”, recordó, pues la oficina más cercana estaba a una hora, en el municipio vecino de Valle del Guamuez. “Ahí logramos decir que había que hacer algo por este tema. Después de un año y tres meses se logró. Antes era una situación muy difícil, además porque el otro municipio tenía sus otros compromisos”, aseguró. Hoy la entidad forense tiene una oficina allí, con un médico, lo que ha acercado a estos putumayenses a la justicia.
(Le puede interesar: La justicia centrada en las personas tiene un espacio en El Espectador)
Asimismo, Madroñero explicó que, en su experiencia, el comité ha servido para que las autoridades sientan más responsabilidad para cumplir con sus funciones en temas de justicia, porque otra de las funciones de estas instancias es llegar a compromisos sobre los siguientes pasos a tomar para resolver un problema. Puede ser incluso un espacio para rendir cuentas, porque los comités cuentan con la participación de organizaciones de la sociedad civil que, en muchos casos, llegan con reclamos concretos, como recuerda el magistrado del Tribunal de Mocoa, Orlando Zambrano, que ocurrió en el Comité Departamental de Putumayo.
Zambrano ha asistido a estas sesiones desde 2017, cada vez que ha sido nombrado presidente del Tribunal, y en diálogo con El Espectador contó: “Fue un desafío la concientización de que de verdad se les quería escuchar, de que sí iba a haber una interlocución, que nosotros sí teníamos interés en ponernos de acuerdo”. Sin embargo, añade: “Voy a esos comités y me encanta no hablar, sino aprender, porque me dicen demasiado. Me sacan de los libros y me ponen en la realidad”. A su juicio, ese es un logro muy claro de estas reuniones, pues ponen al frente de los jueces a las personas sobre las que deben impartir justicia.
Al Comité Departamental de Putumayo, como a otros alrededor del país, asisten autoridades indígenas que ejercen su justicia propia y que, en muchas ocasiones, chocan con la justicia ordinaria, aunque cada vez hay más claridades sobre los límites y las funciones de cada jurisdicción. Al escucharlos, el magistrado Zambrano asegura que comenzó a verlos como los jueces de sus propias comunidades. “Ahora en el comité estamos trabajando en convocar a los jueces de los municipios y a los fiscales, los que se encargan directamente de resolver los casos, para formarlos y que se den cuenta de que las autoridades étnicas son un par de cada uno de nosotros”, aseveró.
A lo que añadió: “A mí, realmente, me da pena saber que nosotros estamos impartiendo justicia, pero que desconocemos bases trascendentales de lo que es la justicia de indígenas y afros, cuando debiéramos conocerlo, porque le dedicamos el día, meses, semanas, meses y años de nuestro trabajo”. Es en esa medida es que el magistrado Zambrano considera que el Comité Departamental de Justicia de Putumayo ha servido para humanizar la justicia, un sendero en el que, reconoce, aún queda camino por delante. Sin embargo, aprovecha para destacar la labor que hace la Judicatura en su departamento por acercar a cosmovisiones tan distintas.
Así como las autoridades étnicas o los comisarios de familia, de los comités locales de justicia pueden participar también líderes que median conflictos en sus comunidades, como los conciliadores en equidad. Ya esto ocurre en San Onofre, otro municipio de Montes de María, que, aunque contaba con un Comité Local de Justicia desde hace algunos años, este fue reactivado en 2022, con apoyo de Usaid. Fue en esa instancia que se acordó restaurar la Casa de Justicia Municipal y darles un lugar allí mismo a los conciliadores para que atendieran los conflictos de la comunidad, un Punto de Atención de Conciliación en Equidad (PACE), que funciona desde febrero de 2023.
(Lea también: En Chocó, los conciliadores trabajan en red para replicar lo que saben)
Edwin Murillo, profesor de matemáticas, que además le sirve a su comunidad como conciliador en equidad, considera que en estos meses ya han tenido avances. “Hemos conseguido que la figura de la conciliación tenga más espacios e incluso hemos conversado sobre la posibilidad de ampliar el número de personas capacitadas”, explicó. A su vez, la coordinadora de la Casa de Justicia, Merlin Romero, explicó que en San Onofre decidieron impulsar la conciliación en equidad aún más, junto con la mediación escolar, luego de que la propia comunidad eligiera estos dos mecanismos de resolución de conflictos en una consulta impulsada por el Comité Local de Justicia.
“La gente tiende a venir a conciliación”, le afirmó Romero a este diario. “En un principio, la gente no sabía para qué era o en qué consistía. Se ha trabajado en asesorar a la comunidad sobre los servicios que presta el conciliador, qué puede hacer y la respuesta ha sido muy positiva”, señaló. La mayoría de temas en los que median Murillo y sus colegas son conflictos de convivencia, y cada vez reciben más casos. “En la medida en que las personas salgan satisfechas con una conciliación exitosa, van y les comentan a otras, entonces eso va permitiendo que la figura poco a poco se haga más conocida y sea de mayor utilidad para la comunidad en general”, piensa el conciliador.
En San Onofre, no obstante, se enfrentan al desafío de tener a la gran parte de su población dispersa en la ruralidad. Por eso, Murillo dice que el siguiente paso es llegar hasta ellos, formando a conciliadores que puedan ejercer desde esos lugares más apartados de la cabecera municipal. Otra manera, que también se coordina en los planes de acción que nacen de los comités locales de justicia, es a través de las jornadas de justicia móvil. En ellas, las autoridades de la Rama Judicial, generalmente bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, van hasta los sitios donde por lo general no están las instituciones para recibir denuncias, atender casos o asesorar a víctimas.
(Lea también: La mediación escolar se instala cada vez más en colegios de Córdoba)
Como en Bojayá, municipio chocoano ubicado sobre el río del mismo nombre, que es un afluente del Atrato. “Estamos rodeados de puro bosque y no hay carreteras, entonces la única manera de llegar es en bote”, describió Juvenal Álvarez, comisario de familia del lugar, y resaltó cómo puede tardarse hasta ocho o nueve horas para llegar a algunas comunidades indígenas, lo que supone un desafío tremendo para la justicia. Con ese reto claro, Álvarez explicó que en el Comité Local de Justicia ya han organizado dos jornadas de justicia móvil que pueden acercar sus servicios a la gente del municipio.
“Los hacemos dentro de las cabeceras municipales, facilitando a las comunidades que vengan 10, 20 familias, de cinco o seis comunidades, se les subsidia parte del combustible y se ofertan otros servicios distintos a los tradicionales de justicia, como los de la Unidad de Víctimas, o de salud. Esa familia ya tiene un gancho o un soporte para poner el resto del dinero y llegar hasta la cabecera municipal”, aseveróó el comisario Álvarez. Con el apoyo de Usaid atendieron a más de 200 personas en las dos jornadas, entre todas las entidades que participaron. Una experiencia que ha tenido tal acogida, que ya se ha replicado en otros municipios de la región.
Como en Carmen del Darién, también en Chocó, donde fue creado el Comité Local de Justicia a mediados de 2022 con el apoyo del Ministerio de Justicia y Usaid. El pasado mes de mayo se produjo la primera jornada de justicia móvil, como recordó en entrevista Yady Cuesta, comisaria de familia del municipio: “Hubo un encuentro con indígenas, uno con mujeres y también se desplazaron las instituciones competentes. Llegaron muchas personas, muchos se fueron satisfechos y la verdad es que nos decían que por qué esto no se hacía constantemente y que si era posible hacer un comité local en la parte rural”.
Bien sea para gestionar recursos, para planear estrategias que amplíen el acceso a la justicia, para poner a hablar a comisarios, fiscales y jueces, o para humanizar a la Rama Judicial, sentando en la misma mesa a autoridades ordinarias y étnicas, los comités locales de justicia se han instalado en 140 municipios y en 14 departamentos. En cada región, dependiendo de sus necesidades, les han impreso ritmos y dinámicas distintos. No obstante, todos están detrás del mismo objetivo, de María La Baja, Bolívar, a San Miguel, Putumayo: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, resolviendo realmente sus conflictos.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima.