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Aunque al hablar de justicia se piense en las instituciones del Estado, estas no son las únicas que batallan por darle valor a ese derecho. Otros actores, como las organizaciones sociales, han ampliado el marco para que en territorios vulnerables se aplique de forma equitativa y, mientras eso sucede, un nuevo jugador ha aparecido: las empresas. De acuerdo con un estudio de la Universidad EAFIT, con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID, hoy son más las razones que alientan a los empresarios a invertir en justicia, teniendo en cuenta que el retorno de su inversión puede ser alto.
Estas inversiones traen consigo un punto a favor de las empresas en materia económica pues, según el informe, los beneficios de invertir en justicia superan los costos de hacerlo. De hecho, una aproximación del retorno, calculada por los investigadores de EAFIT, estaría entre $8.100 y $9.660 por cada $1.000 invertidos. Este valor es el resultado de un cálculo propuesto por el estudio, ya que en el país no se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo que permita monetizar esas ganancias.
El estudio identificó que en diferentes territorios, principalmente en zonas rurales, existen necesidades jurídicas que no han sido atendidas, principalmente, por las barreras que se han presentado durante años para el acceso a la justicia en diversas comunidades. El informe se centra allí, a partir de la experiencia de 15 grandes compañías del sector privado de nueve sectores económicos (agroindustrial, alimentos y bebidas, cemento, construcción, energía, financiero, manufactura, minero energético y servicios públicos), en su mayoría de origen colombiano, así como tres cámaras de comercio (Cartagena, Medellín y Bogotá), siete Casas de Justicia (Chigorodó, Apartadó, Siloé, Cáceres, Caucasia, Aguablanca y Alfonso López) y dos universidades (EAFIT y Universidad Cooperativa de Colombia). Todos señalaron los puntos en los cuales han invertido en materia de justicia y las razones que los motivaron.
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La intención principal de las empresas se centra en realizar intervenciones para fortalecer y promover el acceso a la justicia, como es el caso de Fundaunibán y Ocensa, que han invertido, según el estudio, en el empoderamiento legal. Respecto a este componente, además, son los consultorios jurídicos de EAFIT y la Universidad Cooperativa, junto con la Fundación Probono, quienes han invertido en el componente de asistencia legal. Este programa académico consiste en que estudiantes de últimos semestres de la carrera de Derecho se vinculen con las Casas de Justicia y apoyen diferentes procesos.
De otro lado, el fortalecimiento de acceso a las instituciones, entendido como el derecho a reclamar por medio de mecanismos institucionales existentes en una comunidad para resolver problemáticas cotidianas, ha tenido una inversión por parte de empresas y entidades como las cámaras de comercio de Cartagena y de Bogotá, Proyecto Gramalote (de Anglogold Ashanti), Grupo EPM, la Universidad Cooperativa de Colombia y Fundaunibán.
El cálculo que hicieron los investigadores para llegar a la cifra de los $8.100 tiene en cuenta varios estudios realizados para identificar este rubro en otros países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Para esa operación se tiene en cuenta el porcentaje de la población vulnerable en cada país y se pondera con las condiciones de acceso y asequibilidad a la justicia evaluadas en puntajes de 0 a 1 (siendo 0 el peor resultado y 1 el mejor).
“Teniendo en cuenta los valores expuestos en los otros países y con el fin de calcular la razón de retorno para Colombia, se procedió a realizar un análisis de relación lineal entre el acceso y asequibilidad a la justicia y la razón de retorno, el supuesto detrás del planteamiento de esta relación consiste en que se espera que países con mejores condiciones de acceso y asequibilidad son más eficientes en el retorno a la inversión en justicia inclusiva que aquellos donde el acceso y los costos son menos favorables”, explican.
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Las razones para invertir en justicia
Para los empresarios en Colombia existen algunos métodos de financiación en sectores como educación y salud, los cuales pueden verse de forma eficaz y tangible, por ejemplo, en la construcción de escuelas o el abastecimiento de productos médicos. El informe señala que en el caso de la justicia, el retorno de inversión puede ser visible a largo plazo. Los empresarios que deciden no invertir en justicia sostienen que los retornos, además, pueden ser intangibles y diluirse como consecuencia de la complejidad del sistema. “La labor de identificar el impacto de la inversión en justicia termina por convertirse en una condición necesaria para promover la participación del sector privado”, se lee en el documento.
Pero la puerta no está cerrada. Entre los motivos para destinar recursos a la justicia, los actores del sector privado se basan, en primera medida, en razones éticas. El estudio resalta que los empresarios ven las inversiones como una posibilidad de reducir las cargas de acceso a las instituciones, al tiempo que buscan ampliar la oferta institucional en las zonas donde tienen participación y, finalmente, consideran que este fortalecimiento puede llevar a sociedades más inclusivas. Pese a que en ocasiones las inversiones de las empresas tienen como objetivo intereses únicamente empresariales, pues buscan beneficios para la organización, el estudio subraya que el destinar recursos en esta materia puede mejorar la calidad de vida de las comunidades en las cuales tienen injerencia.
Un ejemplo de ello son las jornadas gratuitas de conciliación realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, las jornadas de acceso a la justicia realizadas por la Cámara de Comercio de Cartagena, los procesos de formalización minera desplegados por el Proyecto Gramalote, las inversiones en infraestructura adelantadas por el Grupo EPM y la formación de jóvenes en participación ciudadana con el fin de apropiarse de sus procesos y adelantar trámites para la resolución de conflictos.
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No obstante, algunas de las compañías consultadas sí dieron como respuesta que sus inversiones tienen objetivos estratégicos pues “responden a la necesidad de gestionar ciertos riesgos o la oportunidad de crear ventajas competitivas”. Frente a esta categoría, se trazan objetivos como la reducción de la conflictividad social, el mejor relacionamiento con grupos de interés, la mayor disposición de las comunidades a acudir a la institucionalidad, la reducción de riesgos de vulneración de derechos humanos por la organización, el mejor posicionamiento en rankings internacionales, la reducción de costos asociados a problemas legales y la reducción de tiempos de resolución de conflictos.
En este componente, las acciones de algunas compañías han abierto la puerta a aumentar los índices de acceso a la justicia. Por ejemplo, Ocensa ha implementado procesos para la formación en derechos humanos para sus empleados, mientras que Fundaunibán cuenta con dinámicas como un torneo de fútbol llamado Copa por la Paz y programas de formación de líderes comunitarios como Es Tu Parche para, así, reducir la conflictividad social y promover el acceso a las instituciones.
Y aunque hasta aquí parece que la relación entre el sector privado y la justicia es estable, hay otras razones que los empresarios esbozan para decir que no a una inversión en el fortalecimiento del sistema judicial. El estudio señala que las objeciones del sector privado incluyen: los riesgos reputacionales, las dificultades para medir el impacto real de la inversión, el posible reemplazo por los privados de las funciones que deberían ser ejercidas por el Estado y la intromisión en la autonomía del sistema de justicia.
Así pues, el estudio concluye que, aunque no es común que empresas del sector privado se involucren a ojo cerrado en las inversiones en el fortalecimiento a la justicia, existen importantes beneficios para mejorar la calidad de vida de diferentes comunidades. Por ello, el Programa Justicia Inclusiva de USAID se propone el próximo 10 de mayo a socializar el informe con varias empresas en Cali, para dar a conocer las razones de por qué invertir en justicia tiene un retorno más allá de lo monetario, priorizando las necesidades desatendidas de comunidades vulnerables.
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