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Isamary Marrugo Díaz es consciente de la responsabilidad que durante tres décadas ha ostentado como funcionaria judicial en Colombia. Primero como jueza promiscua en pequeños municipios como Cereté, en Córdoba, y ahora como la máxima cabeza del Consejo Superior de la Judicatura en Montería, en calidad de magistrada. Para ella, ser parte de la Rama Judicial como juez o magistrado es “tener un poder que nadie más tiene en el país: el poder de decidir con jurisdicción”. En entrevista con El Espectador, no solo habla sobre los la importancia de articular las distintas formas de justicia que habitan en el territorio, también señala cómo, a través de su trabajo, la justicia se pueda acercar cada vez más a la ciudadanía.
(Más información: En Córdoba se instaló el primer comité departamental de justicia del Caribe)
La Rama Judicial es un laberinto de juzgados y tribunales. ¿Cómo entender el trabajo que hace usted y el Consejo Seccional de la Judicatura para mejorar el acceso a la justicia?
El Consejo Seccional de la Judicatura es parte de la Rama Judicial, pero no tiene jurisdicción, es decir, es el órgano de gobierno. Es quien dicta las directrices en cuanto a la administración de justicia. Nosotros no dictamos sentencias, ni ordenamos el gasto judicial, pero somos los que “gobernamos” de cierta manera a los jueces y magistrados. Somos los principales encargados de respetar y salvaguardar la autonomía judicial: que el juez o magistrado tome una decisión en derecho y no esté influenciado por factores internos o externos.
Usted ha insistido en que la justicia debe administrarse para todos y todas. Incluso ha encabezado los primeros encuentros entre la justicia ancestral afro y la justicia ordinaria, quienes se han reunido para trabajar de la mano. ¿Cómo ha sido este trabajo?
La ley que nos regula es la 270 de 1996. Esa ley hace un señalamiento de que debemos integrar a los pueblos étnicos en la Rama Judicial. Es decir a los indígenas, comunidades negras, rom, raizales, etc. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado Social de Derecho. Bajo esa óptica está la inclusión, el enfoque diferenciado. Donde haya pueblos afro, negros, raizales o palenqueros, tenemos el mandato de buscar la coordinación entre las jurisdicciones especiales como con la justicia que estos pueblos afro ejercen. Nosotros como Consejo Seccional de la Judicatura debemos propender para trabajar de la mano con los pueblos afro. Esa es la inclusión: escucharlos no para que se sientan representados por nosotros, sino para tenerlos en cuenta, para conocer sus saberes, lograr una coordinación entre ambos tipos de justicia.
(Puede ver: Justo Ahora: autoridades afro y jueces le apuntan a una justicia interétnica)
La Constitución no reconoce a los pueblos negros como una jurisdicción, como sí lo hace con grupos indígenas. ¿Cómo se ha hecho para que estas comunidades puedan acceder a la justicia y que sus formas ancestrales sean reconocidas?
La jurisdicción afro no existe porque la Constitución no lo señala de esa manera. Como en Colombia tenemos un derecho ordinario, todas nuestras normas deben estar escritas para poder cumplirlas. Pero eso no significa que los pueblos ancestrales étnicos como los grupos afro no necesiten de ese reconocimiento. Esto es una discusión que viene decantándose desde hace años y viene acompañado de un proceso legislativo. Es una tarea que ellos están haciendo a través de tutelas y demandas constitucionales para que exista una jurisdicción afro.
Pero mientras eso sucede, nosotros debemos abrir espacios para que nos comuniquen sus formas de solucionar conflictos dentro de sus territorios y sus comunidades a través de la Justicia Propia Afrocolombiana. Y los espacios deben ser diferenciados porque no es lo mismo un pueblo raizal a uno palenquero o a un negro afrodescendiente. En San Andrés, incluso, tienen su propio lenguaje, y debe ser tratado por la justicia de forma diferente.
Los pueblos negros han demandado durante décadas que sus costumbres ancestrales sean reconocidas. ¿Cómo nace este proyecto para que la Rama Judicial aporte a este objetivo?
Nosotros como Rama Judicial no podemos estar al margen de estos avances y pedidos. Si nosotros a través de los jueces garantizamos los derechos de las personas afro, como la consulta previa, temas de medio ambiente en que ellos deben ser consultados, con mayor razón debemos abrirles un espacio para escucharlos y entender sus formas de hacer justicia.
Hace años trabajé con el pueblo de San Andrés como funcionaria judicial y recuerdo que en ese entonces me decían que se sentían abandonados por la justicia. Ellos decían: “ni nuestros propios compatriotas conocen nuestra historia o nuestra cultura”. Me contaban que en el “continente”, como nos llaman, solo nos acordábamos de ellos para hacer eventos académicos o culturales. Hoy el panorama es totalmente distinto, hasta el punto que hubo un evento de servidores judiciales en que mujeres de San Andrés entonaron el himno nacional en su propio idioma, el creole. Su presupuesto ha tenido mejoras también.
En cuanto a los palenqueros también ha habido avances para que en las aulas escolares y universitarias haya personas expertas en etnoeducación. Es decir, que a esos niños no solamente les enseñan a leer o escribir, sino que les inculcan sus raíces y de dónde vienen.
En julio se firmó un pacto entre la justicia ordinaria y los grupos afro de Córdoba para poder trabajar juntos y entenderse entre ambos. ¿En qué va este proceso?
(En contexto: En Córdoba, justicia afro y ordinaria firmaron pacto para entenderse)
Esta mesa fue la primera para tener un protocolo de entendimiento. Fue un primer encuentro y no va a ser el último. La idea es que la Rama Judicial incluya mesas afro de coordinación o sobre justicia étnica dentro de nuestro presupuesto y cronograma, e incluir a todos los grupos afro posibles. Esto permite que ellos nos conozcan. Hicimos una presentación de cómo es la estructura de las Rama Judicial para que ellos sepan cómo está organizada la justicia y el mapa judicial y ellos sepan a dónde pueden acudir cuando lo necesiten.
Nosotros visitamos todos los municipios por lo menos una vez al año para conocer cómo es la administración de justicia y conocer todos los detalles. Si podemos resolver necesidades las solucionamos, si hay otros temas de infraestructura, las visibilizamos. Queremos que el próximo año miremos cómo ha avanzado este protocolo de entendimiento, en qué estado van las demandas judiciales que ellos tienen.
Independientemente de si ganan una demanda que tienen para que la Constitución reconozca una jurisdicción afro o no, la Rama Judicial no desconoce a esos pueblos o sus derechos. Así no tengan el reconocimiento que sí tienen los indígenas o la jurisdicción de paz, nos hemos reunido con ellos, interactuado y buscado una coordinación por el simple hecho de que son seres humanos y nosotros como rama tenemos que escucharlos.
¿Entonces sí se acerca la justicia a grupos que la han requerido durante décadas?
Esto tiene una repercusión nacional. Cuando se haga la rendición de cuentas del Consejo Seccional, que se va a hacer en abril de 2024, se va a destacar este punto en el que se dice que hicimos una gestión de buscar un acercamiento con los pueblos afro y eso destaca la importancia que tienen ellos en nuestro país.
Solo en Córdoba ha habido etnoeducación (enseñar en colegios y universidades la historia afrocolombiana), jornadas de justicia móvil, capacitación de funcionarios judiciales. ¿Qué puede decir sobre el compromiso de la Rama Judicial para acercar la justicia a las comunidades étnicas?
La decisión fue tomada desde la dirección del Consejo Superior de la Judicatura. Nuestros superiores dictaron las directrices y reglamentos al respecto. En todo lo relacionado a lo judicial vamos a estar acompañando a las comunidades afro e indígenas. La idea es que cuando nuestros funcionarios reciban problemas jurídicos con estas comunidades sepan cómo actuar: si se hace un enfoque diferenciado o qué jurisprudencia aplicar para alguna decisión.
Por ejemplo, miremos los jueces de restitución de tierras. Ellos deben tener en cuenta muchos factores para tomar decisiones con enfoque diferenciado. Un caso puede ser el de una mujer que sea afro, campesina y desplazada. Ella tiene cuatro particularidades que hacen que el problema jurídico deba ser resuelto con un enfoque diferenciado. Pero hasta en temas civiles y penales se debe tener este enfoque.
(Le invitamos a leer: Los puntos clave para el reconocimiento de la Justicia Propia Afrocolombiana)
¿Cómo funciona este enfoque?
Cuando se da formación judicial hay tres enfoques. El primero es hacia personas que van a ingresar a la Rama y que aprobaron el concurso para ser jueces, magistrados o empleados. El segundo es la educación continuada, que es un plan de formación que los funcionarios hacen ya estando en el cargo para fortalecer los valores y competencias de la Rama. Y el tercero es la investigación de sentencias, normativas y teorías.
No consiste únicamente en decir: “aquí está la normativa, métasela en la cabeza”. Son unos pasos para sensibilizar y concientizar al servidor judicial e implantar esa formación para que luego en su autonomía judicial sepa qué enfoque le sirve, cuál no y en qué casos los puede aplicar. El juez cuando va a tomar una decisión debe estar motivada en derecho.
Pero hay que ser claro en que funcionarios y empleados judiciales son dos cosas diferentes. Funcionarios son los jueces, fiscales y magistrados, mientras que los empleados son todos los demás que componen la Rama, como personal administrativo, escribientes, secretarios, citadores etc. Todos deben estar concientizados con este enfoque.
¿Cómo funciona la administración de justicia en municipios que, por ejemplo, solo cuentan con lo más elemental de la Rama, como un juzgado promiscuo municipal?
Yo fui jueza promiscua en los Córdobas, en Cereté, y cuando el juzgado de pueblo es la única figura de justicia, uno debe indicar cuáles son los procesos a seguir. Si uno no es competente en ciertos casos, se debe hacer una pequeña instrucción para que los ciudadanos entiendan cómo acceder a la justicia sin interferir en ningún proceso. La tarea del juez es solucionar problemas jurídicos en su autonomía judicial. Pero este término de autonomía a veces se confunde incluso por los jueces. Por eso se está trabajando mucho en el lenguaje. Por ejemplo, entender que más allá de una sentencia o decisión de la Corte Suprema, se entienda cuáles fueron sus argumentos y su criterio jurídico para tomar la decisión.
(Conozca más: Integrar la justicia: un desafío entre poblaciones indígenas y funcionarios)
Usted ha insistido en que la labor de un juez o magistrado es incomparable por sus facultades. ¿Qué decir frente a esto?
Siempre lo digo y se lo he dicho a mis funcionarios: “un juez o magistrado tiene un poder que nadie más tiene en el país. Es el poder de decidir sobre la vida, los bienes y los derechos de los demás. Incluso tiene la facultad para decidir sobre los bienes del Estado”. La pregunta aquí es saber cómo regular ese poder y de qué manera hacer para que no se extralimite.
Y también está claramente el aspecto de la ética. Nos hemos tomado la tarea de enseñarla al servidor judicial para transmitirles y recordarles que antes que ser servidores judiciales deben ser seres humanos íntegros de la mano de lo académico. ¿Yo que hago con una persona en la Rama Judicial con 40 títulos y seis posgrados si es una persona sin valores y sin ética? Lo académico se enseña más fácil que lo ético.
¿Qué retos ha habido para que se articule la justicia étnica y la ordinaria?
El presupuesto es el principal reto. Hacer u organizar actividades donde la Rama solvente todo significa un gasto que se busca auxiliar con apoyos de entidades o instituciones. Todo depende del presupuesto que el Gobierno nos entrega todos los años y está destinado para aumentar la oferta judicial. Esto implica que se debe implementar para llegar a pueblos que busquen una justicia pronta y oportuna.
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En 2021 se conoció un informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos sobre la desconfianza que existe en Colombia frente a la justicia. Al menos el 30 % de los colombianos no acuden a las entidades de justicia porque no confían en ella y casi la mitad del país cree que el sistema es “ineficiente y poco rápido”. ¿Cómo enfrentar este reto de la desconfianza?
Hay dos cosas diferentes en esta respuesta. El servicio de administración de la justicia es eso: un servicio. Los servicios son los que pueden prestarse mal. Pero por otro lado está la justicia, que es un valor. Tú la justicia no la puedes dañar; los valores no se dañan. Como órgano de gobierno de la Rama Judicial tenemos un plan para mejorar esa desconfianza: el Plan Sectorial de Desarrollo que busca el funcionamiento eficaz del aparato de justicia y además trata acabar con el atraso y congestión de los despachos judiciales para 2026.
Este Plan tiene cinco objetivos que buscan devolver esa confianza a la Rama Judicial desde la selección de funcionarios judiciales hasta su formación dentro del sistema. A los jueces se les califica anualmente y a nosotros los magistrados cada dos años, no es que estamos aquí sentados toda la vida. Estamos en una constante evaluación del mérito y nuestro objetivo es mejorar la confianza. Como órgano de justicia debemos desarrollar ese plan. ¿Cómo se va a hacer ahí? Están los cinco objetivos estratégicos del Plan que son: acceso a infraestructura física, servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, confianza pública, transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué influye a la hora de hablar de la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema judicial?
Las necesidades de justicia de cada uno de los distritos no son las mismas. Generar confianza va desde generar seguridad jurídica hasta cómo las personas llegan a sus cargos. Pero también está el impacto reputacional que se ve en la Rama Judicial. Un juez o magistrado que haga un acto negativo tiene un impacto en todos nosotros. No importa si el funcionario está en Montería, en Yopal, en Riohacha o San Andrés.
Junto a la desconfianza está la responsabilidad que deben ejercer los funcionarios en su tarea como integrantes de la Rama Judicial. ¿Qué sucede con este punto?
Al que más se le da, más se le exige. Y nosotros, jueces y magistrados, tenemos un nivel de exigencia altísimo. Somos los que impartimos justicia bajo un marco normativo, una legalidad, no arbitrariedad y bajo una legislación. Debemos interiorizar eso. Yo le digo a los jueces: “cuando usted es empleado o servidor judicial, ya sabe para qué llega todos los días a una sede judicial y prende un computador”. Que entienda el sentido y contenido del quehacer judicial y sobre todo comprenda que de su trabajo, de nuestro trabajo, depende la convivencia pacífica de Colombia. Eso es grande.
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