Defender la vida desde un escenario religioso se sumó a la lista de labores expuestas a la violencia que el Estado debe atender. A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo denunció que en lo corrido de 2024, ya son 20 los líderes religiosos que han sido amenazados en el contexto de su labor social.
Las amenazas se han registrado en seis departamentos y de acuerdo con datos de Indepaz, hay al menos un líder religioso asesinado este año: el sacerdote Ramón Arturo Montejo, integrante de la diócesis de Ocaña, Norte de Santander.
Como Montejo, la Defensoría registra que las amenazas contra estos integrantes del círculo eclesiástico han ido en aumento en los últimos años, tanto así, que organizaciones de derechos humanos han empezado a incluir dentro de sus bases de datos a líderes religiosos amenazados o asesinados, justo como sucede como voceros o defensores indígenas, de paz, afro o campesinos.
“La situación actual (de amenazas y violencia contra los líderes religiosos) exige una respuesta rápida y decisiva para garantizar su seguridad y derechos”, asegura la Defensoría.
La jurisprudencia defiende que la libertad de culto y de religión es un derecho que se protege constitucionalmente. Específicamente, la ley estatutaria 133 de 1994, defiende que esta libertad es un derecho fundamental y el Estado junto con sus instituciones deben garantizarlo. Sin embargo, el contexto de conflicto armado y crimen organizado ha causado que integrantes del clero medien para lograr la paz en varias ocasiones. Por ejemplo, las diócesis de algunos municipios han sido protagonistas en auxiliar humanitariamente a víctimas de desplazamiento forzado; mientras que algunos sacerdotes en las regiones en guerra han servido como actores neutrales para interceder por liberación de secuestrados, diálogos de paz e incluso, exigir a los grupos armados que respeten los derechos de los ciudadanos.
Esto ha significado una amenaza por parte de los actores armados contra los líderes religiosos, sumado a una falla que, según la Defensoría, fue causada desde el interior del Estado y que hoy desprotege a estas personas.
La Defensoría denunció que los líderes religiosos no hacen parte actualmente del Programa de Prevención y Protección del Estado. Este programa es, en otras palabras, el documento legal que ordena a la institucionalidad proteger a quienes están en riesgo a causa de su labor. Por ejemplo, el programa tiene la capacidad de ordenar medidas de protección y prevención a líderes, políticos, testigos judiciales, siempre y cuando se compruebe un riesgo inminente contra su vida a causa de sus actividades, pero los líderes religiosos, por un trámite administrativo del Ministerio de Interior, quedaron afuera de este programa a mediados de 2023.
“La discriminación y vulneración de los derechos humanos por motivos religiosos es un hecho que nos preocupa, razón por la cual desde el 2023 tomamos las acciones pertinentes para hacerles seguimiento y monitoreo. Creamos el ‘Grupo de Trabajo Interno de Libertad Religiosa y de Cultos’ con funciones amplias para articular y focalizar esfuerzos en la promoción y prevención de vulneraciones de este derecho”, aseguró el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.
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