El Ministerio de Justicia informó el miércoles que se concluyó con éxito una tarea que el Estado tenía pendiente hace más de tres décadas. Se trata de la discusión y redacción de un proyecto de ley que permite a la justicia ordinaria entenderse y trabajar de la mano con la jurisdicción indígena.
Este borrador de proyecto de ley traza la hoja de ruta para que jueces ordinarios trabajen de la mano con autoridades indígenas para ofrecer justicia. Su aprobación elimina una amplia zona gris que no permitía la resolución de casos penales o civiles.
Desde 1991, la Constitución reconoce que los pueblos indígenas y negros tienen autonomía para ejercer sus tipos propios de justicia. Estas usualmente se caracterizan por el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la reconstrucción del tejido social que se rompe tras un delito o una falta. Tanto resguardos indígenas como consejos comunitarios afros pueden juzgar los delitos y faltas bajo sus propias leyes, y además, definir los castigos o las sanciones.
Sin embargo, la Constitución también ordenaba al Estado, especialmente a la Rama Ejecutiva, a diseñar una política pública para que estas jurisdicciones pudieran entenderse y cooperar juntas; algo que no sucedió en más de tres décadas de espera.
Néstor Osuna, ministro de Justicia, aseguró que este proyecto de ley es un mecanismo que propiciará “más justicia, es decir, las jurisdicciones indígenas tendrán un piso o plataforma segura para resolver de forma pacífica sus conflictos”.
Aunque la Constitución reconociera la autonomía desde 1991, había un largo listado de problemas que evitaba que la justicia llegara para los pueblos indígenas. Por ejemplo, la jurisdicción étnica chocaba constantemente con la ordinaria (la que usamos el resto de los colombianos) por conflictos de competencias y debate que tardaban meses en decidir a quién le correspondía juzgar cada uno de los casos.
Estas demoras auspiciaban un escenario en donde los delitos quedaban en impunidad o en decisiones parciales que no reparaban a las víctimas o no solucionaban los problemas de fondo.
“Desde 1991, que se dio el reconocimiento a la jurisdicción indígena, está pendiente este proyecto que regula las formas de coordinación entre las dos justicias. Esto generaba vacíos y barreras, ya que en los resguardos indígenas se cometen delitos asociados a feminicidios, narcotráfico, extorsión, que no son juzgados por ellos, pero sí sancionados por la justicia ordinaria”, explicó el Ministerio.
¿Qué significa la decisión?
El paso que acaba de anunciar el Ministerio de Justicia es una oportunidad para que se mejore la confianza que los grupos étnicos tienen sobre el sistema judicial colombiano. Además, delitos muy recurrentes en los resguardos, como los relacionados al tráfico de estupefacientes o la violencia de género, podrían ser resueltos en la justicia ordinaria. Y lo más importante, se puede avanzar en garantizar los derechos de las víctimas con una hoja de ruta.
Pero aún quedan pasos por recorrer para que esta tarea pendiente se convierta en ley. Cada uno de los grupos indígenas debe reunirse internamente y hacer una consulta previa (una votación) para definir si aprueban, o no, lo que está escrito en el proyecto de ley.
Si no hay objeciones al texto, el Ministerio de Justicia podrá radicar el proyecto para que el Congreso discuta si se convierte o no en ley. Pero si hay reparos frente al documento, el resguardo que esté en desacuerdo con la iniciativa deberá conciliar sobre qué artículos o acápites quieren reformar.
A pesar de que falta un largo camino para que esta apuesta se convierta en ley, el Ministerio celebró que se salda una deuda histórica que tenía la justicia con sus grupos indígenas. “Celebro llegar a este acuerdo y lo defenderemos en el Congreso a partir del 20 de julio”, declaró Osuna.
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