Los afectados por la guerra vinieron desde todos los lugares: Mampuján (Bolívar), Bojayá (Chocó), Granada (Antioquia), Yopal (Casanare) y otros epicentros del conflicto. Este 9 de abril, 30 representantes de víctimas se reunieron en Bogotá para dialogar sobre qué avances han tenido en su búsqueda de justicia y, ante todo, qué tareas siguen sin cumplir.
En el pequeño Parque Santander ubicado a menos de 1 km de la Plaza de Bolívar, estas víctimas que han vivido desplazamientos, asesinatos o presenciado actos de sevicia, como la toma del Palacio de Justicia o la explosión de una iglesia en Bojayá, hablaron sobre sobre la importancia de la memoria y la necesidad de que el Estado garantice un futuro en paz.
El evento fue organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y tuvo apoyo logístico de parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Mi abuelo, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado hace 76 años. Desde entonces hemos emprendido una lucha sin tregua por una paz, que ha llegado envuelta de impunidad y estigmatizaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo es que la memoria vive y resiste en medio de un conflicto que no cesa?”, pronunció María Valencia Gaitán, directora del CNMH.
En el evento también estuvieron presentes víctimas de varias latitudes del país para intentar dar respuesta a la pregunta que hizo Gaitán. Por ejemplo, estaba Juana Ruiz, cabeza de las tejedoras de Mampuján, una comunidad negra que fue desplazada en su totalidad por paramilitares en el 2000. También estaban algunos nietos de quienes salieron vivos del Palacio de Justicia, en 1985, y horas después aparecieron muertos.
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Los asistentes recalcaron la importancia de que cada 9 de abril se conmemore el Día de las Víctimas y se siga presionando al Estado y sus instituciones para obtener una justicia completa. Esta celebración, cabe recordar, existe desde 2011, año en que la Ley 1448 entró en vigor y que ordena que se ofrezca reparación, verdad y garantías de no repetición a quienes han sufrido desplazamientos, masacres, reclutamiento, violencia sexual o han tenido un familiar desaparecido forzosamente.
En la mañana de este martes, la Unidad de Víctimas anunció que priorizará a más de 100.000 víctimas que, por su condición de vulnerabilidad, o en algunos casos avanzada edad, requieren con mayor urgencia la atención del Estado.
El reto de la verdad
Para Ruiz, por ejemplo, la verdadera justicia radica en “juntar todas las verdades: a veces solo escuchamos la de los opresores, pero debemos escuchar
las voces de quienes financiaron la guerra, quienes compraron las tierras despojadas, quienes fueron cómplices en lugar de hacer justicia”.
Y es que según un informe realizado por la Universidad Iberoamericana al que tuvo acceso El Espectador, el derecho a la verdad de las víctimas es un desafío que aún tiene un largo camino por pavimentar. En el estudio, que se realizó a partir de juntar más de 100 bases de datos oficiales, se concluye que, por ejemplo, más del 50 % de los casos de violaciones a derechos humanos consistieron en desplazamiento; sin embargo, en el 67 % de los casos “no se identifica a los responsables, o se desconoce al autor”.
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El informe también explica que, según las bases de datos, había hasta 2018 2.378 paramilitares adscritos al Tribunal de Justicia y Paz. Sin embargo, solo se habían emitido 50 sentencias condenatorias y reparatorias contra 205 de los antiguos integrantes de las autodefensas.
Entre los hallazgos, la Universidad también asegura que “solo se han indemnizado a un 16,9 % de las víctimas (...) mientras que la reparación colectiva no supera el 6 %”.
Según explicó Juana Alicia Ruiz, el principal reto que tienen las víctimas y la sociedad para superar los obstáculos es “humanizar a los victimarios; ellos son seres humanos que cometieron un error y tienen la oportunidad de repararla. Confiemos en la justicia restaurativa, solo así es posible escuchar todas las verdades”.
En el evento también hubo espacio para demostraciones culturales que le apuestan a la paz y la justicia a través de la música, como, por ejemplo, la agrupación Pazeos Vallenatos (de Valledupar), o Integración Pacífica (oriundos de Cali).
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