El estruendo de los aplausos que se escuchen este viernes para conmemorar el Día Internacional del Indígena, quedará opacado por los recuerdos de una realidad que continúa salpicada de injusticias y dolor. Esta fecha reconoce que este pueblo étnico, a pesar de los avances, aún tiene que lidiar con problemáticas como la violencia, el abandono estatal y vulneración de derechos.
El Espectador tuvo acceso al informe preliminar que presentó Francisco Calí, relator especial de la ONU para asuntos indígenas, en el que habla sobre la actualidad y problemas que viven los pueblos indígenas en Colombia. Su reporte se dio luego de que Calí estuviera en Colombia durante 10 días en 2024 y visitara territorios indígenas y algunas entidades del Estado.
Su conclusión, aunque reconoce algunos avances para que ser indígena deje de ser un sinónimo de vulneraciones, enfatiza en que “es evidente que no se han logrado avances significativos en la resolución de los problemas estructurales”.
La continuación de una violencia
Varias han sido las instituciones del Estado que han lanzado un grito al cielo por el pasado y actualidad de vulneraciones que viven los indígenas. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha emitido sentencias, fallos y autos de seguimiento en las que regaña al Estado por el abandono a estas comunidades.
Mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, encontraron que la guerra en Colombia ha sido tan solo una pequeña arista en la historia de crímenes que se cometen contra los indígenas. Tanto así, que de acuerdo con los hallazgos de estas entidades, de 117 pueblos indígenas que existen en el país, al menos 68 están en riesgo de exterminio, uno de carácter físico: por ejemplo, con el desplazamiento, los asesinatos o la destrucción de sus territorios; o cultural, por el olvido de sus saberes y costumbres.
“Hay entidades que en mi visita reconocen la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas y se mostraron comprometidas a una relación con ellos (...) Pero la situación de los derechos humanos sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante”, explica Calí en su informe.
Un caso claro es el de los indígenas Wayuú, que han habitado históricamente en La Guajira. Según Calí y decisiones de la Corte Constitucional, llevan más de medio siglo bajo vulneraciones y violencias a causa del abandono y la presencia de proyectos extractivos en la región.
“La explotación desmedida de los recursos ha provocado una seria degradación ambiental que impacta su modo de vida y mina su soberanía alimentaria. Es alarmante que el 81,1 % de la población Wayuú está con necesidades básicas insatisfechas; y el 53,3 % vive en extrema pobreza (...) En los últimos 10 años, más de 5.000 niños Wayuú han perdido la vida a causa de la desnutrición y deshidratación”, aclara Calí en su informe.
Para el investigador, los pueblos indígenas tienen varias piedras en el zapato a la hora de gozar a plenitud de sus derechos, entre ellas, la demora en reconocer a las entidades territoriales indígenas, la poca efectividad y la ausencia del Estado en sus territorios.
El rezago que deja el conflicto armado
Uno de los aspectos más preocupantes para la vida, cuenta Calí, es la historia de una guerra que no termina y que ha vulnerado a los grupos indígenas, especialmente dentro de sus propios territorios. Este hallazgo, aunque Calí lo menciona en su informe, no es exclusivo de su visita a Colombia.
La Unidad de Víctimas, por ejemplo, registra que más de medio millón de indígenas ha sido víctimas del conflicto en todas sus formas, especialmente al ver cómo sus niños y jóvenes son enfilados en grupos armados o cómo, comunidades enteras deben desplazarse a causa de las amenazas y hostilidades de los fusiles; la mayoría de ellos en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, tres de los territorios donde más predominancia indígena hay.
El eco de las balas no solo afecta la existencia física de estos grupos indígenas, también rompe un tejido social que durante décadas se mantuvo fuerte y fue el pilar de que esas sociedades sobrevivieran a otras violencias, como, por ejemplo, la explotación industrial de recursos naturales.
Lisardo Dominicó, un antiguo alto funcionario de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), aseguró que la guerra causa “una ruptura de raíz, cultural y política: se dejan las relaciones familiares, las ceremonias, no pueden pescar, cazar, pierden parte de sus conocimientos e incluso, se pierden cosas como la medicina ancestral”.
A esto se suma el asesinato considerado “desmedido” de líderes y voceros indígenas a manos de grupos armados. De acuerdo con los datos de Indepaz, hay al menos 13 registros de líderes o lideresas indígenas asesinadas por oponerse al conflicto en 2023, añadido a los más de 58.000 indígenas que según la ONIC, sufrieron el conflicto en carne propia durante este año.
Otra víctima llamada territorio
El relator de la ONU señala que el territorio es fundamental para estos grupos étnicos, y también es uno de los sujetos más afectados por el conflicto armado. Es importante, tanto para que habiten allí, como para que logren organizarse y reclamar por sus derechos. Pero sus resguardos, bosques y selvas han sido constantemente vulnerados y violentado para dar paso a un escenario “preocupante”, dice Calí.
El pueblo Huitoto en Caquetá, por ejemplo, ha alertado durante la última década que sus fuentes acuíferas están contaminadas de mercurio a causa de la explotación de oro en el territorio. Esto no solo ha causado un desarraigo por la tierra, pues sus habitantes ya no pueden beber ni utilizar los ríos de los que se han servido por décadas para sobrevivir, sino que implica un desplazamiento forzado a causa de la contaminación.
“El reconocimiento del daño ambiental y la desarmonía espiritual (...) han causado en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas un motivo más de acrecentar el exterminio”, detalla el informe al referirse a cómo los proyectos de oro, carbón, madera o ganadería, junto con el cultivo de coca y la siembra de minas antipersonal, han creado ecosistemas muy peligrosos tanto para la vida como para la permanencia de estos pueblos en sus propios hogares.
Uno de los asuntos más preocupantes, dice Camilo Niño, vocero arahuaco, es la falta de legalización y adjudicación de la tierra a los indígenas. Señala que en los pasillos del Estado hay más de 1.136 solicitudes para que los indígenas sean restituidos tras el conflicto, o que otras entidades creen jurídicamente los resguardos y los blinden de cierta forma de los peligros externos. Sin embargo, estos pedidos se han quedado en gritos sordos, pues en su reporte, Calí detalló que el Estado tan solo tiene 632 solicitudes en curso y los estrados judiciales únicamente han emitido 24 sentencias de restitución para intentar hacer justicia a violencias de hace décadas.
¿Cómo arreglar el torbellino de vulneraciones? Calí y Niño aseguran que el abandono estatal y la falta de colectivización de los territorios son dos de los principales problemas que, de resolverse, podrían mitigar el efecto dominó de derechos vulnerados. Sin embargo, el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz también podría ser un impulso importante para que la guerra no siga tocando la puerta de los grupos indígenas, en especial a las mujeres, que sufren de violencia sexual, y a los niños, constantemente reclutados.
Para Calí, hay una recomendación que serviría para saldar un pedido de justicia con esta población: “Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para reconocer las entidades territoriales indígenas y fortalecer su autonomía”.
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