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“Hay diferentes caminos para solucionar conflictos, pero el diálogo para poner a la víctima en el centro de la conversación es la mejor ruta para mantener la convivencia”. Bajo esa consigna, Sally Michelle Figueroa, coordinadora de la casa de justicia de Santander de Quilichao (Cauca), resume lo que para ella significa la justicia restaurativa. Su testimonio se suma al de 85 funcionarios, entre los cuales se destacan conciliadores, mediadores, jueces de paz, comisarios de familia, fiscales y autoridades locales, que se graduaron de un curso especializado en esta materia, un proyecto realizado por la Fundación APG Paz y Reconciliación y que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid.
Como objetivo principal, el curso buscaba sensibilizar y formar nuevos actores del sistema de justicia local en justicia restaurativa mediante la realización de encuentros en los que se plasmara la intención de esta figura que es, a fin de cuentas, un enfoque de resolución de conflictos que busca reparar el daño causado por un delito o un conflicto, en lugar de castigar al infractor. Un total de 85 graduandos recibieron una certificación como prueba de sus aprendizajes en los municipios de Santander de Quilichao (Cauca), Tumaco (Nariño) y Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo).
De acuerdo con la Fundación APG, el evento dejó resultados positivos, teniendo en cuenta que se esperaba formar, al menos, a 50 personas en esta materia, y la graduación total representó un cumplimiento de 170% de la meta. De hecho, según las cifras, un 50% de los participantes no conocía el concepto de justicia restaurativa y un 84% no habían participado en un evento de este tipo. Para Figueroa, por ejemplo, a pesar de estar en constante contacto con la justicia, debido a su labor, “estos eventos dejan nuevos aprendizajes sobre la justicia”, le dijo a este diario.
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“La justicia restaurativa también es escuchar al otro, escuchar al ofensor para conocer su perspectiva de por qué cometió un delito o fue partícipe de un conflicto. Esto puede ayudar a esa persona también para entender cuál es el camino para reparar a las víctimas de sus acciones o malas decisiones”, precisó Figueroa, y agregó que, mediante asistencia psicológica, por ejemplo, se puede dar un punto de partida para “arrancar los problemas de raíz” para que los infractores no vuelvan a cometer los mismos errores.
Para ella, esta dinámica de reparación no es nueva. Desde su experiencia como coordinadora de casa de justicia, ha visto cómo se ha utilizado esta figura para resolver conflictos en Santander de Quilichao, principalmente a través de los conciliadores en equidad. Figueroa hace hincapié, además, en el trabajo de los profesionales en psicología que hacen parte de ese espacio en su municipio, y que son vitales al momento de aplicar el enfoque restaurativo en casos de violencia de género o violencia intrafamiliar.
Uno de los faros para hablar de justicia restaurativa, dice Figueroa, es la importancia que se le ha dado a esa figura desde la firma del Acuerdo de Paz, la cual ha venido sonando con más fuerza en los últimos meses. Prueba de ello es la apertura del macrocaso 09, el cual investiga crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos, donde se espera que el eje central sea la reparación de daños causados, según le dijo a este diario en junio pasado la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Nadiezhda Henríquez.
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Tras la finalización del curso, que contó con recursos educativos y pedagógicos tanto virtuales como presenciales, se espera que el enfoque de justicia restaurativa se pueda aplicar a los diferentes casos penales atendidos por fiscales seccionales. Sin embargo, por el momento, los funcionarios podrán aplicarla en casos policivos o problemas que puedan ser atendidos por conciliadores, como es el caso de linderos y problemas entre vecinos, por ejemplo.
Estos conflictos son recurrentes en el Valle del Guamuez, según le dijo a este diario Silvio Hormiga, presidente de la Junta de Acción Comunal de ese municipio, quien lleva dos años en el cargo y ha sido partícipe de diferentes espacios para dialogar sobre la promoción de la justicia. “Este enfoque nos sirve a nosotros, así como a los conciliadores del municipio, para ayudar a la comunidad. En los barrios, principalmente, es donde se ven estos problemas y es muy bonito poder colaborar y guiar a la gente a resolver sus conflictos, por más sencillos que parezcan”, agregó.
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Uno de los llamados que hace el líder es que se puedan ampliar estas capacitaciones para que más personas en el municipio tengan la oportunidad de profundizar los conceptos y aplicarlos en los conflictos que se presentan en el día a día. “Sería muy bueno que el proceso continúe para profundizar más los temas y lograr más conocimiento. Para nosotros como líderes es determinante seguir aprendiendo”, señaló.
Así, el reconocimiento de los daños y la reparación a las víctimas mediante la integración, se fortalece cada vez más en los municipios que están la constante búsqueda de mejorar el acceso a la justicia con enfoques alejados del castigo. Por eso, la idea que se han planteado los graduados es continuar con el trabajo para establecer acercamientos con organizaciones de la sociedad civil, con la empresa privada y las instituciones que tengan dentro de sus objetos sociales apoyar procesos de solución de conflictos a través de acciones de reparación.
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