Dos madres cabeza de hogar pagarán sus penas con justicia restaurativa en Bogotá
La vida de dos mujeres que llegaron al ecosistema carcelario en condiciones de vulnerabilidad cambiará a partir de esta semana. Con un proyecto de justicia restaurativa, las dos madres cabeza de hogar podrán saldar sus deudas con trabajos comunitarios en lugar de durar años tras las rejas de un centro penal.
Tomás Tarazona Ramírez
En vez de pasar horas muertas dentro de los pabellones de la cárcel, dos mujeres tendrán desde esta semana la oportunidad de purgar sus condenas a través de trabajos comunitarios. El Ministerio de Justicia difundió un convenio que firmó con la Universidad Externado para que estas dos mujeres, privadas de la libertad por haber incurrido en delitos menores, puedan resarcir el daño de su delito a través de labores educativas dentro de las instalaciones de la universidad.
Se trata de un convenio que ha comenzado a tomar fuerza entre el Ministerio de Justicia y otras entidades, tanto públicas como privadas, para que madres cabeza de hogar puedan cumplir sus penas con justicia restaurativa. A la fecha, hay más de 23 convenios funcionando y al menos 81 mujeres que, bajo libertad condicional y trabajos sociales, podrán volver a la sociedad.
El anuncio lo dio Diego Olarte, viceministro encargado de Política Criminal del Minjusticia y Emilssen González, la decana de la facultad de derecho del Externado. A través de un apretón de manos y la firma del convenio, pretenden dejar atrás el lente punitivo y apostarle a la reinserción de mujeres que, como han comprobado académicos, el Congreso y estudios estatales, llegaron a la cárcel en condiciones de vulnerabilidad.
“Esperamos que estas plazas habilitadas en la ciudad de Bogotá les sirvan a las mujeres beneficiarias para que puedan encontrar mayores posibilidades de reinserción social”, aseguró Olarte.
El convenio, aparte de brindar una segunda oportunidad a las dos mujeres, es una muestra de que el sector privado y en especial la academia, también puede aportar para que la noción de justicia sea transformada y deje de ser, en lugar de un espacio de castigo, en un escenario para aprender de los errores y reinsertarse a la sociedad.
Política de justicia restaurativa
En 2023, el presidente Gustavo Petro le dio la razón a este argumento. A través de la sanción presidencial de la Ley 2292, el mandatario dejó en firme una política penitenciaria que reconoce que más del XXX % de las mujeres que llegan a los pabellones de la prisión lo hacen por vivir en contextos vulnerables y, en la mayoría de los casos, se involucran en hurtos o porte de estupefacientes para suplir las necesidades de sus hijos menores de edad o de personas de la tercera edad.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana, hay un abismo completo cuando se hace un contraste entre los hombres y las mujeres que llegan a las cárceles. En su investigación, la institución educativa halló que el 75 % de las mujeres que son privadas de la libertad son madres cabeza de hogar a diferencia del 4 % que comprenden los hombres.
Además, las repercusiones sociales, familiares y psicológicas son distintas para ambos géneros. “Lo que más le duele a una mujer, en todas las entrevistas que hicimos, es el tema de sus hijos. Es decir, la salud mental de una mujer en la cárcel es directamente afectada por cómo se desarrolle la relación con sus hijos que, dadas las circunstancias, necesariamente cambian”, explica Leonardo Rodríguez Cely, investigador de la Javeriana.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
En vez de pasar horas muertas dentro de los pabellones de la cárcel, dos mujeres tendrán desde esta semana la oportunidad de purgar sus condenas a través de trabajos comunitarios. El Ministerio de Justicia difundió un convenio que firmó con la Universidad Externado para que estas dos mujeres, privadas de la libertad por haber incurrido en delitos menores, puedan resarcir el daño de su delito a través de labores educativas dentro de las instalaciones de la universidad.
Se trata de un convenio que ha comenzado a tomar fuerza entre el Ministerio de Justicia y otras entidades, tanto públicas como privadas, para que madres cabeza de hogar puedan cumplir sus penas con justicia restaurativa. A la fecha, hay más de 23 convenios funcionando y al menos 81 mujeres que, bajo libertad condicional y trabajos sociales, podrán volver a la sociedad.
El anuncio lo dio Diego Olarte, viceministro encargado de Política Criminal del Minjusticia y Emilssen González, la decana de la facultad de derecho del Externado. A través de un apretón de manos y la firma del convenio, pretenden dejar atrás el lente punitivo y apostarle a la reinserción de mujeres que, como han comprobado académicos, el Congreso y estudios estatales, llegaron a la cárcel en condiciones de vulnerabilidad.
“Esperamos que estas plazas habilitadas en la ciudad de Bogotá les sirvan a las mujeres beneficiarias para que puedan encontrar mayores posibilidades de reinserción social”, aseguró Olarte.
El convenio, aparte de brindar una segunda oportunidad a las dos mujeres, es una muestra de que el sector privado y en especial la academia, también puede aportar para que la noción de justicia sea transformada y deje de ser, en lugar de un espacio de castigo, en un escenario para aprender de los errores y reinsertarse a la sociedad.
Política de justicia restaurativa
En 2023, el presidente Gustavo Petro le dio la razón a este argumento. A través de la sanción presidencial de la Ley 2292, el mandatario dejó en firme una política penitenciaria que reconoce que más del XXX % de las mujeres que llegan a los pabellones de la prisión lo hacen por vivir en contextos vulnerables y, en la mayoría de los casos, se involucran en hurtos o porte de estupefacientes para suplir las necesidades de sus hijos menores de edad o de personas de la tercera edad.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana, hay un abismo completo cuando se hace un contraste entre los hombres y las mujeres que llegan a las cárceles. En su investigación, la institución educativa halló que el 75 % de las mujeres que son privadas de la libertad son madres cabeza de hogar a diferencia del 4 % que comprenden los hombres.
Además, las repercusiones sociales, familiares y psicológicas son distintas para ambos géneros. “Lo que más le duele a una mujer, en todas las entrevistas que hicimos, es el tema de sus hijos. Es decir, la salud mental de una mujer en la cárcel es directamente afectada por cómo se desarrolle la relación con sus hijos que, dadas las circunstancias, necesariamente cambian”, explica Leonardo Rodríguez Cely, investigador de la Javeriana.
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