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El acceso a la justicia colombiana es difícil. Magistrados, jueces y estudios académicos han señalado que mientras pasan los años y crece la población, dentro de los despachos y tribunales, los procesos no avanzan de la misma forma. El Consejo Superior de la Judicatura concluyó que, mientras la demanda de justicia ha crecido en un 145,5 % en los últimos 25 años, la oferta de la Rama Judicial solo ha tenido un aumento de 41,5 %. Tal es así que, en promedio, hay 374 procesos en cada despacho judicial donde, en muchas ocasiones, solo hay tres o cuatro funcionarios.
Pero 2023 fue un año donde se le apostó a que los conflictos pequeños puedan solucionarse con el diálogo, de una forma más rápida y sin necesidad de jueces o abogados. El Espectador conoció durante todo el año casos en que el Ministerio de Justicia, la Rama Judicial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) le apostaron a las otras formas existentes, alternativas y con menos trámites, para solucionar problemas.
“Acceder a la justicia es complejo y es un tema histórico. Cuando por fin se tiene acceso a la justicia, a veces después de dos, tres o cuatro años, hay tanto volumen de casos y procesos que la justicia llega, pero tardíamente. Nuestro compromiso desde el Ministerio es cambiar esto: dar acceso a la justicia desde otras alternativas como son los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC)”, explica al respecto Andrés Peña, el director de la sección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Minjusticia.
Con métodos alternativos, el director hace referencia a los mecanismos más conocidos y utilizados en el país para resolver situaciones problemáticas. Se trata de la mediación y conciliación, las cuales son entendidas como dos formas especiales para ponerle fin, y de manera pacífica, a un problema sin tener que acudir a un proceso judicial ordinario. Es decir, en vez de recurrir a jueces, magistrados o abogados, quienes solucionan los problemas; son personas de las mismas comunidades quienes aplican si tienen formación o experiencia para ayudar a darle fin a los problemas en sus propios territorios.
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En cuanto a este método, su aplicación se da de dos formas: en equidad y en derecho, y se realizan antes, durante o por fuera de un proceso judicial. La conciliación en equidad, por su parte, es ejercida de forma voluntaria por ciudadanos comunes, es gratuita y se basa en costumbres locales para llegar a acuerdos. Solo durante los últimos siete años, se han presentado casi un millón de solicitudes para resolver disputas de tierras, contratos, trabajo o familia. Según los datos del Ministerio de Justicia, más del 50 % de estos conflictos han logrado resolverse.
Osvaldo Valdés, por ejemplo, lleva conciliando en San Isidro (Bolívar) durante 12 años. En su tarea de solucionar conflictos de la comunidad, Valdés ha logrado poner punto final a 43 disputas de tierras, dineros u obligaciones contractuales. Aunque su trabajo no tiene remuneración económica, Valdés se ha mantenido firme en su tarea de buscar paz y justicia en su comunidad a través del diálogo y los acuerdos.
Por otro lado, la conciliación en derecho se lleva a cabo en centros especializados con la participación de autoridades como notarios y jueces. En este caso, quien se encarga del proceso es una persona neutral que busca escuchar y apoyar sin intervenir parcialmente en la negociación de una controversia. Para Emilio Tordecilla, pastor y conciliador de equidad en Puerto Libertador, al sur de Córdoba, la escucha activa y la comunicación asertiva, además del deseo por resolver esos conflictos y mejorar la convivencia, son algunas de las habilidades que un conciliador debe tener.
Deudas, linderos de fincas, arrendamientos y, sobre todo, violencia intrafamiliar en llas primeras etapas, son los conflictos más comunes, según cuentan los conciliadores de este municipio cordobés. Sin embargo, Peña le aseguró a El Espectador que hay más temas que entran en el universo de solucionar problemas entre civiles.
“¿Qué se puede conciliar? Temas de arriendos, como, por ejemplo, en pandemia, que la gente perdió sus trabajos y se atrasó con los cánones de arrendamiento con sus arrendadores. Temas de tránsito: accidentes donde no haya lesión grave ni heridos, que sean choques simples. Temas de linderos que se dan en la ruralidad. Cuando dicen que ‘usted me corrió la cerca, usted está usurpando los frutos de mi árbol’, esos son temas coloquiales que al parecer son muy comunes pero que si se siguen escalando pueden generar violencias, agresiones físicas y mayor conflictividad en un territorio. Si ese proceso pequeño de lindero se arregla a través de una conciliación es perfectamente válido. Los temas más sencillos como alimentos, si no hay un proceso avanzado en lo penal, e incluso con adultos mayores, se puede”, asegura Peña.
Al respecto, los datos de MinJusticia aseguran que casi 700.000 problemas han sido solucionados a través de la figura de conciliación. Aunque Peña explicó que un proceso puede demorar entre dos y cuatro años en despachos judiciales, el 88 % de quienes recurrieron a la conciliación en derecho obtuvieron justicia en menos de un año después de haber presentado su caso.
Diálogo en medio de la guerra
Utilizar estas formas de justicia no solo descongestiona la Rama Judicial, permite también abrir un nuevo camino para esas poblaciones donde durante años, e incluso décadas, quienes imparten las decisiones son los grupos armados.
“De los grupos ilegales, como ya saben que existe la figura de conciliadores en equidad, ellos mismos cuando ven un conflicto le dicen a la gente: ‘vayan a donde ellos’”. Lo dice, con conocimiento de causa, Julio Cesar Salgado, conciliador en equidad de Puerto Libertador (Córdoba), un municipio cercado por grupos armados como el Clan del Golfo y los Caparros.
”En el departamento del Chocó, el municipio de Nóvita es el que más conciliadores tiene. Somos aproximadamente 42, de los cuales siete pertenecen a las zonas rurales”, señala Ramón Olave, conciliador de Novita, Chocó. El voluntario asegura que en su departamento, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado al menos 125 paros armados, y por eso, considera que la solución está a través del diálogo y la conciliación. En la Red de Conciliadores en Equidad del Bajo Cauca, a la cual pertenece Olave, tiene presencia en Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza. Su función es dirimir y mediar en conflictos rurales, para evitar que lleguen a una instancia judicial.
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Y es que la mayoría de estos temas son a través de un tercero imparcial. Es decir una persona dura que conozca las formas de solucionar conflictos y sus decisiones sean respetadas por las comunidades. Aquí, la conciliación “cierra un poquito las brechas del acceso a la justicia en los conflictos en la zona rural, que son muy complicados”, dice Andri Salgado, también conciliador en equidad de Puerto Libertador (Córdoba).
En 2015, cuando Salgado comenzó a ejercer como conciliador, recuerda que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Justicia propiciaron la formación de figuras como él en el territorio para dar una solución alternativa a los problemas que se presentan entre los habitantes del municipio. Actualmente, con este programa han priorizado los departamentos de Chocó, Urabá y la subregión del Bajo Cauca Antioqueño (Norte); Cauca, Putumayo, Nariño (Sur); el sur de Córdoba y la región de los Montes de María (Bolívar) y Sucre en la sabana costera.
Tal y como él lo explica, es una ventaja para los habitantes el hecho de poder acceder de forma gratuita a este mecanismo, evitando que escalen las situaciones al sistema judicial que suele ser tan saturado. Son soluciones paralelas al conflicto armado que se da en esta zona del sur de Córdoba y construyen también una alternativa, como dice Salgado, a la búsqueda de paz. Eliminando brechas de acceso a la justicia a través de la legalidad, el diálogo, y no de quienes tienen el control territorial ilegalmente.
De forma significativa, este conciliador recuerda cómo ayudó a resolver un conflicto intrafamiliar junto con un colega del pueblo. Se trataba de dos hermanos que son vecinos, pero las parejas de cada uno se agredían hasta que la situación escaló a la comunidad, toda la vereda se vio inmersa. Ya habían dado trámite para tratar de tener soluciones, incluso a través de la Policía, pero no fue sino hasta que los conciliadores gestionaron audiencias y diálogos con los habitantes de la zona, que lograron solventar los problemas y evitaron una gran agresión física. “Allí, había temor de un daño fuerte. Pero luego de cuatro sesiones se logró un acuerdo. Cuando la comunidad concilió, celebraron entre todos”, recuerda Salgado.
Cuando conciliar es la solución
Para Emilio Tordecilla, el conciliador de Puerto Libertador, su trabajo ha tenido éxito en la resolución de problemas. “Ha sido una oportunidad maravillosa para nuestro municipio, porque eso también ha permitido que la gente tenga acceso a la justicia”, cuenta. “Por medio de nosotros la gente confía, ya que somos personas cercanas a la comunidad y los enrutamos. Es decir, no solamente solucionamos un conflicto, cuando es algo que no es nuestra competencia le mostramos el camino, si tienen que ir a Comisaría, a Fiscalía o Defensoría, nosotros le mostramos la ruta”, agrega. De esta manera, su rol ha permitido disminuir brechas para el acceso a la justicia.
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Pero la apuesta no está dirigida únicamente a solucionar problemas entre adultos y mayores de edad. Desde el Ministerio y USAID también se han centrado en formar jóvenes y para que desde la adolescencia tengan herramientas para solucionar problemas. En Montes de María, que se ha convertido en epicentro de violencia en el último lustro, son varios los colegios que le apuntan a formar mediadores escolares: estudiantes que a través del diálogo buscan resolver disputas.
El proyecto, organizado por la Arquidiócesis de Cartagena, ha logrado graduar a un centenar de adolescentes en esos municipios de Montes de María donde la violencia, los grupos armados y el poco acceso a justicia son frecuentes. El objetivo es graduar, en los próximos seis meses, a 400 jóvenes de varias entidades educativas, en municipios como Ovejas, San Onofre o Palmitos.
“Desde las primeras edades y primeros años de colegio intentamos que los jóvenes se vuelvan conciliadores escolares y hemos formado más de 428 mediadores escolares en el país. Son ellos, los mismos alumnos, quienes son el tercero imparcial y empiezan a resolver pequeños problemas dentro de las aulas. De esta forma creemos que gana el país a partir de desescalar conflictividades, resolverlas de forma rápida y oportuna y evitar que el sistema judicial se congestione. Estamos generando una cultura de diálogo al aplicar y acudir a la resolución de conflictos”, dice el director Peña.
En diciembre de 2023, por ejemplo, se realizó un evento, encabezado por Minjusticia, el cual fue la fase de premiación de una convocatoria llamada ‘Mediación en mi Escuela’, la cual busca resaltar las buenas prácticas que diferentes instituciones han implementado para apoyar y fomentar la mediación escolar como un mecanismo de resolución pacífica de problemas.
Tanto para USAID, como para el Ministerio y quienes se encargan de que el diálogo se convierta en norma en Colombia, la conclusión es una: sí puede haber una solución rápida y pacífica a los problemas.
“No todo tiene que ser ir al juez, ni todo puede ser justicia a mano propia. No puede ser que acudamos a la violencia como forma de resolver conflictos. Tenemos un gran abanico de posibilidades que crea un reto, como país, no como Ministerio, para que podamos ayudar a resolver conflictividades y crear una cultura de paz”, concluye Peña.
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